Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Somos una sociedad de lo inmediato: gratificación instantánea, comunicación inalámbrica, transacciones económicas electrónicas, “servicarro”, etc. Siempre la pregunta es ¿Cuánto tarda? ¿Para cuándo lo puedo tener? La rapidez en nuestro mundo moderno es fundamental. Sin embargo, esto ha afectado dramáticamente nuestra capacidad de esperar, ponderar, reflexionar y planificar a mediano y largo plazo.
El gran escritor checo Milán Kundera describió en su novela La Lentitud cómo el fenómeno de la máquina vertiginosa destruyó el tiempo y el espacio necesario para que los seres humanos reflexionemos. Los adelantos en las comunicaciones y la transportación nos someten a las presiones de hacer más con menos tiempo. Sólo recuerde cómo era su vida antes de tener un celular y la computadora. En esos tiempos atendíamos una cosa a la vez. Nos enfocábamos y trabajábamos más relajados. Ahora con el celular y la computadora vivimos constantemente en un circo de tres pistas haciendo malabares para mantener todo bajo control. Bajo estas circunstancias, no tenemos espacio para reflexionar. El impacto que tuvo la lectura de Kundera me llevó a mediados de la década de los noventa a crear un espacio de asientos y mesas muy popular en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, donde los estudiantes y profesores se sentaban sólo a reflexionar y conversar. Esa área se bautizó como La Lentitud.
La rapidez no permite que veamos más allá de nuestros pies. ¿Dónde usted piensa estar el año que viene? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué respondería si hablamos de 5, 10 ó 15 años? La contestación generalizada es que nadie sabe. Eso se lo hemos permitido también a nuestros políticos. Le damos un cheque en blanco para que hagan las cosas día a día, mes a mes y de año en año. Ni siquiera se presenta un plan de trabajo estructurado de cuatro (4) años, mucho menos más allá de ese término. Las grandes transformaciones personales y de las naciones han ocurrido sólo cuando miraron más allá de horizonte.
En estos momentos de crisis económica y social necesitamos ser muy proactivos y creativos. Tenemos que buscar urgentemente nuevas alternativas de desarrollo y actividad humana de provecho social. Para lograrlo, no podemos perder la perspectiva de tiempo, espacio y reflexión. Por eso necesitamos un poco de lentitud. Si nos esforzamos, todos podremos encontrar esa lentitud necesaria para reflexionar sobre nuestra situación presente y lo que debemos hacer para forjarnos un futuro mejor, tanto como individuos y como nación.
Necesitamos una pausa en tiempo y espacio para poder reflexionar sobre cuál debe ser nuestro futuro. Los visionarios son aquellos que pueden ver hechos y circunstancias que no son aparentes para el resto de los seres humanos. Pero los visionarios tienen su lentitud, por ende, esta pausa que propongo requiere que todas las personas entendidas en las diferentes materias que conforman el saber humano, busquen una oportunidad de sentarse a reflexionar y conversar sobre cómo resolver los problemas económicos y sociales de nuestro país. Las organizaciones empresariales, universitarias y del tercer sector, deben constituirse en foros permanentes de lentitud para la discusión y el pensamiento crítico. Tenemos que permitirnos la oportunidad de mirar más allá del horizonte. Esa mirada la podremos alcanzar si nos esforzamos en construir un poco de lentitud.
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miércoles, 12 de diciembre de 2007
miércoles, 5 de diciembre de 2007
NO BASTA CON UNA NUEVA LEY DE INCENTIVOS
NO BASTA CON UNA NUEVA LEY DE INCENTIVOS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En los últimos meses se ha desarrollado un debate sobre el futuro económico de Puerto Rico que se ha centrado en la aprobación de una nueva ley de incentivos industriales. Más allá de ese objetivo, no se escucha discusión sobre hacia dónde debe ir Puerto Rico. No basta con una nueva ley de incentivos industriales. Puerto Rico necesita un plan estratégico de desarrollo económico. Es lamentable pensar que aún cuando muchos de los funcionarios gubernamentales y aspirantes a puestos políticos provienen de empresas privadas que tienen planes estratégicos bien definidos, ninguno ha hecho un planteamiento hacia el establecimiento de un plan orgánico que saque a Puerto Rico de la recesión económica más profunda en los últimos 35 años, lo asegure de desastres económicos o naturales y lo enfile hacia el desarrollo autosustentable.
¿Cuál es el Puerto Rico que queremos en el año 2020? Esa respuesta tenemos que construirla hoy y no improvisarla cada cuatrienio. Además, tenemos que tener recursos para lidiar con todo lo que la naturaleza nos pueda deparar: ¿qué pasaría si un huracán o un naufragio bloquea el Puerto de San Juan? ¿Se acabará la comida en los supermercados en dos semanas? ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno para atender esa emergencia tan probable? Otro ejemplo dramático de falta de planificación: ¿tiene Puerto Rico un programa para establecer la autosustentabilidad en los alimentos? ¿Se han articulado los criterios para lograr que Puerto Rico pueda producir todas sus comidas? Por último: ¿qué nos depara el calentamiento global, si Puerto Rico no produce su propia comida?
En Puerto Rico solo se planifica, como mucho, para cuatro años. Cuatro años que implican desde la perspectiva de los partidos políticos, organizar la plantilla de funcionarios públicos después de ganar las elecciones, establecer un plan para llevar a cabo “obras”, empezar a ejecutar en el tercer año para inaugurarlas en el cuarto año, que es el año electoral. Eso es lo que nos ha llevado a la desorganización social, desparramamiento urbano y crisis en todos los sectores de nuestra actividad humana. Los países no pueden conducirse con visiones a corto plazo.
Por eso es que es indispensable un plan estratégico de desarrollo de Puerto Rico. Para eso tenemos que mirar y analizar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Debemos entonces establecerse los objetivos terminales junto con las metas intermedias que ayuden a medir la consecución de los fines. El Plan debe ser consensuado, para que todos los partidos lo apoyen. Además, debemos establecer mecanismo de legislación que permitan, que una vez aprobado el plan, no sea fácil o práctico derogarlo. Esto salvaría el plan de los vaivenes políticos.
Debemos romper el paradigma político partidista de la planificación a corto plazo. Debemos comenzar a ver más allá del horizonte.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En los últimos meses se ha desarrollado un debate sobre el futuro económico de Puerto Rico que se ha centrado en la aprobación de una nueva ley de incentivos industriales. Más allá de ese objetivo, no se escucha discusión sobre hacia dónde debe ir Puerto Rico. No basta con una nueva ley de incentivos industriales. Puerto Rico necesita un plan estratégico de desarrollo económico. Es lamentable pensar que aún cuando muchos de los funcionarios gubernamentales y aspirantes a puestos políticos provienen de empresas privadas que tienen planes estratégicos bien definidos, ninguno ha hecho un planteamiento hacia el establecimiento de un plan orgánico que saque a Puerto Rico de la recesión económica más profunda en los últimos 35 años, lo asegure de desastres económicos o naturales y lo enfile hacia el desarrollo autosustentable.
¿Cuál es el Puerto Rico que queremos en el año 2020? Esa respuesta tenemos que construirla hoy y no improvisarla cada cuatrienio. Además, tenemos que tener recursos para lidiar con todo lo que la naturaleza nos pueda deparar: ¿qué pasaría si un huracán o un naufragio bloquea el Puerto de San Juan? ¿Se acabará la comida en los supermercados en dos semanas? ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno para atender esa emergencia tan probable? Otro ejemplo dramático de falta de planificación: ¿tiene Puerto Rico un programa para establecer la autosustentabilidad en los alimentos? ¿Se han articulado los criterios para lograr que Puerto Rico pueda producir todas sus comidas? Por último: ¿qué nos depara el calentamiento global, si Puerto Rico no produce su propia comida?
En Puerto Rico solo se planifica, como mucho, para cuatro años. Cuatro años que implican desde la perspectiva de los partidos políticos, organizar la plantilla de funcionarios públicos después de ganar las elecciones, establecer un plan para llevar a cabo “obras”, empezar a ejecutar en el tercer año para inaugurarlas en el cuarto año, que es el año electoral. Eso es lo que nos ha llevado a la desorganización social, desparramamiento urbano y crisis en todos los sectores de nuestra actividad humana. Los países no pueden conducirse con visiones a corto plazo.
Por eso es que es indispensable un plan estratégico de desarrollo de Puerto Rico. Para eso tenemos que mirar y analizar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Debemos entonces establecerse los objetivos terminales junto con las metas intermedias que ayuden a medir la consecución de los fines. El Plan debe ser consensuado, para que todos los partidos lo apoyen. Además, debemos establecer mecanismo de legislación que permitan, que una vez aprobado el plan, no sea fácil o práctico derogarlo. Esto salvaría el plan de los vaivenes políticos.
Debemos romper el paradigma político partidista de la planificación a corto plazo. Debemos comenzar a ver más allá del horizonte.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
jueves, 22 de noviembre de 2007
CAMBIO PARADIGMÁTICO: LA ECONOMÍA DE LA SOLIDARIDAD
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Si bien es cierto que el desarrollo de una economía de conocimiento a tono con el siglo XXI y con la globalización, es una de las metas que debe tener el pueblo puertorriqueño, también es indispensable que se enfoquen los esfuerzos para desarrollar una Economía de la Solidaridad. La Economía de la Solidaridad implica un sistema de negocios en el que además de producir trabajo y capital, se fomentan los valores comunitarios, sociales y nacionales.
El capitalismo se caracteriza por el énfasis en el individualismo y el ánimo desmedido de lucro. La solidaridad social no es una de las metas del capitalismo, aunque recientemente las empresas capitalistas han comprendido la necesidad de hacer sus aportaciones sociales, y esto es lo que llaman responsabilidad social empresarial. Sin embargo, existe un modelo económico de solidaridad más efectivo y comprobado, que merece los más tenaces esfuerzos para que florezca e impacte todo los sectores de la comunidad puertorriqueña. Ese modelo es el Cooperativismo.
En Puerto Rico existen 400 cooperativas con cerca de un millón de socios y 8.2 billones en activos. Estas cooperativas van desde ahorro y crédito, consumo, agrícola e industrial, hasta de vivienda y juveniles. Las cooperativas tienen el potencial de desarrollarse a todas las áreas de la actividad económica puertorriqueña. El sistema económico cooperativista tiene como ejemplo fundamental a Mondragón en el país vasco. Mondragón es una comunidad que ha desarrollado con increíble éxito este modelo desde el año 1956. Actualmente tiene 264 cooperativas y emplean más de 80 mil personas.
El Cooperativismo es un modelo de desarrollo económico autosustentable ideal para las circunstancias puertorriqueñas. Es ideal porque Puerto Rico se caracteriza culturalmente por un grado de solidaridad social y porque Puerto Rico, como país subdesarrollado, requiere de la acción colectiva para alcanzar metas comunes. Tenemos que romper el viejo paradigma del individualismo y capitalismo salvaje como medio de desarrollo económico. También tenemos que fomentar al máximo la Economía de la Solidaridad.
La solidaridad fomenta valores para impactar positivamente a la educación, la familia, las relaciones individuales y colectivas. El modelo cooperativo es un modelo de sinergia donde el producto del apoyo de una serie de socios es mucho mayor que la suma de sus componentes. Abracemos el Cooperativismo y cambiemos el paradigma del Capitalismo.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Si bien es cierto que el desarrollo de una economía de conocimiento a tono con el siglo XXI y con la globalización, es una de las metas que debe tener el pueblo puertorriqueño, también es indispensable que se enfoquen los esfuerzos para desarrollar una Economía de la Solidaridad. La Economía de la Solidaridad implica un sistema de negocios en el que además de producir trabajo y capital, se fomentan los valores comunitarios, sociales y nacionales.
