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miércoles, 31 de marzo de 2010

LA MUERTE DEL CASCO URBANO PONCEÑO



Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

 Por décadas nuestros cascos urbanos han agonizando con inmenso dolor social y económico.  Salvo esfuerzos espectaculares en algunos municipios como Ponce con el plan Ponce en Marcha y la Ley 212, que siempre han estado asolados y en precario, el resto de los municipios han visto languidecer sin esperanzas lo que fue en un tiempo comunidades vibrantes y que fueron la espina dorsal de la economía municipal. 

Todos conocemos que a pesar de la importancia del Plan Ponce en Marcha para la revitalización de la ciudad, lamentablemente estuvo totalmente paralizado y en litigio desde el 1993 al 2000, y en los pasados 10 años, luego de una sentencia clara del Tribunal Supremo, se ha estado luchando para completar la mitad de las obras que estaban pendientes contra un gobierno central facineroso y en desacato.

A pesar de sus virtudes, la ley 212 siempre tuvo la oposición ilegal del Departamento de Hacienda en concierto y común acuerdo con los gobernadores de turno; y finalmente, la malsana Ley 7 de 2009 de la administración Fortuño la mutiló y dejó desangrar, con el resultado funesto de malograr más de 200 millones de dólares de inversión privada en el casco urbano de Ponce. Ahora, el centro de la ciudad de Ponce está lleno de letreros sucios y perdiendo su lustre original, ante edificios en ruinas o a medio construir, que anuncian otro proyecto imposible bajo los auspicios de la Ley 212. Descanse en paz Ley 212.

Estos dos eventos por sí solos han puesto en entredicho la viabilidad económica de nuestro centro urbano que se encuentra con decenas de locales vacíos, perdiendo población, con los negocios restantes languideciendo, suciedad, criminalidad, drogas y deambulancia en total desesperanza.

El deterioro de los centros urbanos tiene muchas razones o causas.  La mala planificación y el desparramamiento urbano permitido o fomentado colateralmente por decisiones de las agencias reguladoras del territorio, han ocasionado que se busquen terrenos más baratos, se construya de manera horizontal, utilizando grandes extensiones de terreno de la manera menos eficiente e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en infraestructura adicional que ya existía en los centros municipales. Eso ha dado a paso a la creación de los famosos suburbios y de los pueblos o comunidades dormitorios, donde la gente vive a las afueras de la ciudad, pero tiene que regresar al área urbana todos los días para su trabajo y actividades diarias. 

Todo esto ocasionó una fuga de población de los centros urbanos que deterioró la inversión y el gasto en los comercios del centro urbano lo que dio paso al cierre y quiebra de cientos de pequeños negocios. Con la desaparición de una vida comercial fuerte, se dio paso al abandono, deterioro y concentración de males sociales y urbanos.

Por otro lado, el establecimiento de enormes centros comerciales puso una presión competitiva extraordinaria en el comercio tradicional de los centros históricos que hizo desaparecer prácticamente todas las grandes y famosas tiendas que quedaban, dejando únicamente tiendas en economía de subsistencia.

Se creó entonces un sombrío círculo vicioso. No hay comercio porque se perdió la población-no hay población porque se perdió el comercio.

Por eso la vital importancia de los planes de acción extraordinarios como Ponce en Marcha y la Ley 212. Las iniciativas de rehabilitación de los cascos urbanos son vitales para la calidad de vida.  Entre las iniciativas están obviamente la rehabilitación de la infraestructura de energía eléctrica, comunicaciones, agua, calles, vivienda y de edificios que pueden albergar diferentes actividades que generen tráfico humano que comprará y hará su vida diaria en el centro de la ciudad.

Pero todo plan de revitalización debe estar enmarcado en un proyecto de Ciudad. Es decir, cuáles son las fortalezas de Ponce que vamos a promover a nivel global. Esta presencia humana y comercial fomentará la preservación del patrimonio arquitectónico, el desarrollo de las artes y el turismo, y la difusión de nuevas ideas para el mejoramiento de la vida en sociedad.

Lo más importante que ha ocurrido recientemente a los fines de que el casco histórico de Ponce comience a tomar vida es el establecimiento de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.  No es el mero hecho de que se esté ubicando la Escuela de Arquitectura que puede albergar entre 300 a 400 personas en su momento de mayor volumen, sino la oportunidad y visión de que pueda ser la primera piedra para establecer otras actividades afines que traigan mucho más público y estudiantes que vivan en el casco histórico, dando paso a demanda por bienes y servicios que se satisfarán con una nueva generación de empresarios urbanos.