El capitalismo se caracteriza por el énfasis en el individualismo y el ánimo desmedido de lucro. La solidaridad social no es una de las metas del capitalismo, aunque recientemente las empresas capitalistas han comprendido la necesidad de hacer sus aportaciones sociales, y esto es lo que llaman responsabilidad social empresarial. Sin embargo, existe un modelo económico de solidaridad más efectivo y comprobado, que merece los más tenaces esfuerzos para que florezca e impacte todo los sectores de la comunidad puertorriqueña. Ese modelo es el Cooperativismo.
En Puerto Rico existen 400 cooperativas con cerca de un millón de socios y 8.2 billones en activos. Estas cooperativas van desde ahorro y crédito, consumo, agrícola e industrial, hasta de vivienda y juveniles. Las cooperativas tienen el potencial de desarrollarse a todas las áreas de la actividad económica puertorriqueña. El sistema económico cooperativista tiene como ejemplo fundamental a Mondragón en el país vasco. Mondragón es una comunidad que ha desarrollado con increíble éxito este modelo desde el año 1956. Actualmente tiene 264 cooperativas y emplean más de 80 mil personas.
El Cooperativismo es un modelo de desarrollo económico autosustentable ideal para las circunstancias puertorriqueñas. Es ideal porque Puerto Rico se caracteriza culturalmente por un grado de solidaridad social y porque Puerto Rico, como país subdesarrollado, requiere de la acción colectiva para alcanzar metas comunes. Tenemos que romper el viejo paradigma del individualismo y capitalismo salvaje como medio de desarrollo económico. También tenemos que fomentar al máximo la Economía de la Solidaridad.
La solidaridad fomenta valores para impactar positivamente a la educación, la familia, las relaciones individuales y colectivas. El modelo cooperativo es un modelo de sinergia donde el producto del apoyo de una serie de socios es mucho mayor que la suma de sus componentes. Abracemos el Cooperativismo y cambiemos el paradigma del Capitalismo.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
miércoles, 14 de noviembre de 2007
CAMBIO PARADIGMÁTICO: LA SITUACIÓN COLONIAL DE PUERTO RICO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Después de la Constitución de 1952, se creó el paradigma falso de que la Ley 600 había corregido el problema colonial de Puerto Rico. Más de 50 años después, ese paradigma se ha derrumbado y todos los sectores políticos entienden en mayor o en menos grado, que Puerto Rico es una colonia.
Sin embargo, a estas alturas prevalece otro paradigma falso. Grandes sectores de los tres partidos políticos de Puerto Rico piensan que el problema colonial de Puerto Rico lo va resolver el Congreso voluntariamente. Por eso acuden a vistas sobre el estatus de Puerto Rico y cabildean a favor y en contra de las diferentes propuestas que se presentan. Sin embargo, no llevan a cabo dentro de nuestra sociedad las acciones necesarias para promover un verdadero cambio en la situación colonial.
Debemos cambiar el viejo paradigma de que el Congreso resolverá el más que centenario problema. Mientras el pueblo de Puerto Rico no se organice para iniciar el proceso de cambio de la relación colonial y acuda con una sola voz al Congreso, Estados Unidos no tomará acción sobre nuestro dilema.
Existe el mecanismo jurídico para llevar a cabo ese cambio paradigmático de reclamar como una sola voz la solución del problema colonial. Ese mecanismo es la asamblea constitucional de estatus. La asamblea constitucional de estatus es un mecanismo mediante el cual se convoca a elecciones para escoger a representantes del pueblo que se postulan a la luz de sus diferentes visiones sobre cómo debe resolverse el problema colonial de Puerto Rico. Estas visiones deben estar claras en el sentido de que cualquier solución de la situación colonial tiene que ser fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal, que establece que el Congreso es dueño y señor de los destinos de la Isla. Por ende, no puede abogarse por soluciones que son de naturaleza colonial y no reconocidas por el Derecho Internacional.
La asamblea constitucional de estatus sesionaría el tiempo que fuera necesario para que se pueda llegar a un consenso sobre qué es lo que se va a reclamar a Estados Unidos. El reclamo puede ser sustantivo o procesal. Por sustantivo me refiero a que puede incluir una solución específica a la situación colonial. Por ejemplo, Estadidad, Independencia o República Asociada. Por procesal me refiero a que la propuesta puede ser un mecanismo específico para solucionar el estatus que conduciría de manera justa a cualquiera de las soluciones viables. Por ejemplo, un referéndum final y vinculante.
La asamblea constitucional de estatus debe estar compuesta por personas de conocimiento y experiencia en asuntos sociales, jurídicos y económicos. Además, debe elegirse mediante verdadera representatividad, lo más lejos posible de los cuadros político-partidistas, y donde exista espacio equitativo para los pensamientos mayoritarios y minoritarios.
Sólo cuando nos unamos a reclamar la terminación de la relación colonial, el Congreso escuchará nuestros reclamos. El ejemplo evidente es la lucha de Vieques. Ese tipo de lucha es la que podría conducir a la solución de nuestro mayor problema existencial como Nación.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Después de la Constitución de 1952, se creó el paradigma falso de que la Ley 600 había corregido el problema colonial de Puerto Rico. Más de 50 años después, ese paradigma se ha derrumbado y todos los sectores políticos entienden en mayor o en menos grado, que Puerto Rico es una colonia.
Sin embargo, a estas alturas prevalece otro paradigma falso. Grandes sectores de los tres partidos políticos de Puerto Rico piensan que el problema colonial de Puerto Rico lo va resolver el Congreso voluntariamente. Por eso acuden a vistas sobre el estatus de Puerto Rico y cabildean a favor y en contra de las diferentes propuestas que se presentan. Sin embargo, no llevan a cabo dentro de nuestra sociedad las acciones necesarias para promover un verdadero cambio en la situación colonial.
Debemos cambiar el viejo paradigma de que el Congreso resolverá el más que centenario problema. Mientras el pueblo de Puerto Rico no se organice para iniciar el proceso de cambio de la relación colonial y acuda con una sola voz al Congreso, Estados Unidos no tomará acción sobre nuestro dilema.
Existe el mecanismo jurídico para llevar a cabo ese cambio paradigmático de reclamar como una sola voz la solución del problema colonial. Ese mecanismo es la asamblea constitucional de estatus. La asamblea constitucional de estatus es un mecanismo mediante el cual se convoca a elecciones para escoger a representantes del pueblo que se postulan a la luz de sus diferentes visiones sobre cómo debe resolverse el problema colonial de Puerto Rico. Estas visiones deben estar claras en el sentido de que cualquier solución de la situación colonial tiene que ser fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal, que establece que el Congreso es dueño y señor de los destinos de la Isla. Por ende, no puede abogarse por soluciones que son de naturaleza colonial y no reconocidas por el Derecho Internacional.
La asamblea constitucional de estatus sesionaría el tiempo que fuera necesario para que se pueda llegar a un consenso sobre qué es lo que se va a reclamar a Estados Unidos. El reclamo puede ser sustantivo o procesal. Por sustantivo me refiero a que puede incluir una solución específica a la situación colonial. Por ejemplo, Estadidad, Independencia o República Asociada. Por procesal me refiero a que la propuesta puede ser un mecanismo específico para solucionar el estatus que conduciría de manera justa a cualquiera de las soluciones viables. Por ejemplo, un referéndum final y vinculante.
La asamblea constitucional de estatus debe estar compuesta por personas de conocimiento y experiencia en asuntos sociales, jurídicos y económicos. Además, debe elegirse mediante verdadera representatividad, lo más lejos posible de los cuadros político-partidistas, y donde exista espacio equitativo para los pensamientos mayoritarios y minoritarios.
Sólo cuando nos unamos a reclamar la terminación de la relación colonial, el Congreso escuchará nuestros reclamos. El ejemplo evidente es la lucha de Vieques. Ese tipo de lucha es la que podría conducir a la solución de nuestro mayor problema existencial como Nación.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
CAMBIO PARADIGMÁTICO: LA EDUCACIÓN
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Recientemente se publicó una noticia en un periódico de circulación general que discutió los resultados del College Board. El titular fue que el promedio de la puntuación general de los estudiantes de las escuelas privadas estaba disminuyendo a un ritmo mayor que el de los estudiantes de las escuelas públicas. Sin embargo, no se recalcó la marcada diferencia en ejecución entre los estudiantes del sistema público y privado. Muy a nuestro pesar, los estudiantes de las escuelas públicas tienen un promedio de ejecución en las diferentes áreas del examen de 80 a 126 puntos menos que el promedio de los estudiantes de las escuelas privadas.
El que nuestros estudiantes de la escuela pública no puedan equiparar su ejecución a los de la escuela privada es insostenible, ya que el presupuesto del Departamento de Educación es uno de los más grandes del gobierno. Si bien es cierto que las condiciones en las cuales estudian muchos de los jóvenes que acuden a las escuelas públicas son difíciles por su desigualdad socioeconómica, es evidente hace años que el sistema de educación pública no está funcionando. A esto se suma la interpretación de los resultados que apunta a que el sistema privado se encuentra en una curva descendente. ¿Cómo podremos tener éxito como país en la economía del conocimiento que vivimos, si nuestros estudiantes están tropezando con la mediocridad?
Es indispensable responder seriamente a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los factores socioeconómicos más importantes que inciden en la ejecución académica? ¿Qué ocurre con la calidad de la enseñanza en el salón de clases? ¿Cuál es el papel de los padres en este problema? ¿Por qué en los colegios privados, los estudiantes tienen que trabajar hasta altas horas de la noche haciendo asignaciones? ¿Cómo compara el grado de trabajo en la casa o asignaciones que tienen los estudiantes de escuelas públicas con los estudiantes de escuelas privadas? ¿Qué medidas se pueden implantar para fomentar el interés en el estudio?
Hasta ahora el debate ha carecido de contestación específica a estas preguntas. Hace falta un cambio paradigmático en nuestra educación que revolucione desde la estructura burocrática del Departamento de Educación, sus características política-partidistas, el proceso enseñanza-aprendizaje, hasta atender las condiciones socioeconómicas que no permiten que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades en el proceso educativo.
Tampoco queda duda de que es indispensable una reforma curricular en donde el salón de clases pase a ser un evento atractivo en la vida de nuestros estudiantes. Todavía vivimos con la educación bancaria que Paulo Freire rechazó y que Hostos formuló en la máxima “Se aprende haciendo.” Nuestros estudiantes no toleran más la mera conferencia basada en la disertación de datos para ser memorizados. Nuestros estudiantes ya viven el mundo de la interactividad de los celulares y la Internet. La educación tiene que competir con esos elementos. Por tanto, revolucionando la forma en que se enseña en el salón de clases es la única manera que podemos interesar a nuestros estudiantes en su educación.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Recientemente se publicó una noticia en un periódico de circulación general que discutió los resultados del College Board. El titular fue que el promedio de la puntuación general de los estudiantes de las escuelas privadas estaba disminuyendo a un ritmo mayor que el de los estudiantes de las escuelas públicas. Sin embargo, no se recalcó la marcada diferencia en ejecución entre los estudiantes del sistema público y privado. Muy a nuestro pesar, los estudiantes de las escuelas públicas tienen un promedio de ejecución en las diferentes áreas del examen de 80 a 126 puntos menos que el promedio de los estudiantes de las escuelas privadas.
El que nuestros estudiantes de la escuela pública no puedan equiparar su ejecución a los de la escuela privada es insostenible, ya que el presupuesto del Departamento de Educación es uno de los más grandes del gobierno. Si bien es cierto que las condiciones en las cuales estudian muchos de los jóvenes que acuden a las escuelas públicas son difíciles por su desigualdad socioeconómica, es evidente hace años que el sistema de educación pública no está funcionando. A esto se suma la interpretación de los resultados que apunta a que el sistema privado se encuentra en una curva descendente. ¿Cómo podremos tener éxito como país en la economía del conocimiento que vivimos, si nuestros estudiantes están tropezando con la mediocridad?
Es indispensable responder seriamente a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los factores socioeconómicos más importantes que inciden en la ejecución académica? ¿Qué ocurre con la calidad de la enseñanza en el salón de clases? ¿Cuál es el papel de los padres en este problema? ¿Por qué en los colegios privados, los estudiantes tienen que trabajar hasta altas horas de la noche haciendo asignaciones? ¿Cómo compara el grado de trabajo en la casa o asignaciones que tienen los estudiantes de escuelas públicas con los estudiantes de escuelas privadas? ¿Qué medidas se pueden implantar para fomentar el interés en el estudio?
Hasta ahora el debate ha carecido de contestación específica a estas preguntas. Hace falta un cambio paradigmático en nuestra educación que revolucione desde la estructura burocrática del Departamento de Educación, sus características política-partidistas, el proceso enseñanza-aprendizaje, hasta atender las condiciones socioeconómicas que no permiten que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades en el proceso educativo.
Tampoco queda duda de que es indispensable una reforma curricular en donde el salón de clases pase a ser un evento atractivo en la vida de nuestros estudiantes. Todavía vivimos con la educación bancaria que Paulo Freire rechazó y que Hostos formuló en la máxima “Se aprende haciendo.” Nuestros estudiantes no toleran más la mera conferencia basada en la disertación de datos para ser memorizados. Nuestros estudiantes ya viven el mundo de la interactividad de los celulares y la Internet. La educación tiene que competir con esos elementos. Por tanto, revolucionando la forma en que se enseña en el salón de clases es la única manera que podemos interesar a nuestros estudiantes en su educación.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
lunes, 5 de noviembre de 2007
EL CAMBIO EMPIEZA POR NOSOTROS
Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Actualmente, estamos viviendo un proceso difícil en la historia de Puerto Rico. Nos encontramos en una profunda recesión económica y todavía no hemos tocado fondo. Se debate el estatus, pero no se anticipa una solución al problema centenario. El gobierno federal, a través de sus agencias de persecución del crimen, ha intervenido en prácticamente todos los sectores del pueblo puertorriqueño y se encuentran en una indiscriminada investigación del Gobernador de Puerto Rico. Los problemas sociales de salud, drogadicción y criminalidad siguen alcanzando desarrollos insospechados.
En columnas pasadas hemos mencionado el cambio paradigmático como una transformación dramática en la manera de pensar que nos permite implantar soluciones más agresivas o efectivas para los grandes problemas que enfrentamos. Un paradigma es un modelo, teoría o patrón en cualquier disciplina científica o social. Este término también se utiliza para describir el conjunto de experiencias, herencias y valores que afectan la forma en que una persona percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Algunas personas de manera arrogante les llaman verdades sociales. A veces un paradigma se convierte en una venda que nos ciega de dogmatismo, en gríngolas que nos impiden ver hacia otros lares, o en verdades que de soplarlas se despedazan. Los paradigmas vigentes en las áreas políticas, sociales y económicas agotaron todas sus posibilidades. Ya no cumplen sus propósitos. No sirven para interpretar la realidad y actuar sobre ella.
Ante los nuevos retos de los problemas que hemos mencionado, es indispensable adoptar una nueva cosmovisión, que no es otra cosa que una nueva manera de ver nuestro mundo. Tenemos que descartar los viejos paradigmas y crear nuevos.
Hace falta cambios dramáticos. Pero para poder empezar a cambiar nuestra sociedad, es indispensable que nosotros empecemos a cambiar como individuos y seres humanos. El ser humano que hace falta para la sociedad puertorriqueña debe ser una persona con suficiente introspección, o capacidad de verse a sí mismo, como para identificar sus áreas de deficiencias, con el propósito de diseñar el crecimiento que es necesario emprender. Ese crecimiento debe basarse en la educación. Debemos educarnos para poder ser más audaces en la búsqueda de soluciones personales y colectivas. Cuando se habla de educación, no nos referimos necesariamente a la formal. Existen tantas fuentes de información y conocimiento disponibles. Sólo basta con hacer una búsqueda en la Internet sobre algún asunto pertinente como por ejemplo "mejoramiento personal"; o meramente ir a www.wikipedia.com. En mi caso, soy aficionado a los libros de audio que escucho en mi auto o en mi Ipod. Comience su búsqueda de información sobre cómo mejorar. Será un viaje extraordinario de crecimiento personal.
Con la educación alcanzamos nuevas maneras de relacionarnos. Podremos mejorar nuestra convivencia, entender la tolerancia, y fomentar nuevas maneras de ver a los demás para alcanzar la paz. Los prejuicios políticos, raciales, económicos, culturales, religiosos, de orientación sexual, etc., están desgarrando nuestra sociedad. ¿No creen que el mundo sería mejor si aprendiéramos a entender y aceptar las diferencias entre los seres humanos?
Solo si nos miramos profundamente e identificamos qué tenemos que cambiar como individuos, podremos comenzar a trabajar en nuestras circunstancias, y de la misma forma, comenzar a impactar al resto de nuestra sociedad. El cambio empieza por uno mismo. Comencemos a mirarnos.
Actualmente, estamos viviendo un proceso difícil en la historia de Puerto Rico. Nos encontramos en una profunda recesión económica y todavía no hemos tocado fondo. Se debate el estatus, pero no se anticipa una solución al problema centenario. El gobierno federal, a través de sus agencias de persecución del crimen, ha intervenido en prácticamente todos los sectores del pueblo puertorriqueño y se encuentran en una indiscriminada investigación del Gobernador de Puerto Rico. Los problemas sociales de salud, drogadicción y criminalidad siguen alcanzando desarrollos insospechados.
En columnas pasadas hemos mencionado el cambio paradigmático como una transformación dramática en la manera de pensar que nos permite implantar soluciones más agresivas o efectivas para los grandes problemas que enfrentamos. Un paradigma es un modelo, teoría o patrón en cualquier disciplina científica o social. Este término también se utiliza para describir el conjunto de experiencias, herencias y valores que afectan la forma en que una persona percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Algunas personas de manera arrogante les llaman verdades sociales. A veces un paradigma se convierte en una venda que nos ciega de dogmatismo, en gríngolas que nos impiden ver hacia otros lares, o en verdades que de soplarlas se despedazan. Los paradigmas vigentes en las áreas políticas, sociales y económicas agotaron todas sus posibilidades. Ya no cumplen sus propósitos. No sirven para interpretar la realidad y actuar sobre ella.
Ante los nuevos retos de los problemas que hemos mencionado, es indispensable adoptar una nueva cosmovisión, que no es otra cosa que una nueva manera de ver nuestro mundo. Tenemos que descartar los viejos paradigmas y crear nuevos.
Hace falta cambios dramáticos. Pero para poder empezar a cambiar nuestra sociedad, es indispensable que nosotros empecemos a cambiar como individuos y seres humanos. El ser humano que hace falta para la sociedad puertorriqueña debe ser una persona con suficiente introspección, o capacidad de verse a sí mismo, como para identificar sus áreas de deficiencias, con el propósito de diseñar el crecimiento que es necesario emprender. Ese crecimiento debe basarse en la educación. Debemos educarnos para poder ser más audaces en la búsqueda de soluciones personales y colectivas. Cuando se habla de educación, no nos referimos necesariamente a la formal. Existen tantas fuentes de información y conocimiento disponibles. Sólo basta con hacer una búsqueda en la Internet sobre algún asunto pertinente como por ejemplo "mejoramiento personal"; o meramente ir a www.wikipedia.com. En mi caso, soy aficionado a los libros de audio que escucho en mi auto o en mi Ipod. Comience su búsqueda de información sobre cómo mejorar. Será un viaje extraordinario de crecimiento personal.
Con la educación alcanzamos nuevas maneras de relacionarnos. Podremos mejorar nuestra convivencia, entender la tolerancia, y fomentar nuevas maneras de ver a los demás para alcanzar la paz. Los prejuicios políticos, raciales, económicos, culturales, religiosos, de orientación sexual, etc., están desgarrando nuestra sociedad. ¿No creen que el mundo sería mejor si aprendiéramos a entender y aceptar las diferencias entre los seres humanos?
Solo si nos miramos profundamente e identificamos qué tenemos que cambiar como individuos, podremos comenzar a trabajar en nuestras circunstancias, y de la misma forma, comenzar a impactar al resto de nuestra sociedad. El cambio empieza por uno mismo. Comencemos a mirarnos.
viernes, 26 de octubre de 2007
DE PERROS, GATOS Y SERES HUMANOS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La noticia de que mataron decenas de perros y gatos dejó consternada a la prensa en Puerto Rico y a la de otros lugares del mundo. No hay duda de que ese fue un acto abominable y merece que los culpables paguen por sus delitos. No obstante, esa noticia no debe ser excusa para disimular, olvidar o maquillar el problema subyacente que existe en Puerto Rico: la violencia.
En Puerto Rico existe violencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Asesinan a un promedio de dos personas diarias. La violencia contra los niños, la mujer, los ancianos y los impedidos es desayuno, almuerzo y comida. La criminalidad contra la persona y la propiedad está incontrolable. Los medios de comunicación se embelesan con los actos de crueldad y de violencia que parecen competir por el galardón del libro Guinness. Sin embargo, las autoridades encargadas de la formulación de política pública no tienen planes concretos para atender el problema de la violencia en Puerto Rico.
El narcotráfico, la drogadicción, y el crimen resultante, son responsables de gran parte de la violencia en Puerto Rico. Además, no hay duda de que uno de los elementos fundamentales que promueven la violencia es la desigualdad socioeconómica. Sin embargo, como concluimos en la columna anterior, muy pocos se atreven a confrontar este problema con soluciones radicales, es decir, que vayan a la raíz. Hasta ahora, lo que se ve son proyectos individuales inconexos y que a todas luces conducen a la satisfacción de algunos intereses particulares o políticos, que no son los superiores de nuestra sociedad.
Puerto Rico deambula como el poema de Sylvia Rexach. Somos una nave sin rumbo. Hace falta establecer un plan estratégico nacional para atender el problema de desigualdad socioeconómica y el narcotráfico. Mi oído está en tierra para un candidato responsable y sobresaliente. Hasta ahora, sólo silencio.
Mientras no exista un plan estratégico nacional de desarrollo económico seguiremos teniendo asesinatos de perros, gatos y seres humanos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
La noticia de que mataron decenas de perros y gatos dejó consternada a la prensa en Puerto Rico y a la de otros lugares del mundo. No hay duda de que ese fue un acto abominable y merece que los culpables paguen por sus delitos. No obstante, esa noticia no debe ser excusa para disimular, olvidar o maquillar el problema subyacente que existe en Puerto Rico: la violencia.
En Puerto Rico existe violencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Asesinan a un promedio de dos personas diarias. La violencia contra los niños, la mujer, los ancianos y los impedidos es desayuno, almuerzo y comida. La criminalidad contra la persona y la propiedad está incontrolable. Los medios de comunicación se embelesan con los actos de crueldad y de violencia que parecen competir por el galardón del libro Guinness. Sin embargo, las autoridades encargadas de la formulación de política pública no tienen planes concretos para atender el problema de la violencia en Puerto Rico.
El narcotráfico, la drogadicción, y el crimen resultante, son responsables de gran parte de la violencia en Puerto Rico. Además, no hay duda de que uno de los elementos fundamentales que promueven la violencia es la desigualdad socioeconómica. Sin embargo, como concluimos en la columna anterior, muy pocos se atreven a confrontar este problema con soluciones radicales, es decir, que vayan a la raíz. Hasta ahora, lo que se ve son proyectos individuales inconexos y que a todas luces conducen a la satisfacción de algunos intereses particulares o políticos, que no son los superiores de nuestra sociedad.
Puerto Rico deambula como el poema de Sylvia Rexach. Somos una nave sin rumbo. Hace falta establecer un plan estratégico nacional para atender el problema de desigualdad socioeconómica y el narcotráfico. Mi oído está en tierra para un candidato responsable y sobresaliente. Hasta ahora, sólo silencio.