Pero para colmo de males y nadando contra la corriente de desarrollo urbano racional, recientemente se anunció por la alcaldesa y se aprobó por la Legislatura Municipal la construcción de un centro gubernamental municipal lejos del centro de la ciudad.  Pero aún, va estar ubicado en fincas de Vallas Torres que tienen el potencial de ubicar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto de las Américas que dedicadas a su uso programado, generarán grandes cantidades de empleos.

Se intenta justificar este entuerto con que el municipio paga muchas rentas de edificios que están desperdigados por la ciudad. Es decir, que muchos arrendadores se benefician de estos contratos lo que distribuye en una base amplia los gastos municipales apoyando una economía diversa. Se van a desvestir muchos santos para vestir a uno solo cuyos intereses no coinciden con los nuestros, pues se trata de inversionistas de San Juan que se van a enriquecer a costas de las arcas municipales. Por ende, la justificación principal es otra entrega de nuestros activos, derechos y prerrogativas a personas y entidades que no son de Ponce.

Además, esta acción presenta dudas sobre su legalidad al considerar lo dispuesto por la Ley 212 que ordena la inversión estatal en los centros urbanos y lo dispuesto por el Plan Territorial de Ponce, que es Ley que el Municipio debe respetar. ¿Por qué se anuncia y se aprueba esto tan atropelladamente, sin discusión, vistas públicas, análisis, trasparencia, y sin solicitar propuestas a otros licitadores que ofrezcan alternativas racionales y más económicas? Aterra el mero atisbo de la idea de que se esté volviendo a los tiempos de los gobiernos municipales de los años 70 del siglo pasado.

La construcción de este centro gubernamental municipal va tener un efecto devastador en el volumen del tráfico de personas que viven y consumen en el centro de Ponce y será una estocada de muerte a la imperiosa necesidad de darle vida a nuestro casco histórico Ponceño.

No entiendo ninguna de las justificaciones que están detrás del proyecto de establecer este centro gubernamental municipal fuera del centro urbano.  Pero las consecuencias sí las tengo claras.  Menos gente significa más suciedad, problemas económicos, sociales, deambulancia, junto a edificios y locales abandonados o en franco deterioro.

Si la alcaldesa de Ponce quiere una gran oficina en un piso alto con un enorme ventanal para apreciar nuestra hermosa ciudad, esa vanidad es tolerable, pero que haga el edificio donde corresponde; en el casco histórico de Ponce.

Lo que no podemos tolerar es la destrucción de los sueños de cientos de comerciantes y empresarios del centro histórico de Ponce que desaparecerán con la insensatez de unos políticos de paso.


Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

jueves, 25 de marzo de 2010

EL DISEÑO DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS: UN NUEVO NIVEL DE INCERTIDUMBRE


Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

El Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago ha estado en desarrollo durante diez años. Al principio se desató una controversia con ribetes político partidistas sobre dónde debía ubicarse. El gobernador Rosselló insistía en ubicarlo en Guayanilla, para no ceder ni un ápice al fenecido Rafael Cordero Santiago. Finalmente, el Puerto se ubicó en Ponce, por obra y mandato de las agencias reguladoras del ambiente de los Estados Unidos.

Los permisos del Puerto de las Américas tomaron cuatro años en obtenerse, desde el año 2000 al 2004. Estos permisos también fueron objeto de mucha controversia, porque se propuso a las agencias de Estados Unidos el construir el Puerto extendiendo los muelles en dirección al mar. Es decir, mediante muelles en forma de espigón partiendo de la infraestructura actual. Sin embargo, los norteamericanos entendieron que esto no era posible porque afectaba el hábitat del manatí. Por eso se decidió diseñar las fases 3 B y 4 del Puerto excavando unos canales que dieran cabida a dos buques post panamax. Estas fases se calculan en un costo de alrededor de 750 millones.

El diseño de excavación de las fases 3 B y 4 del Puerto tiene tres desventajas. Primero, es más costoso que extender los muelles actuales hacia el mar; segundo, podría presentar riesgos a la navegación por la estrechez del canal, y; tercero, elimina el uso de decenas de cuerdas de terreno que podrían servir para zonas de valor añadido.

La construcción de las fases 1 y 2 que completan los muelles 4, 5 y 6 con cabida en conjunto para un buque post panamax, el dragado y el primer estacionamiento para contenedores de 250 TEU's, se terminaron en el año 2009. Luego de cuatro años de diseño y permisos, tomó cinco años adicionales tener la infraestructura mínima de un puerto de transbordo.