Mientras no exista un plan estratégico nacional de desarrollo económico seguiremos teniendo asesinatos de perros, gatos y seres humanos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
Drogas y Criminalidad
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como dijimos en una columna anterior, para enderezar la democracia debemos hacer los planteamientos de manera valiente y exigir a los aspirantes a cargos públicos la adopción de las propuestas de los entendidos en las materias que con más probabilidad puedan resolver los serios problemas que tiene Puerto Rico. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los políticos le piden el voto a los ciudadanos a base de propuestas acomodaticias, sin imaginación y que está probado que no resuelven los graves problemas que tenemos actualmente.
En la pasada columna discutimos la necesidad de adoptar un seguro universal de salud que rompa con las contradicciones e ineficiencias de la reforma de salud. Otro asunto contra el cual es necesario enfrentarse con soluciones dramáticas es el problema de la drogadicción. La drogadicción es una enfermedad y la fuente de la criminalidad. Sin embargo, es paradójico que mientras más esfuerzos se hacen para reprimirla y tratar de eliminarla, más florece. El tráfico de drogas responde a los mismos elementos socioeconómicos del tráfico ilegal del alcohol cuando se prohibió en los Estados Unidos a principios del siglo XX. La prohibición dio base al surgimiento de las pandillas y el crimen organizado. Esto porque mientras más esfuerzos se hacen para controlar el alcohol o las sustancias adictivas, por las leyes de oferta y demanda, más caro se pone el producto, y por ende, el adicto tiene que delinquir para conseguir el dinero adicional para adquirirlo. Esto resulta en la paradoja de que si el Estado incauta más drogas mediante la campaña de represión, más crímenes se cometen.
Por otro lado, los que trafican con el producto ilegal, se enriquecen cuando el Estado reprime e incauta el producto a otros competidores, porque entonces la escasez hace que su precio suba, y por ende, su margen de ganancia. El alto margen de ganancia hace que siempre haya gente disponible para entrar al tráfico ilegal. Por eso es que se arriesgan a matar por mantener su hegemonía. Arrestan o matan al tirador, y al otro día tenemos una persona que le sustituye. Por eso es que en el tráfico de drogas cada vez hay personas más jóvenes manejando los puntos. La campaña de represión del Estado ocasiona las guerras de pandillas por el dominio de este lucrativo mercado. Esto hace que la ola de asesinatos resulte incontrolable.
El secretario de Corrección, Lcdo. Miguel Pereira, planteó valientemente que debe utilizarse la alternativa de la medicación de la droga. La medicación y control de la droga por parte del Estado permitiría que los adictos tengan acceso a procesos de rehabilitación, porque no tendrían que adquirir la droga en la calle a precios exorbitantes. Si ya no hay tanta demanda por el producto, baja el interés de lucro, y por tanto, el de las personas que quieren entrar al tráfico de drogas por las ganancias que obtendrían. Esto reduciría las guerras y asesinatos pandilleros. Por otro lado, y tal vez el efecto más importante, los adictos que estén bajo programas de medicación de drogas no tendrían la necesidad de delinquir y podrían diseñarse estrategias para reincorporarlos a la vida productiva.
Hace falta olvidarnos de planteamientos moralistas que impiden las soluciones efectivas. La droga es mala. Pero también el alcohol. Sin embargo, el enfoque con el alcohol, de licenciamiento y control, ha sido tremendamente efectivo para controlar el crimen organizado y callejero. Hoy en día, nadie mata por una caneca de ron. Ese es el enfoque que debe tenerse también con la drogadicción. Ese es el cambio paradigmático que necesita Puerto Rico para resolver el problema de la criminalidad.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como dijimos en una columna anterior, para enderezar la democracia debemos hacer los planteamientos de manera valiente y exigir a los aspirantes a cargos públicos la adopción de las propuestas de los entendidos en las materias que con más probabilidad puedan resolver los serios problemas que tiene Puerto Rico. Lamentablemente, la inmensa mayoría de los políticos le piden el voto a los ciudadanos a base de propuestas acomodaticias, sin imaginación y que está probado que no resuelven los graves problemas que tenemos actualmente.
En la pasada columna discutimos la necesidad de adoptar un seguro universal de salud que rompa con las contradicciones e ineficiencias de la reforma de salud. Otro asunto contra el cual es necesario enfrentarse con soluciones dramáticas es el problema de la drogadicción. La drogadicción es una enfermedad y la fuente de la criminalidad. Sin embargo, es paradójico que mientras más esfuerzos se hacen para reprimirla y tratar de eliminarla, más florece. El tráfico de drogas responde a los mismos elementos socioeconómicos del tráfico ilegal del alcohol cuando se prohibió en los Estados Unidos a principios del siglo XX. La prohibición dio base al surgimiento de las pandillas y el crimen organizado. Esto porque mientras más esfuerzos se hacen para controlar el alcohol o las sustancias adictivas, por las leyes de oferta y demanda, más caro se pone el producto, y por ende, el adicto tiene que delinquir para conseguir el dinero adicional para adquirirlo. Esto resulta en la paradoja de que si el Estado incauta más drogas mediante la campaña de represión, más crímenes se cometen.
Por otro lado, los que trafican con el producto ilegal, se enriquecen cuando el Estado reprime e incauta el producto a otros competidores, porque entonces la escasez hace que su precio suba, y por ende, su margen de ganancia. El alto margen de ganancia hace que siempre haya gente disponible para entrar al tráfico ilegal. Por eso es que se arriesgan a matar por mantener su hegemonía. Arrestan o matan al tirador, y al otro día tenemos una persona que le sustituye. Por eso es que en el tráfico de drogas cada vez hay personas más jóvenes manejando los puntos. La campaña de represión del Estado ocasiona las guerras de pandillas por el dominio de este lucrativo mercado. Esto hace que la ola de asesinatos resulte incontrolable.
El secretario de Corrección, Lcdo. Miguel Pereira, planteó valientemente que debe utilizarse la alternativa de la medicación de la droga. La medicación y control de la droga por parte del Estado permitiría que los adictos tengan acceso a procesos de rehabilitación, porque no tendrían que adquirir la droga en la calle a precios exorbitantes. Si ya no hay tanta demanda por el producto, baja el interés de lucro, y por tanto, el de las personas que quieren entrar al tráfico de drogas por las ganancias que obtendrían. Esto reduciría las guerras y asesinatos pandilleros. Por otro lado, y tal vez el efecto más importante, los adictos que estén bajo programas de medicación de drogas no tendrían la necesidad de delinquir y podrían diseñarse estrategias para reincorporarlos a la vida productiva.
Hace falta olvidarnos de planteamientos moralistas que impiden las soluciones efectivas. La droga es mala. Pero también el alcohol. Sin embargo, el enfoque con el alcohol, de licenciamiento y control, ha sido tremendamente efectivo para controlar el crimen organizado y callejero. Hoy en día, nadie mata por una caneca de ron. Ese es el enfoque que debe tenerse también con la drogadicción. Ese es el cambio paradigmático que necesita Puerto Rico para resolver el problema de la criminalidad.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
miércoles, 17 de octubre de 2007
INDISPENSABLE UN SEGURO DE SALUD UNIVERSAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El reciente documental del cineasta Michael Moore titulado “Sicko”, explica en términos claros y contundentes la necesidad de una revolución en el sistema de salud de Puerto Rico. El modelo de la reforma de salud contiene una contradicción inherente e insalvable, pues expone a los médicos al dilema de determinar el tratamiento que se le va a brindar a un paciente médico indigente, siempre en contra de su interés pecuniario. Esto ocurre porque el médico recibe de la compañía aseguradora una cantidad fija mensual por cada paciente, que se conoce como “capitación”. Si el paciente tiene que hacerse un análisis de sangre o una prueba radiológica, el gasto de esas pruebas se le resta al ingreso del médico. Por tanto, mientras el médico más recete u ordene exámenes y pruebas diagnósticas, menos dinero gana.
La mayoría de los médicos ejercen este balance con mucho cuidado y sensibilidad hacia el paciente. Lamentablemente, las situaciones en las cuales se “racionan” los servicios a los pacientes son cada vez más frecuentes. Esa es una de las razones por las cuales se creó la Oficina de la Procuradora del Paciente. Sin embargo, no existen los recursos económicos que puedan fiscalizar adecuadamente este asunto, porque el problema puede surgir con cada paciente, con cada tratamiento, con cada receta. Racionar servicios por razones económicas no es legal ni moral. Cualquier persona que haya sufrido daños por esta conducta, puede recurrir al tribunal para reclamar daños y perjuicios.
El modelo de salud de Puerto Rico no está cumplimiento su cometido y es además demasiado costoso, porque existe un intermediario que es la compañía de seguros, quien se lleva en ganancias una parte de los fondos públicos que debieran dedicarse al cuidado médico.
Michael Moore demuestra que el sistema de Estados Unidos y por ende, el de Puerto Rico, que está basado en compañías de seguros, está en una crisis. Moore documenta una serie de casos terribles en los cuales las compañías aseguradoras deniegan cubierta de servicios en detrimento de sus clientes y en violación a los contratos de seguro. Para colmo, en Estados Unidos hay más de cuarenta millones de personas que no tienen seguro médico. Estas personas se exponen a que en cualquier momento un problema médico los lleve a la ruina económica.
Durante la presidencia de Bill Clinton, la ahora precandidata presidencial Hillary Clinton, se encargó de promover una revolución de salud que establecería un seguro universal parecido al de Canadá, Inglaterra o Francia. En estos países el sistema médico es financiado por el Estado, pero a base de unos criterios de calidad y excelencia extraordinarios.
Es indispensable reexaminar todo nuestro sistema de salud. Hay que mirar los que son exitosos en el resto del mundo. La implantación de un sistema de seguro universal de salud puede ser la alternativa que ofrezca equidad y libre acceso a los servicios médicos. Esta es una idea que los políticos en Puerto Rico tienen que abordar de frente. Alguno debe defender al pueblo apoyando la idea de un seguro de salud universal.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
El reciente documental del cineasta Michael Moore titulado “Sicko”, explica en términos claros y contundentes la necesidad de una revolución en el sistema de salud de Puerto Rico. El modelo de la reforma de salud contiene una contradicción inherente e insalvable, pues expone a los médicos al dilema de determinar el tratamiento que se le va a brindar a un paciente médico indigente, siempre en contra de su interés pecuniario. Esto ocurre porque el médico recibe de la compañía aseguradora una cantidad fija mensual por cada paciente, que se conoce como “capitación”. Si el paciente tiene que hacerse un análisis de sangre o una prueba radiológica, el gasto de esas pruebas se le resta al ingreso del médico. Por tanto, mientras el médico más recete u ordene exámenes y pruebas diagnósticas, menos dinero gana.
La mayoría de los médicos ejercen este balance con mucho cuidado y sensibilidad hacia el paciente. Lamentablemente, las situaciones en las cuales se “racionan” los servicios a los pacientes son cada vez más frecuentes. Esa es una de las razones por las cuales se creó la Oficina de la Procuradora del Paciente. Sin embargo, no existen los recursos económicos que puedan fiscalizar adecuadamente este asunto, porque el problema puede surgir con cada paciente, con cada tratamiento, con cada receta. Racionar servicios por razones económicas no es legal ni moral. Cualquier persona que haya sufrido daños por esta conducta, puede recurrir al tribunal para reclamar daños y perjuicios.
El modelo de salud de Puerto Rico no está cumplimiento su cometido y es además demasiado costoso, porque existe un intermediario que es la compañía de seguros, quien se lleva en ganancias una parte de los fondos públicos que debieran dedicarse al cuidado médico.
Michael Moore demuestra que el sistema de Estados Unidos y por ende, el de Puerto Rico, que está basado en compañías de seguros, está en una crisis. Moore documenta una serie de casos terribles en los cuales las compañías aseguradoras deniegan cubierta de servicios en detrimento de sus clientes y en violación a los contratos de seguro. Para colmo, en Estados Unidos hay más de cuarenta millones de personas que no tienen seguro médico. Estas personas se exponen a que en cualquier momento un problema médico los lleve a la ruina económica.
Durante la presidencia de Bill Clinton, la ahora precandidata presidencial Hillary Clinton, se encargó de promover una revolución de salud que establecería un seguro universal parecido al de Canadá, Inglaterra o Francia. En estos países el sistema médico es financiado por el Estado, pero a base de unos criterios de calidad y excelencia extraordinarios.
Es indispensable reexaminar todo nuestro sistema de salud. Hay que mirar los que son exitosos en el resto del mundo. La implantación de un sistema de seguro universal de salud puede ser la alternativa que ofrezca equidad y libre acceso a los servicios médicos. Esta es una idea que los políticos en Puerto Rico tienen que abordar de frente. Alguno debe defender al pueblo apoyando la idea de un seguro de salud universal.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
A ENDEREZAR LA DEMOCRACIA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Por circunstancias particulares y que no es necesario discutir en este momento, la democracia puertorriqueña no ha logrado su razón de ser. La democracia es su definición más simple, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, la democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos y la han virado al revés. El secuestro de la democracia por los partidos políticos es lo que ha llevado a los extremos de la debacle legislativa que estamos viviendo, las pugnas intrapartidistas y la traición del mandato del pueblo en torno a la unicameralidad.
El aspecto más sobresaliente del secuestro de nuestra democracia es que hemos permitido que sean los candidatos y los partidos políticos los que presenten ideas para el desarrollo económico y social de nuestro país. Las propuestas de los partidos han resultado ineficaces y nos tienen sumidos en una recesión y en una ausencia total de esperanza. No obstante, todavía se vislumbra luz al final del túnel.
La democracia actual hay que enderezarla. Corresponde a los ciudadanos, las organizaciones con y sin fines de lucro, la entidades de profesionales y a todos los grupos de interés, exponer y debatir con el pueblo las ideas para hacer el programa de gobierno que se debe exigir a los funcionarios electos, no importa el partido al que pertenezcan. Los políticos y partidos pueden seguir preparando su plataforma, pero a la hora de la implantación, el pueblo es el que tiene que definir la agenda y exigir su cumplimiento específico. Para que esto ocurra efectivamente hace falta el apoyo de todas las entidades preocupadas por el futuro del país.
Al recoger ideas de la ciudadanía, debatirlas y organizarlas para que los políticos se comprometan con ellas, estamos dictando cuál es el mandato del pueblo en torno al desarrollo económico, político y social. Las Cámaras de Comercio se encuentran en posiciones privilegiadas para palpar las realidades vigentes y poder hacer propuestas inteligentes de desarrollo. Por ende, la exhortación es que asuman un papel proactivo, que se consulte, se discuta y se presente a los políticos la agenda mandatoria del pueblo puertorriqueño. Estamos en una época ideal para este trámite pues las primarias se celebrarán en marzo de 2008. Los políticos que no se comprometan con esta agenda deben rechazarse en las urnas. Es la única manera que podemos salvar nuestra democracia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Por circunstancias particulares y que no es necesario discutir en este momento, la democracia puertorriqueña no ha logrado su razón de ser. La democracia es su definición más simple, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, la democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos y la han virado al revés. El secuestro de la democracia por los partidos políticos es lo que ha llevado a los extremos de la debacle legislativa que estamos viviendo, las pugnas intrapartidistas y la traición del mandato del pueblo en torno a la unicameralidad.
El aspecto más sobresaliente del secuestro de nuestra democracia es que hemos permitido que sean los candidatos y los partidos políticos los que presenten ideas para el desarrollo económico y social de nuestro país. Las propuestas de los partidos han resultado ineficaces y nos tienen sumidos en una recesión y en una ausencia total de esperanza. No obstante, todavía se vislumbra luz al final del túnel.
La democracia actual hay que enderezarla. Corresponde a los ciudadanos, las organizaciones con y sin fines de lucro, la entidades de profesionales y a todos los grupos de interés, exponer y debatir con el pueblo las ideas para hacer el programa de gobierno que se debe exigir a los funcionarios electos, no importa el partido al que pertenezcan. Los políticos y partidos pueden seguir preparando su plataforma, pero a la hora de la implantación, el pueblo es el que tiene que definir la agenda y exigir su cumplimiento específico. Para que esto ocurra efectivamente hace falta el apoyo de todas las entidades preocupadas por el futuro del país.
Al recoger ideas de la ciudadanía, debatirlas y organizarlas para que los políticos se comprometan con ellas, estamos dictando cuál es el mandato del pueblo en torno al desarrollo económico, político y social. Las Cámaras de Comercio se encuentran en posiciones privilegiadas para palpar las realidades vigentes y poder hacer propuestas inteligentes de desarrollo. Por ende, la exhortación es que asuman un papel proactivo, que se consulte, se discuta y se presente a los políticos la agenda mandatoria del pueblo puertorriqueño. Estamos en una época ideal para este trámite pues las primarias se celebrarán en marzo de 2008. Los políticos que no se comprometan con esta agenda deben rechazarse en las urnas. Es la única manera que podemos salvar nuestra democracia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
MÁS ALLÁ DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS Y EL VALOR AÑADIDO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Como explicamos en una columna previa la humanidad ha pasado por diferentes olas de desarrollo económico y social. La primera ola fue la agricultura, la segunda la industrialización, y la tercera es la época del conocimiento. Existen países como China en los cuales coinciden paralelamente esos tres grandes movimientos. Coexisten primitivos agrícolas, grandes industrias, y los más importantes en este momento, los sectores que manejan servicios, información y conocimiento. Ejemplos de estos sectores son la investigación, la conceptualización de nuevos productos, los profesionales, la banca y las telecomunicaciones. Estos sectores no fabrican productos, estos sectores ofrecen servicios o información pertinente y procesada, y por tanto, conocimiento.
Puerto Rico tuvo su época agraria hasta aproximadamente el año 1950, donde comenzó la industrialización. La industrialización basada en los incentivos industriales ha entrado en una profunda incertidumbre y recesión. El Puerto de Las Américas es un elemento esencial entre el paso de la época de la industrialización que se encuentra moribunda y la ola del conocimiento. Para poder desarrollar la economía del conocimiento es indispensable atender la investigación y desarrollo, no solamente en la biotecnología, sino en todas las ramas del desarrollo humano. Por ende, es correcto, aunque insuficiente, el enfoque que ha asumido el gobierno de Puerto Rico de privilegiar la biotecnología.
El desarrollo de una economía del conocimiento en Puerto Rico requiere que nos insertemos en los mercados internacionales mediante la globalización. La iniciación de Puerto Rico en la globalización no se puede dar sin el desarrollo pleno del Puerto de Las Américas “Rafael Cordero Santiago”. El Puerto de Las Américas es la entrada a la vinculación de Puerto Rico con los demás países del mundo que están desarrollando sus economías de conocimiento, y tenemos los recursos intelectuales y humanos para poder aprovecharnos de esta importante tendencia. Por ende, debemos como transición inescapable para el desarrrollo de la época del conocimiento, que desarrollar al máximo el Puerto de Las Américas. Pero debemos mirar por encima de ese horizonte, y visualizar que el objetivo último es después del valor añadido y desarrollar al máximo la economía de conocimiento.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Como explicamos en una columna previa la humanidad ha pasado por diferentes olas de desarrollo económico y social. La primera ola fue la agricultura, la segunda la industrialización, y la tercera es la época del conocimiento. Existen países como China en los cuales coinciden paralelamente esos tres grandes movimientos. Coexisten primitivos agrícolas, grandes industrias, y los más importantes en este momento, los sectores que manejan servicios, información y conocimiento. Ejemplos de estos sectores son la investigación, la conceptualización de nuevos productos, los profesionales, la banca y las telecomunicaciones. Estos sectores no fabrican productos, estos sectores ofrecen servicios o información pertinente y procesada, y por tanto, conocimiento.
Puerto Rico tuvo su época agraria hasta aproximadamente el año 1950, donde comenzó la industrialización. La industrialización basada en los incentivos industriales ha entrado en una profunda incertidumbre y recesión. El Puerto de Las Américas es un elemento esencial entre el paso de la época de la industrialización que se encuentra moribunda y la ola del conocimiento. Para poder desarrollar la economía del conocimiento es indispensable atender la investigación y desarrollo, no solamente en la biotecnología, sino en todas las ramas del desarrollo humano. Por ende, es correcto, aunque insuficiente, el enfoque que ha asumido el gobierno de Puerto Rico de privilegiar la biotecnología.
El desarrollo de una economía del conocimiento en Puerto Rico requiere que nos insertemos en los mercados internacionales mediante la globalización. La iniciación de Puerto Rico en la globalización no se puede dar sin el desarrollo pleno del Puerto de Las Américas “Rafael Cordero Santiago”. El Puerto de Las Américas es la entrada a la vinculación de Puerto Rico con los demás países del mundo que están desarrollando sus economías de conocimiento, y tenemos los recursos intelectuales y humanos para poder aprovecharnos de esta importante tendencia. Por ende, debemos como transición inescapable para el desarrrollo de la época del conocimiento, que desarrollar al máximo el Puerto de Las Américas. Pero debemos mirar por encima de ese horizonte, y visualizar que el objetivo último es después del valor añadido y desarrollar al máximo la economía de conocimiento.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
domingo, 23 de septiembre de 2007
LAS INTERROGANTES DEL DEBATE SOBRE LA CARGA SUELTA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Hace varias semanas publicamos un artículo titulado El Dilema de la Carga Suelta. En aquella ocasión dijimos que el gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan a Ponce, crea una situación muy compleja que es necesaria evaluar detenidamente.
En primer término, los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Segundo, existe un debate muy álgido sobre el verdadero impacto económico en el mercado de la transportación de la carga suelta. ¿Será más caro o barato operar desde Ponce? Tercero, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer, pero esto no debe ser a cuenta del desarrollo futuro del puerto. Cuarto, el lugar donde se pretende establecer las operaciones de carga suelta en Ponce es un muelle que va a desaparecer a corto plazo, pues será dragado para dar paso al canal de la tercera fase del Puerto de las Américas. Es decir, que dentro de tres a cuatro años tendremos el mismo problema de tener que volver a relocalizar las operaciones de carga suelta. ¿Dónde se van a ubicar? ¿En el área de furgones que es esencial para el valor añadido? ¿Sufriremos los rigores de la controversia actual en pocos años cuando haya que eliminar el muelle? Quinto, ¿quién debe beneficiarse de la operación desde Ponce? ¿Debe la Autoridad de los Puerto arrendar el muelle al Municipio de Ponce, cuando se puede contratar sin intermediarios con los operadores de carga suelta? ¿Si es así, cuánto debe pagar al Municipio de Ponce? ¿Cuánto más se incrementará el costo de operación si el dueño del muelle de Ponce, se lo arrienda a la Autoridad de los Puertos y esta entidad a los operadores? ¿Hace falta ese intermediario en la cadena de valor?
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está estudiando todas esas interrogantes para hacer una recomendación responsable sobre el futuro de la carga suelta. La situación recomienda prudencia y análisis sosegado. Esperamos por su respuesta.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Hace varias semanas publicamos un artículo titulado El Dilema de la Carga Suelta. En aquella ocasión dijimos que el gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan a Ponce, crea una situación muy compleja que es necesaria evaluar detenidamente.