Ya se cuenta con los planos y los permisos de la fase 3 B que contempla la excavación del primer canal de 1600 pies para permitir el atraque de un buque post panamax, y que se calcula en un coste de 480 millones. Este diseño y obtención de permisos ha tenido un costo considerable en tiempo, personal, estudios, honorarios profesionales, etc. El diseño de esta fase 3 B se hace bajo la premisa histórica y económica de que los Puertos no dejan de crecer, y por tanto, es necesario diseñar y construir en anticipación a los estimados de demanda. Si no se toman estas precauciones, puede ocurrir que la demanda crezca y el Puerto alcance unos niveles de saturación que lo conviertan en uno ineficiente y que pierda la competitividad necesaria.

El diseño y permisos de la fase 3 B nos posicionan con una ventaja estratégica porque el Puerto está listo para continuar su expansión de infraestructura para ajustarse a una demanda de rápido crecimiento provocada por el establecimiento de algún centro de distribución de importancia de productos europeos o asiáticos. El diseño y permisos de la fase 3 B constituye una inversión importantísima que garantiza que el Puerto mantendrá su competitividad y que podrá manejar los volúmenes que fomenten un clima de inversión en zonas de valor añadido en toda la Región Sur.

El gobierno de Fortuño ha dicho que no va a invertir dinero adicional en el Puerto de las Américas. Ya hemos explicado que esas expresiones son desafortunadas y demuestran desconocimiento de la importancia estratégica de este proyecto. Por ende, el futuro del crecimiento del Puerto bajo esta administración dependerá de la precaria inversión privada que tomará en cuenta la rentabilidad a corto y mediano plazo del proyecto para determinar los niveles de inversión. Esto ocasionará el gran dilema e incertidumbre de que no invierto porque tengo dudas del crecimiento y por ende, no creceré porque no voy a invertir. El gobierno nunca debió decir que abandonaba la inversión en el Puerto, pues esto afecta la confianza de la empresa privada en el apoyo gubernamental al proyecto. A fin de cuentas la infraestructura portuaria es estratégica y siempre gubernamental, por ende, esa inversión beneficia siempre a todo el Pueblo de Puerto Rico.

Ahora se está creando otro nuevo nivel de incertidumbre. Las autoridades del Puerto de las Américas están considerando seriamente el cambio del diseño de las fases 3 B y 4. Es decir, piensan descarta todo la inversión en planos y permisos para comenzar en cero a diseñar los muelles hacia el mar en forma de espigones o partiendo de mejoras geométricas a los existentes. Este aventura va a costar una fortuna en honorarios profesionales y tomará varios años en completar el diseño y los permisos.  Si esto se hace, el Puerto no tendrá oferta de crecimiento en la infraestructura para los mercados marítimos que entrarán en una fase de expansión en dos o tres años.

Los cambios que están explorando las autoridades del Puerto se fundamentan en nuevos reglamentos ambientales, en costos menores y ventajas de logística que son importantes. Sin embargo, existen muchas preguntas que merecen contestación. los permisos originales tomaron cuatro años y la construcción de las instalaciones mínimas cinco años. ¿Cuánto tiempo y dinero tomará el nuevo diseño y proceso de permisos? ¿Cuándo podrá comenzar una construcción de esa naturaleza? ¿Se creará un desfase o incongruencia entre los niveles de demanda y las necesidades de crecimiento de la infraestructura para mantener la competitividad? ¿Cómo afectará la operación del Puerto la construcción de unos nuevos muelles justo a la entrada del área de trabajo de los muelles 4, 5 y 6?

Es probable que la oportunidad histórica de diseñar unos muelles más económicos y de mayor logística se haya perdido por razón de la reglamentación federal en Puerto Rico. Empezar en cero para diseñar un nuevo Puerto puede ser una aventura muy riesgosa. Probablemente será necesario continuar con el plan previsto y aprobado, para no afectar más la precaria situación del desarrollo del Puerto de las Américas.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

viernes, 19 de marzo de 2010

EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MUNICIPIO DE PONCE Y LA APA NO DEBE RENOVARSE


Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

La semana pasada expresamos que ante la inacción y ausencia de logros durante los pasados 14 meses en la Autoridad del Puerto de Las Américas (APA), es indispensable que el Municipio de Ponce ceda las instalaciones del puerto a DISUR.  El que se ceda el puerto a DISUR garantiza que seamos los sureños lo que determinemos el futuro de nuestro desarrollo socioeconómico. 