En primer término, los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Segundo, existe un debate muy álgido sobre el verdadero impacto económico en el mercado de la transportación de la carga suelta. ¿Será más caro o barato operar desde Ponce? Tercero, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer, pero esto no debe ser a cuenta del desarrollo futuro del puerto. Cuarto, el lugar donde se pretende establecer las operaciones de carga suelta en Ponce es un muelle que va a desaparecer a corto plazo, pues será dragado para dar paso al canal de la tercera fase del Puerto de las Américas. Es decir, que dentro de tres a cuatro años tendremos el mismo problema de tener que volver a relocalizar las operaciones de carga suelta. ¿Dónde se van a ubicar? ¿En el área de furgones que es esencial para el valor añadido? ¿Sufriremos los rigores de la controversia actual en pocos años cuando haya que eliminar el muelle? Quinto, ¿quién debe beneficiarse de la operación desde Ponce? ¿Debe la Autoridad de los Puerto arrendar el muelle al Municipio de Ponce, cuando se puede contratar sin intermediarios con los operadores de carga suelta? ¿Si es así, cuánto debe pagar al Municipio de Ponce? ¿Cuánto más se incrementará el costo de operación si el dueño del muelle de Ponce, se lo arrienda a la Autoridad de los Puertos y esta entidad a los operadores? ¿Hace falta ese intermediario en la cadena de valor?
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está estudiando todas esas interrogantes para hacer una recomendación responsable sobre el futuro de la carga suelta. La situación recomienda prudencia y análisis sosegado. Esperamos por su respuesta.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
lunes, 17 de septiembre de 2007
El IMPACTO DEL PROSUMERISMO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El renombrado científico social Alvin Toffler, escribió un libro fundamental en la década de los 70 que se tituló “El Shock del Futuro”. En este libro Toffler advirtió a la humanidad sobre los cambios que ocasionaría el desarrollo de la economía y la tecnología. Gran parte de los cambios que predijo en esa época ya se han materializado. La historia económica de la humanidad ha pasado por tres inmensas olas. La primera, la agricultura. Luego, la época de la industrialización. Finalmente, estamos viviendo desde la década de los 50, la ola del conocimiento. Toffler plantea que ésta tercera ola está alcanzando su máximo desarrollo en occidente, ya concurre con las otras anteriores en el oriente y está cambiando todas las relaciones globales de producción, sociedad y economía. Uno de los elementos interesantes de sus proposiciones es el concepto del “prosumerismo”. En su último libro titulado “Riqueza Revolucionaria”, Toffler amplía su análisis sobre este concepto y explica algunas de sus consecuencias.
Si bien a partir del desarrollo de la era industrial todos nos fuimos convirtiendo en consumidores, según Toffler, los prosumidores somos ahora el sector fundamental de nuestra economía. El prosumidor es aquella persona que produce algunos o muchos de los bienes o servicios que finalmente consume. Cada vez que cortamos la grama del patio, reparamos algún equipo en el hogar, ayudamos a nuestros hijos en su educación o consultamos la Internet para indagar sobre alguna pregunta médica o jurídica, estamos produciendo y consumiendo. Toffler estima que el crecimiento del prosumerismo tiene un valor económico igual al de toda la economía global. El desarrollo del prosumerismo tiene grandes implicaciones para los modelos económicos contemporáneos, como por ejemplo, en las profesiones de servicio.
En la medida en que el consumidor puede utilizar la Internet para indagar sobre su salud física o mental, está resolviendo un problema de salud sin tener que recurrir a un médico o a un hospital. De la misma forma, cualquier persona que busque en el Internet puede encontrar información sobre las leyes y jurisprudencia de Puerto Rico. Los consumidores, clientes o pacientes están cada día más informados y recurren diariamente a construir sus soluciones sin tener que consultar a los profesionales licenciados por el Estado. Esto tiene ventajas y desventajas. Como ejemplo podemos señalar un ahorro en los costos por los servicios, pero también existe el peligro de que se cometan errores que afecten la salud o el tráfico jurídico. Sin embargo, la disponibilidad de la información hace improbable que se impida su aplicación personal, ya que las leyes sobre las profesiones lo que generalmente prohíben es que personas sin licencia ofrezcan el servicio a otras personas, pero no impiden que apliquen esos conocimientos en sus asuntos personales. Por ende, los profesionales como los médicos, abogados, contables van a sufrir una merma en solicitudes de sus servicios si es que no adoptan otras formas de prácticas profesionales.
Si disminuye la demanda por servicios profesionales porque muchas personas recurren a auto diagnosticarse, auto tratarse o auto ayudarse, qué alternativas le quedan a los profesionales. Se está creando un cambio paradigmático en el sector de servicios. Las profesiones tienen que ampliar la calidad de sus ofrecimientos para poder insertarse en la cadena de valor del prosumerismo. Ese es uno de los nuevos retos que trae la era del conocimiento. Sin duda, tenemos que estar pendiente y analizar lo que significa el prosumerismo para nuestra sociedad y economía para que podamos aprovecharlo para el desarrollo auto sustentable de nuestra país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El renombrado científico social Alvin Toffler, escribió un libro fundamental en la década de los 70 que se tituló “El Shock del Futuro”. En este libro Toffler advirtió a la humanidad sobre los cambios que ocasionaría el desarrollo de la economía y la tecnología. Gran parte de los cambios que predijo en esa época ya se han materializado. La historia económica de la humanidad ha pasado por tres inmensas olas. La primera, la agricultura. Luego, la época de la industrialización. Finalmente, estamos viviendo desde la década de los 50, la ola del conocimiento. Toffler plantea que ésta tercera ola está alcanzando su máximo desarrollo en occidente, ya concurre con las otras anteriores en el oriente y está cambiando todas las relaciones globales de producción, sociedad y economía. Uno de los elementos interesantes de sus proposiciones es el concepto del “prosumerismo”. En su último libro titulado “Riqueza Revolucionaria”, Toffler amplía su análisis sobre este concepto y explica algunas de sus consecuencias.
Si bien a partir del desarrollo de la era industrial todos nos fuimos convirtiendo en consumidores, según Toffler, los prosumidores somos ahora el sector fundamental de nuestra economía. El prosumidor es aquella persona que produce algunos o muchos de los bienes o servicios que finalmente consume. Cada vez que cortamos la grama del patio, reparamos algún equipo en el hogar, ayudamos a nuestros hijos en su educación o consultamos la Internet para indagar sobre alguna pregunta médica o jurídica, estamos produciendo y consumiendo. Toffler estima que el crecimiento del prosumerismo tiene un valor económico igual al de toda la economía global. El desarrollo del prosumerismo tiene grandes implicaciones para los modelos económicos contemporáneos, como por ejemplo, en las profesiones de servicio.
En la medida en que el consumidor puede utilizar la Internet para indagar sobre su salud física o mental, está resolviendo un problema de salud sin tener que recurrir a un médico o a un hospital. De la misma forma, cualquier persona que busque en el Internet puede encontrar información sobre las leyes y jurisprudencia de Puerto Rico. Los consumidores, clientes o pacientes están cada día más informados y recurren diariamente a construir sus soluciones sin tener que consultar a los profesionales licenciados por el Estado. Esto tiene ventajas y desventajas. Como ejemplo podemos señalar un ahorro en los costos por los servicios, pero también existe el peligro de que se cometan errores que afecten la salud o el tráfico jurídico. Sin embargo, la disponibilidad de la información hace improbable que se impida su aplicación personal, ya que las leyes sobre las profesiones lo que generalmente prohíben es que personas sin licencia ofrezcan el servicio a otras personas, pero no impiden que apliquen esos conocimientos en sus asuntos personales. Por ende, los profesionales como los médicos, abogados, contables van a sufrir una merma en solicitudes de sus servicios si es que no adoptan otras formas de prácticas profesionales.
Si disminuye la demanda por servicios profesionales porque muchas personas recurren a auto diagnosticarse, auto tratarse o auto ayudarse, qué alternativas le quedan a los profesionales. Se está creando un cambio paradigmático en el sector de servicios. Las profesiones tienen que ampliar la calidad de sus ofrecimientos para poder insertarse en la cadena de valor del prosumerismo. Ese es uno de los nuevos retos que trae la era del conocimiento. Sin duda, tenemos que estar pendiente y analizar lo que significa el prosumerismo para nuestra sociedad y economía para que podamos aprovecharlo para el desarrollo auto sustentable de nuestra país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
PROBLEMAS COMUNES EN LA ADMINISTRACIÓN DE UNA CORPORACIÓN
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Actualmente el proceso de incorporar una empresa parece muy sencillo. Se puede recurrir a la página de la Internet del Departamento de Estado y obtener el formulario de incorporación que tiene sólo dos páginas, y que permite que una vez se paguen los derechos, se inscriba la corporación. La mayoría de las personas comienzan a operar sus negocios con la creencia de que ya han cumplido con los requisitos de ley. Nada más lejos de la verdad.
La inscripción y pago de derechos en el Departamento de Estado es el primer paso en el proceso de cumplir con todos los requisitos de ley para lograr una corporación válida. Una de las ventajas fundamentales de tener un negocio incorporado es que existe responsabilidad limitada. Responsabilidad limita significa que generalmente las personas que son accionistas no responden por las obligaciones de la corporación. Al no responder por las obligaciones de la corporación, pueden llevar a cabo sus negocios con la seguridad de que los problemas corporativos no afectarán la estabilidad financiera personal o familiar. Esto es fundamental para el sistema económico capitalista. Sin embargo, si la corporación no está debidamente constituida porque faltan los trámites después del registro, esta responsabilidad limitada no existe.
Para que la corporación esté debidamente constituida es indispensable que se lleve a cabo la acción o reunión de los incorporadores; la elección de la junta de directores; la primera reunión de la junta de directores; la emisión de la cantidad y los tipos de acciones que correspondan; la apertura de la cuenta bancaria corporativa; la elección del sello corporativo; la aprobación del reglamento; y, que la junta de accionista ratifique los nombramientos de la junta de directores y sus actuaciones hasta ese momento.
Posteriormente, todas las determinaciones corporativas de envergadura deben consignarse por escrito en las minutas corporativas. Además, no se pueden mezclar los fondos corporativos con los personales. La contabilidad debe ser totalmente separada. Una corporación que no siga estos procedimientos, no protegerá a los accionistas. Para poder hacer estos trámites de manera confiable, consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Actualmente el proceso de incorporar una empresa parece muy sencillo. Se puede recurrir a la página de la Internet del Departamento de Estado y obtener el formulario de incorporación que tiene sólo dos páginas, y que permite que una vez se paguen los derechos, se inscriba la corporación. La mayoría de las personas comienzan a operar sus negocios con la creencia de que ya han cumplido con los requisitos de ley. Nada más lejos de la verdad.
La inscripción y pago de derechos en el Departamento de Estado es el primer paso en el proceso de cumplir con todos los requisitos de ley para lograr una corporación válida. Una de las ventajas fundamentales de tener un negocio incorporado es que existe responsabilidad limitada. Responsabilidad limita significa que generalmente las personas que son accionistas no responden por las obligaciones de la corporación. Al no responder por las obligaciones de la corporación, pueden llevar a cabo sus negocios con la seguridad de que los problemas corporativos no afectarán la estabilidad financiera personal o familiar. Esto es fundamental para el sistema económico capitalista. Sin embargo, si la corporación no está debidamente constituida porque faltan los trámites después del registro, esta responsabilidad limitada no existe.
Para que la corporación esté debidamente constituida es indispensable que se lleve a cabo la acción o reunión de los incorporadores; la elección de la junta de directores; la primera reunión de la junta de directores; la emisión de la cantidad y los tipos de acciones que correspondan; la apertura de la cuenta bancaria corporativa; la elección del sello corporativo; la aprobación del reglamento; y, que la junta de accionista ratifique los nombramientos de la junta de directores y sus actuaciones hasta ese momento.
Posteriormente, todas las determinaciones corporativas de envergadura deben consignarse por escrito en las minutas corporativas. Además, no se pueden mezclar los fondos corporativos con los personales. La contabilidad debe ser totalmente separada. Una corporación que no siga estos procedimientos, no protegerá a los accionistas. Para poder hacer estos trámites de manera confiable, consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
LA LEY 212 de 2002
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Ley 212 del 2002 establece incentivos contributivos a los que inviertan dinero en obras de construcción en los centros históricos. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está convencida de que la Ley 212 de 2002 es una de las leyes más extraordinarias para revitalizar los cascos históricos. Conforme a la Ley 212 y la de Municipios Autónomos, el Municipio de Ponce tiene la autoridad plena para evaluar los proyectos que se van a construir en el casco histórico para que cumplan con las disposiciones de Ley, de manera tal que se les conceda los créditos contributivos conforme a la inversión en materiales y mano de obra en que se incurra. Es decir, una vez que el Municipio Autónomo de Ponce evalúa una inversión que cumpla con los parámetros de la Ley 212, debe evidenciar la existencia de un crédito contributivo equivalente al valor en mano de obra y los materiales para que lo reconozca el Departamento de Hacienda.
Hay que recalcar que una de las principales bondades de esta Ley es que la inmensa mayoría de los proyectos de reconstrucción o desarrollo de edificios en el casco histórico de los municipios no son viables económicamente y que sin el crédito contributivo no sería posible obtener el objetivo de que nuestros cascos históricos vuelvan a ser los centros de actividad de vivienda, tráfico jurídico y comercial que fueron en el pasado y que es indispensable que vuelvan a convertirse.
Por otro lado, no puede perderse de vista que una vez se autoriza la construcción de un proyecto bajo la Ley 212, la inversión impacta casi todos los sectores económicos: El empleo, la venta de materiales, los contratistas, etc. El dinero fluye y crecen los indicadores económicos. Por tanto, el impacto que pueda tener el crédito contributivo en los recaudos del fisco se compensa por otras vías como el CRIM, arbitrios municipales, contribuciones sobre ingreso, etc. Es miope la visión de que la Ley 212 afecta la estabilidad económica del gobierno.
Lamentablemente, el Departamento de Hacienda aprobó un reglamento que reduce sustancialmente la cuantía de crédito contributivo lo que lo hace ineficaz para apoyar la viabilidad de los proyectos de construcción. El reglamento es contrario a las disposiciones claras de la Ley 212. Por tanto, debe declararse nulo. El Municipio Autónomo de Ponce ha impugnado este reglamento, sin embargo, lo ha aplicado a las solicitudes de beneficios bajo la Ley 212. Esto obliga a que cualquier solicitante que reciba el incentivo reducido que se concede bajo el reglamento del Departamento de Hacienda debe revisar administrativamente esta determinación en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, dentro de los 20 días a partir de que se deposita en el correo la notificación de la decisión. Si no se hace este trámite, podría ocurrir que no se pueda corregir la deficiencia en la concesión del incentivo, aunque eventualmente el Municipio de Ponce gane su impugnación del reglamento del Departamento de Hacienda.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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La Ley 212 del 2002 establece incentivos contributivos a los que inviertan dinero en obras de construcción en los centros históricos. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico está convencida de que la Ley 212 de 2002 es una de las leyes más extraordinarias para revitalizar los cascos históricos. Conforme a la Ley 212 y la de Municipios Autónomos, el Municipio de Ponce tiene la autoridad plena para evaluar los proyectos que se van a construir en el casco histórico para que cumplan con las disposiciones de Ley, de manera tal que se les conceda los créditos contributivos conforme a la inversión en materiales y mano de obra en que se incurra. Es decir, una vez que el Municipio Autónomo de Ponce evalúa una inversión que cumpla con los parámetros de la Ley 212, debe evidenciar la existencia de un crédito contributivo equivalente al valor en mano de obra y los materiales para que lo reconozca el Departamento de Hacienda.
Hay que recalcar que una de las principales bondades de esta Ley es que la inmensa mayoría de los proyectos de reconstrucción o desarrollo de edificios en el casco histórico de los municipios no son viables económicamente y que sin el crédito contributivo no sería posible obtener el objetivo de que nuestros cascos históricos vuelvan a ser los centros de actividad de vivienda, tráfico jurídico y comercial que fueron en el pasado y que es indispensable que vuelvan a convertirse.
Por otro lado, no puede perderse de vista que una vez se autoriza la construcción de un proyecto bajo la Ley 212, la inversión impacta casi todos los sectores económicos: El empleo, la venta de materiales, los contratistas, etc. El dinero fluye y crecen los indicadores económicos. Por tanto, el impacto que pueda tener el crédito contributivo en los recaudos del fisco se compensa por otras vías como el CRIM, arbitrios municipales, contribuciones sobre ingreso, etc. Es miope la visión de que la Ley 212 afecta la estabilidad económica del gobierno.
Lamentablemente, el Departamento de Hacienda aprobó un reglamento que reduce sustancialmente la cuantía de crédito contributivo lo que lo hace ineficaz para apoyar la viabilidad de los proyectos de construcción. El reglamento es contrario a las disposiciones claras de la Ley 212. Por tanto, debe declararse nulo. El Municipio Autónomo de Ponce ha impugnado este reglamento, sin embargo, lo ha aplicado a las solicitudes de beneficios bajo la Ley 212. Esto obliga a que cualquier solicitante que reciba el incentivo reducido que se concede bajo el reglamento del Departamento de Hacienda debe revisar administrativamente esta determinación en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, dentro de los 20 días a partir de que se deposita en el correo la notificación de la decisión. Si no se hace este trámite, podría ocurrir que no se pueda corregir la deficiencia en la concesión del incentivo, aunque eventualmente el Municipio de Ponce gane su impugnación del reglamento del Departamento de Hacienda.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
HÁGALO AHORA Y SIN ESTRÉS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
No queda duda de que estamos atravesando una severa recesión económica. Las recesiones económicas tienen impactos materiales y emocionales. En muchas ocasiones el impacto emocional ocasiona desánimo y cautela extrema que impiden el que las empresas alcancen sus metas y objetivos o que tomen riesgos económicos que produzcan resultados extraordinarios. En momentos de crisis económica, es indispensable que todo empleado o ejecutivo pueda hacer sus tareas de la manera más rápida, efectiva y sin estrés. Parte de la crisis empresarial y gubernamental que estamos atravesando es por falta de ejecución. Cada día se posterga más en las empresas y en el gobierno. El problema no es de planes o de estrategias, sino de cómo poner en vigor esos planes y estrategias.
Ejecutar es el proceso de materializar una idea o un plan. El no poder ejecutar tiene tremendo impacto emocional que ocasiona ansiedad, depresión y fracaso económico. Es en los momentos de crisis donde la creatividad y las ejecutorias extraordinarias distinguen a los líderes emprendedores. Por eso es que es indispensable planificar y tener las herramientas efectivas para poder ejecutar.
Para atender esta necesidad, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebrará su sexto seminario el día 30 de agosto del 2007 titulado “Hágalo ahora y sin estrés... el arte de la disciplina profesional para el éxito”. Este seminario será en el salón de la legislatura del Municipio Autónomo de Ponce, a las 6:00 de la tarde y cuenta con el co-auspicio de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. El seminario será libre de costo pero los espacios son limitados. Para reservar un espacio debe llamar al Bufete Emmanuelli C.S.P. al (787) 848-0666.
La Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli, C.S.P., se estableció el pasado mes de enero con el objetivo de proveer asesoramiento, consultoría y apoyo en las áreas Derecho y Administración de Empresas. Persigue educar a la comunidad empresarial sobre las oportunidades de negocio que representa el desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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No queda duda de que estamos atravesando una severa recesión económica. Las recesiones económicas tienen impactos materiales y emocionales. En muchas ocasiones el impacto emocional ocasiona desánimo y cautela extrema que impiden el que las empresas alcancen sus metas y objetivos o que tomen riesgos económicos que produzcan resultados extraordinarios. En momentos de crisis económica, es indispensable que todo empleado o ejecutivo pueda hacer sus tareas de la manera más rápida, efectiva y sin estrés. Parte de la crisis empresarial y gubernamental que estamos atravesando es por falta de ejecución. Cada día se posterga más en las empresas y en el gobierno. El problema no es de planes o de estrategias, sino de cómo poner en vigor esos planes y estrategias.
Ejecutar es el proceso de materializar una idea o un plan. El no poder ejecutar tiene tremendo impacto emocional que ocasiona ansiedad, depresión y fracaso económico. Es en los momentos de crisis donde la creatividad y las ejecutorias extraordinarias distinguen a los líderes emprendedores. Por eso es que es indispensable planificar y tener las herramientas efectivas para poder ejecutar.
Para atender esta necesidad, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebrará su sexto seminario el día 30 de agosto del 2007 titulado “Hágalo ahora y sin estrés... el arte de la disciplina profesional para el éxito”. Este seminario será en el salón de la legislatura del Municipio Autónomo de Ponce, a las 6:00 de la tarde y cuenta con el co-auspicio de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. El seminario será libre de costo pero los espacios son limitados. Para reservar un espacio debe llamar al Bufete Emmanuelli C.S.P. al (787) 848-0666.
La Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli, C.S.P., se estableció el pasado mes de enero con el objetivo de proveer asesoramiento, consultoría y apoyo en las áreas Derecho y Administración de Empresas. Persigue educar a la comunidad empresarial sobre las oportunidades de negocio que representa el desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
CÓMO EVITAR DEMANDAS EN EL TRIBUNAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Uno de los riesgos más grande que enfrenta un pequeño o mediano negocio es que confronte una demanda laboral o por daños y perjuicios. Esto obliga a la contratación de servicios profesionales y eventualmente, podría obligar al pago de una compensación monetaria que podía afectar severamente las finanzas de la empresa.
El proceso judicial es largo y costoso, pero no es el único mecanismo que existe para resolver las disputas. En Puerto Rico existe una política pública a los fines de que se atiendan las controversias personales o empresariales sin tener que recurrir al tribunal. Entre esos mecanismos de resolución de disputas que son alternativas al tribunal podemos mencionar la negociación, la mediación, la intervención neutral y el arbitraje. Cada uno de estos mecanismos tiene ventajas y desventajas que los empresarios deben evaluar con sus abogados a la hora de establecer cómo van a resolver sus disputas. Lo cierto es que generalmente son más económicos.
La ley establece que si dos partes contratan que cualquier disputa se resolverá recurriendo a un mecanismo alternativo de resolución, esto es vinculante y no se puede ir al tribunal hasta que no se cumpla con dicho procedimiento. En ese sentido, conviene a las empresas contratar en todos los aspectos, ya sea interna o externamente, cláusulas de resolución alternativa de conflictos, para que en caso de un problema, no se pueda recurrir al tribunal sin agotar el mecanismo de resolución de disputas.
Uno de los sectores que aprovecha muy bien los mecanismos de resolución de disputas es el de la construcción, ya que sus contratos generalmente tienen cláusulas de arbitraje. De esta manera, las partes tienen que ir a un procedimiento de arbitraje antes de que pueda recurrirse al tribunal. Toda empresa debe poner cláusulas de resolución de disputas en todos sus contratos, manuales, reglamentos y políticas. Estas cláusulas pueden redactarse de manera escalonada, de modo que se apliquen diferentes mecanismos de resolución de disputas antes de que haya la oportunidad de recurrir al tribunal.
El evitar riesgos que puedan perjudicar la empresa es indispensable para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Para más detalles consulte al abogado de su preferencia.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Uno de los riesgos más grande que enfrenta un pequeño o mediano negocio es que confronte una demanda laboral o por daños y perjuicios. Esto obliga a la contratación de servicios profesionales y eventualmente, podría obligar al pago de una compensación monetaria que podía afectar severamente las finanzas de la empresa.
El proceso judicial es largo y costoso, pero no es el único mecanismo que existe para resolver las disputas. En Puerto Rico existe una política pública a los fines de que se atiendan las controversias personales o empresariales sin tener que recurrir al tribunal. Entre esos mecanismos de resolución de disputas que son alternativas al tribunal podemos mencionar la negociación, la mediación, la intervención neutral y el arbitraje. Cada uno de estos mecanismos tiene ventajas y desventajas que los empresarios deben evaluar con sus abogados a la hora de establecer cómo van a resolver sus disputas. Lo cierto es que generalmente son más económicos.