El planteamiento ha recibido numerosas expresiones de apoyo.  Nadie se ha expresado públicamente y directamente en contra.  El único asunto que se ha mencionado es que el memorando de entendimiento suscrito entre el Municipio Autónomo de Ponce y la APA establece una obligación jurídica de traspasar las instalaciones portuarias a la APA una vez se contrate al operador. Este documento de intención vence el 30 de junio de 2010.

La obligación jurídica de traspasar las instalaciones del puerto a la APA parte de la premisa esencial de que se contrate un operador para manejar el puerto antes del 30 de junio de 2010. Luego del 30 de junio sin que se concrete un acuerdo con un operador, el Municipio de Ponce queda libre para llegar a un acuerdo directamente con otra entidad, con la única condición de que si lo hace en los próximos cinco años, tiene que pagar la inversión del gobierno central en el Puerto. Esto no representa problema ya que el modelo económico del Puerto parte de la premisa de esa capacidad de repago.

El grado de sigilo y ausencia de transparencia con que la APA ha manejado la supuesta negociación con un candidato a operador de Corea del Sur, crea gran incertidumbre sobre si se podrá materializar el contrato de operación antes del 30 de junio.  Por otro lado, las condiciones que negocie la APA con este candidato a operador tienen que ser aprobadas por la Junta del Puerto y por la Legislatura del Municipio Autónomo de Ponce.  Por ende, aunque se llegue a un acuerdo tentativo con el operador, hasta que no lo apruebe el Municipio, no existirá base para traspasar las instalaciones del Puerto.

El memorando de entendimiento entre el Municipio Autónomo de Ponce y la APA ha sido renovado en nueve ocasiones.  La última ocasión lo renovó la Honorable Dra. María Meléndez Altieri bajo la premisa específica de que se estaba negociando con UCW América.  UCW América fue eliminada del panorama sin explicaciones de la APA.

En pasadas ocasiones hemos expresado que es urgente que el Puerto comience operaciones mediante un contrato con un operador de calibre internacional, pero Ponce y la Región Sur no pueden esperar indefinidamente porque se contrate al operador.  Hace más de 14 meses que la APA está lidiando con el asunto del operador.  Nos parece que ha tenido tiempo suficiente.

Toda esta dilación tiene paralizado el desarrollo socioeconómico de nuestra Región. Decenas de empresas están esperando por el comienzo de las operaciones del Puerto para hacer cuantiosas inversiones.  Por tanto, ante estas circunstancias, no es posible esperar más. 

La fecha límite para que se cierre el contrato con el operador es el 30 de junio de 2010.  Expirado este término, el Municipio Autónomo de Ponce no debe renovar el memorando de entendimiento.

Si el memorando de entendimiento no se renueva porque la APA no pudo concluir el proceso de negociación con el operador antes del 30 de junio de 2010, El Municipio de Ponce debe suscribir un memorando de entendimiento con DISUR para que se proceda rápidamente a la negociación con otros candidatos disponibles que puedan tener la capacidad y la disposición de operar el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 10 de marzo de 2010

El Puerto de Ponce debe transferirse a DISUR


Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Como señalamos en una columna previa, el 2009 fue el año perdido del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago. En una publicación de la propia Autoridad del Puerto de las Américas (APA),  llena de colores y de palabras entusiastas, se menciona que los únicos logros en el año 2009 fueron:

1.   Avance en las negociaciones con las entidades interesadas en invertir en el Puerto.

2.   Reactivar la adquisición de las grúas Super Post Panamax.

3.   Petición de 70 millones en fondos federales “Tiger”.

4.   Finalizar el proceso de dragado.

5.   Completar las instalaciones de estacionamiento para el manejo de 250 mil contenedores al año.

Los abogados tienen un dicho muy valioso: “admisión de parte relevo de prueba”. De todas estas gestiones, la única que no estaba programada y en proceso desde el año 2008 es la petición de fondos “Tiger”. Ya se publicó en este periódico que la solicitud de fondos se hundió. Esta petitoria estaba abocada a la ruina porque no contaba con planos ni permisos. ¿Cómo se va a adjudicar un dinero a una obra que no se conoce si se puede realizar correctamente y legalmente? Lo que no dice la APA es que este gazapo costó una fortuna en fondos públicos.

El que transcurrieran 14 meses sin que se haya avanzado ni un ápice tiene una explicación concreta. La Autoridad del Puerto de las Américas perdió su razón de ser y se encuentra a la deriva por la falta de liderato y el sectarismo político partidista.

Los primeros ocho meses del año 2009 se invirtieron en una lucha intrapartido entre el Municipio de Ponce y el gobierno central representado por el Sr. José Pérez Riera, Secretario de Desarrollo Económico, quien preside la Junta de la APA. La disputa se circunscribía a quién debía tener el control de la Autoridad. Este control se manifiesta en los nombramientos de los miembros con voz y voto de la Junta y la dirección ejecutiva.

Esta lucha la perdió Ponce y el Sur de Puerto Rico, porque las autoridades del Municipio negociaron las plazas de la Junta por el cargo de la directora ejecutiva, y ya es evidente y está en la voz del pueblo, que salvo honrosas excepciones, los componentes de la APA y su dirección ejecutiva responden exclusivamente a los intereses de Pérez Riera.

Esta lucha ocasionó que la APA estuviera ocho meses paralizada para luego entrar en un periodo de aprendizaje que lamentablemente no ha terminado, y que ni tan siquiera ha materializado el plan de trabajo concreto que requiere la Ley.

Todo esto ocurrió ante los ojos atónitos de las fuerzas activas sureñas que estuvieron denunciando estos eventos y ofreciendo públicamente ayuda al Municipio en la lucha por normalizar y equilibrar el balance de poder en la Junta de la APA. Se llegó al avance de aprobar en el Senado de Puerto Rico un proyecto de ley para que los nombramientos del interés público en la Junta fueran personas residentes bonafide del territorio definido por DISUR.

La Alcaldesa de Ponce rechazó este proyecto de Ley y no fue aprobado en la Cámara de Representantes. Desafortunadamente, el sectarismo y la política de exclusión imperante hizo que estos reclamos fueran ignorados y ahora todos estamos pagando las consecuencias.

Todo este problema se reduce a una raíz principal: Los intereses del gobierno central en torno al Puerto de las Américas no coinciden con los de la Región Sur. Mientras exista esta lucha, el Puerto navegará sin rumbo y como es previsible, la imposición del gobierno central sobre lo que debe ser el Puerto destruirá nuestros sueños de desarrollo económico.

Venturosamente, existe una solución rápida, viable legalmente y extraordinariamente productiva para la Región Sur: El Municipio Autónomo de Ponce debe desistir de transferir sus instalaciones físicas a la Autoridad del Puerto de las Américas y debe delegarlas a DISUR. El concurso de los 15 alcaldes, la academia, el sector privado con y sin fines de lucro, junto a las comunidades, permitirá decisiones democráticas sobre lo que más conviene al Sur, y se podrá desarrollar el Puerto sin interferencia de intereses ajenos a nuestro porvenir.

Esta solución es rápida porque sólo requiere la firma de la Alcaldesa de un memorando de entendimiento con DISUR y la acción de la Legislatura Municipal para autorizar el traspaso.

Esta solución es viable legalmente porque el dueño del Puerto es el Municipio Autónomo de Ponce y lo único que hay que negociar es el pago de la deuda de la inversión que hizo la APA en el proyecto.

Esta solución es extraordinariamente productiva para el Sur porque permitirá que DISUR negocie rápidamente y a tono con nuestros intereses, la operación del Puerto con entidades comprometidas y con el poder para hacerlo bien, y que fueron marginadas arbitrariamente por Pérez Riera.

La Autoridad del Puerto de las Américas ya no responde a los intereses de nuestra Región. El Municipio Autónomo de Ponce sabe que esta afirmación es una realidad porque ha sufrido en carne propia muchos atropellos.

El Puerto de Ponce no debe pasar a la APA y debe trasferirse a DISUR para que sean los Sureños los dueños de su destino.

 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

jueves, 4 de marzo de 2010

SENTIDO REGIONAL



Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Cuando los Sureños regresamos de San Juan y pasamos el monumento del Jíbaro en la autopista #52, nos aproximamos entonces a una pronunciada curva bordeando la montaña que protege como gran centinela la entrada más importante al Sur de nuestra Nación.

En este momento se despliegan ante nuestros ojos las faldas de la cordillera que derrama sus pliegues ambarinos en el verdemar de las llanuras y costas del País del Sur. Esta deslumbrante perspectiva panorámica nos anuncia que hemos llegamos a nuestro lugar, a donde pertenecemos. Esta proclama de que al fin hemos llegado, se siente sin importar si somos de Patillas o de Guánica.

Encontrarse con el Sur, no es un mero evento racional de orientación de espacio y tiempo. Es por eso que si está lloviendo antes de la gran curva, deja de llover y nos recibe el gran sol caribeño. También por eso se siente que finalmente el aire llena nuestro pecho.

En mi caso, es tan gratificante ese asomo al Sur de nuestro País, que cualquier llamada telefónica que mantengo mientra recorro la gran cuesta cede y muere ante la belleza de nuestra costa, como si una gran fuerza exigiera absoluto esmero para esa extraordinaria visión.

Llegar al Sur es un evento emocional que confirma que existe un gran sentido de identidad o pertenencia con una Región que no cede a las arbitrariedades de la división artificial en territorios municipales.

En ese portal debiera existir, como blasón  regional, un gran rótulo que diga:

SUR

Esta sensación de identidad o pertenencia con el Sur no es una casualidad o mera sensiblería artificial o romántica. Todo lo contario, es una realidad de que como seres humanos condicionados por nuestro instinto de conservación y vinculados estrechamente a un territorio que nos sustenta, entendemos a niveles viscerales y evolutivos que sin el espacio del Sur, no es posible nuestra subsistencia. Esta realidad ha sido confirmada por estudiosos que han determinado que nuestro Sur tiene todos los elementos de sustentabilidad para erigirse como una gran región autónoma y con identidad competitiva.

La Región Sur cuenta con más de medio millón de habitantes, tiene un extraordinario litoral costero, las mejores llanuras agrícolas y acuíferos, montañas y bosques de todo tipo, buen clima, extraordinaria diversidad ecológica que es atractiva para cualquier visitante del planeta y una infraestructura de primera de energía, carreteras, aeropuertos, puertos y telecomunicaciones.

No es casualidad la fundación y desarrollo de DISUR. Es el convencimiento de que en la organización regional podremos establecer las bases para lograr competitividad a nivel global. Tampoco es azar el que la Junta de Planificación entienda que la mejor manera de definir y enfocar el Sur es mediante la definición adoptada por consenso en DISUR. Es decir, nuestra Región está compuesta irreductiblemente por los municipios desde Guánica a Patillas por la costa, y en la montaña por Adjuntas, Jayuya, Villalba y Coamo.

La organización regional es la respuesta apropiada al derrumbe de las fronteras nacionales y la globalización. Vivimos tiempos de unión, de estrechar lazos y de establecer acuerdos entre los diversos señoríos municipales cuya separación histórica nos ha debilitado para total conveniencia de los poderes dominantes. La parcela municipal es una reminiscencia feudal que nos divide y ata al subdesarrollo. Es la manifestación emblemática de la máxima militar y política "Divide y Vencerás". A quien único conviene la división municipal es al gobierno central y a los partidos de San Juan, pues no tienen que enfrentar gran fuerza, porque cada líder de municipio lucha solo, cuando lucha; porque muchos no se atreven a luchar contra su propio partido.

Es por esto que fuerzas políticas y económicas que no responden o pertenecen a nuestra Región Sur, reman con fuerza y apuestan contra nuestro desarrollo, al esmerarse para que nuestros esfuerzos de unión regional fracasen. Estas fuerzas responden al partidismo centralista y asfixiante de San Juan y se aferran a consignas artificiales antiregionales.

Lamentablemente, el Municipio Autónomo de Ponce se ha hecho coro de esta visión antihistórica y hace todo los posible por excluir, dividir y destruir todos los esfuerzos de regionalización. Por eso desahuciaron a DISUR de sus oficinas del Puerto de Ponce sin tener inquilino que ocupe el espacio y se niegan a pagar la cuota que deben, y que es indispensable para el sostenimiento de una organización fundamental de la cual son socios fundadores.

Soplan vientos fuertes de renovación en el liderato de los dos partidos principales de Ponce. DISUR tiene que ser parte del debate para que el Pueblo pueda identificar a los mejores candidatos. Este tema no puede pasar desatendido. El próximo líder del Municipio Autónomo de Ponce debe estar convencido en la palabra y la acción de que DISUR es el proyecto estratégico de desarrollo socioeconómico más importante para Puerto Rico.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Orientación Jurídica del Bufete Emmanuelli, C.S.P.

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División de Quiebras (Capítulos 13 y 7) y Seguro Social del Bufete Emmanuelli, C.S.P.