La ley establece que si dos partes contratan que cualquier disputa se resolverá recurriendo a un mecanismo alternativo de resolución, esto es vinculante y no se puede ir al tribunal hasta que no se cumpla con dicho procedimiento. En ese sentido, conviene a las empresas contratar en todos los aspectos, ya sea interna o externamente, cláusulas de resolución alternativa de conflictos, para que en caso de un problema, no se pueda recurrir al tribunal sin agotar el mecanismo de resolución de disputas.
Uno de los sectores que aprovecha muy bien los mecanismos de resolución de disputas es el de la construcción, ya que sus contratos generalmente tienen cláusulas de arbitraje. De esta manera, las partes tienen que ir a un procedimiento de arbitraje antes de que pueda recurrirse al tribunal. Toda empresa debe poner cláusulas de resolución de disputas en todos sus contratos, manuales, reglamentos y políticas. Estas cláusulas pueden redactarse de manera escalonada, de modo que se apliquen diferentes mecanismos de resolución de disputas antes de que haya la oportunidad de recurrir al tribunal.
El evitar riesgos que puedan perjudicar la empresa es indispensable para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Para más detalles consulte al abogado de su preferencia.
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EL PLEITO DE CLASE EN CONTRA DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS POR SOBREFACTURACIÓN
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Recientemente transcendió en la prensa que un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había divulgado un esquema de facturación indebido, que perjudicaba a todos los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El esquema de facturación se basaba en un sistema de estimar la factura que resultaba en lecturas más altas de lo que debían ser y que muy pocos de los abonados hacían la reclamación, por lo que la mayoría pagaba el exceso facturado. Todos sabemos que ir a las oficinas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a reclamar un ajuste en la factura, es un trámite que toma varias horas. En muchas ocasiones, la respuesta de los funcionarios de la Autoridad, no es satisfactoria o toma mucho tiempo en que se ponga en vigor una investigación. Ante esta situación, muchos clientes aceptan pagar el exceso. La actuación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es ilegal y perjudica a los consumidores de una manera irrazonable por lo que se han radicado varios pleitos de clase en los que se reclama la devolución de los millones de dólares sobrefacturados.
Uno de los pleitos radicados es el de Amaris Coya Soto y otros vs la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la que se pide la devolución del dinero sobrefacturado a todas las personas afectadas. Un pleito de clase es un pleito en el cual si una parte puede representar adecuadamente los intereses y las reclamaciones que tiene y son similares a las de múltiples partes, puede llevar la acción en representación de todas las personas perjudicadas. Para esto, hay que probar que existe coincidencia entre las reclamaciones de la parte demandante y de los miembros de la clase, y se debe probar, en otras cosas, que se puede proteger adecuadamente sus intereses. El resultado de este pleito podría ocasionar el que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados revise todas las facturas desde el año 1994 y que haga un ajuste por todo el dinero sobrefacturado.
El pleito de clase es el mecanismo que existe para que se puedan revindicar los derechos de grandes sectores de la sociedad. En Puerto Rico prácticamente el 99.9% de las familias, son abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ya que tiene el monopolio de este servicio. Es indispensable que se haga justicia si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha sobrefacturado. De esta manera se protege el Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Recientemente transcendió en la prensa que un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había divulgado un esquema de facturación indebido, que perjudicaba a todos los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El esquema de facturación se basaba en un sistema de estimar la factura que resultaba en lecturas más altas de lo que debían ser y que muy pocos de los abonados hacían la reclamación, por lo que la mayoría pagaba el exceso facturado. Todos sabemos que ir a las oficinas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a reclamar un ajuste en la factura, es un trámite que toma varias horas. En muchas ocasiones, la respuesta de los funcionarios de la Autoridad, no es satisfactoria o toma mucho tiempo en que se ponga en vigor una investigación. Ante esta situación, muchos clientes aceptan pagar el exceso. La actuación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es ilegal y perjudica a los consumidores de una manera irrazonable por lo que se han radicado varios pleitos de clase en los que se reclama la devolución de los millones de dólares sobrefacturados.
Uno de los pleitos radicados es el de Amaris Coya Soto y otros vs la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la que se pide la devolución del dinero sobrefacturado a todas las personas afectadas. Un pleito de clase es un pleito en el cual si una parte puede representar adecuadamente los intereses y las reclamaciones que tiene y son similares a las de múltiples partes, puede llevar la acción en representación de todas las personas perjudicadas. Para esto, hay que probar que existe coincidencia entre las reclamaciones de la parte demandante y de los miembros de la clase, y se debe probar, en otras cosas, que se puede proteger adecuadamente sus intereses. El resultado de este pleito podría ocasionar el que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados revise todas las facturas desde el año 1994 y que haga un ajuste por todo el dinero sobrefacturado.
El pleito de clase es el mecanismo que existe para que se puedan revindicar los derechos de grandes sectores de la sociedad. En Puerto Rico prácticamente el 99.9% de las familias, son abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ya que tiene el monopolio de este servicio. Es indispensable que se haga justicia si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha sobrefacturado. De esta manera se protege el Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
LAS PRIMARIAS EN PONCE: MOMENTO PARA DEFINIR EL FUTURO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Por primera vez en mucho tiempo habrá primarias en el Partido Popular Democrático, en las que se reta al alcalde de Ponce. Este tipo de reto debe ser uno en el que los electores puedan decidir, a base de criterios objetivos, cuál es el candidato que conviene a nuestra ciudad. Para ello, no se puede depender en los ataques partidistas a los que recurren los políticos tradicionales para defender sus aspiraciones a los cargos electivos. El futuro de una ciudad no se puede desperdiciar en debates estériles. Es necesario abordar los asuntos de importancia de manera inteligente y sosegada.
Los aspirantes a la Alcaldía de Ponce deben definirse claramente sobre el futuro del Puerto de las Américas. El Puerto de las Américas debe ser el instrumento principal de desarrollo económico de la Región Sur, y para ello tiene que ser un Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido. Cualquier intención o esfuerzo de cambiar el puerto a otro concepto como el de carga suelta, uno turístico o cualquier otro que no permita que alcance su máximo desarrollo en transportación de productos de valor añadido, debe ser rechazado por los electores en las urnas.
Las zonas de valor añadido del Puerto de las Américas necesitan la atención inmediata del gobierno central, para que estén a tiempo a la hora en que termine la segunda fase del Puerto. Lamentablemente, no se ve un esfuerzo público de parte de las autoridades para que las zonas de valor añadido estén listas. Debe apoyarse la inversión privada para su desarrollo. Los propietarios de las fincas zonificadas como valor añadido pueden ser el motor fundamental de su implantación. Por tanto, hace falta legislación de incentivos industriales y de desarrollo privado para estas zonas.
El Aeropuerto Mercedita requiere la atención inmediata de las autoridades municipales para que sea el aeropuerto del Puerto de las Américas. Lamentablemente, el gobierno central estima que el aeropuerto del Puerto de las Américas, es el Aeropuerto de Aguadilla. Esto no tiene sentido, ya que el Aeropuerto Mercedita se encuentra a 10 minutos del Puerto. El desarrollo estratégico del Puerto de las Américas se verá gravemente afectado por esta política. Debe lucharse de frente y sin dilación por la ampliación de la pista para que pueda manejar carga y pasajeros y de manera que comience a tramitar vuelos internacionales.
La Ciudad de Ponce se merece un sistema de transportación público y políticas de desarrollo urbano que eliminen la dependencia en el automóvil. No es posible alcanzar un desarrollo auto sostenible a la luz del Puerto de las Américas, si la ciudad no cuenta con un sistema de transportación adecuado y nuevos criterios de desarrollo urbano. Ya es tiempo de que los líderes de la ciudad empiecen a plantearse de forma detenida este asunto. Las necesidades de convivencia social y el calentamiento global exigen un cambio radical en la forma en que nos transportamos y construimos viviendas.
Por último, es indispensable que el próximo Alcalde de Ponce se convierta en un campeón de los derechos y prerrogativas de la ciudad ante la cultura histórica del gobierno central de asignar el grueso de los recursos fiscales al desarrollo del área metropolitana. La agenda que hemos mencionado requiere una defensa férrea de nuestras prerrogativas como lo hizo Rafael Cordero Santiago. Si hay que ir al tribunal a reclamar, tenemos que hacerlo, aunque sea para litigar contra el gobierno que controla el partido. Hace falta un campeón que enfrente al gobierno central en defensa de los derechos de la ciudad. Sin este campeón, no podremos abordar los retos del futuro y lograr el desarrollo auto sostenible que nos merecemos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Por primera vez en mucho tiempo habrá primarias en el Partido Popular Democrático, en las que se reta al alcalde de Ponce. Este tipo de reto debe ser uno en el que los electores puedan decidir, a base de criterios objetivos, cuál es el candidato que conviene a nuestra ciudad. Para ello, no se puede depender en los ataques partidistas a los que recurren los políticos tradicionales para defender sus aspiraciones a los cargos electivos. El futuro de una ciudad no se puede desperdiciar en debates estériles. Es necesario abordar los asuntos de importancia de manera inteligente y sosegada.
Los aspirantes a la Alcaldía de Ponce deben definirse claramente sobre el futuro del Puerto de las Américas. El Puerto de las Américas debe ser el instrumento principal de desarrollo económico de la Región Sur, y para ello tiene que ser un Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido. Cualquier intención o esfuerzo de cambiar el puerto a otro concepto como el de carga suelta, uno turístico o cualquier otro que no permita que alcance su máximo desarrollo en transportación de productos de valor añadido, debe ser rechazado por los electores en las urnas.
Las zonas de valor añadido del Puerto de las Américas necesitan la atención inmediata del gobierno central, para que estén a tiempo a la hora en que termine la segunda fase del Puerto. Lamentablemente, no se ve un esfuerzo público de parte de las autoridades para que las zonas de valor añadido estén listas. Debe apoyarse la inversión privada para su desarrollo. Los propietarios de las fincas zonificadas como valor añadido pueden ser el motor fundamental de su implantación. Por tanto, hace falta legislación de incentivos industriales y de desarrollo privado para estas zonas.
El Aeropuerto Mercedita requiere la atención inmediata de las autoridades municipales para que sea el aeropuerto del Puerto de las Américas. Lamentablemente, el gobierno central estima que el aeropuerto del Puerto de las Américas, es el Aeropuerto de Aguadilla. Esto no tiene sentido, ya que el Aeropuerto Mercedita se encuentra a 10 minutos del Puerto. El desarrollo estratégico del Puerto de las Américas se verá gravemente afectado por esta política. Debe lucharse de frente y sin dilación por la ampliación de la pista para que pueda manejar carga y pasajeros y de manera que comience a tramitar vuelos internacionales.
La Ciudad de Ponce se merece un sistema de transportación público y políticas de desarrollo urbano que eliminen la dependencia en el automóvil. No es posible alcanzar un desarrollo auto sostenible a la luz del Puerto de las Américas, si la ciudad no cuenta con un sistema de transportación adecuado y nuevos criterios de desarrollo urbano. Ya es tiempo de que los líderes de la ciudad empiecen a plantearse de forma detenida este asunto. Las necesidades de convivencia social y el calentamiento global exigen un cambio radical en la forma en que nos transportamos y construimos viviendas.
Por último, es indispensable que el próximo Alcalde de Ponce se convierta en un campeón de los derechos y prerrogativas de la ciudad ante la cultura histórica del gobierno central de asignar el grueso de los recursos fiscales al desarrollo del área metropolitana. La agenda que hemos mencionado requiere una defensa férrea de nuestras prerrogativas como lo hizo Rafael Cordero Santiago. Si hay que ir al tribunal a reclamar, tenemos que hacerlo, aunque sea para litigar contra el gobierno que controla el partido. Hace falta un campeón que enfrente al gobierno central en defensa de los derechos de la ciudad. Sin este campeón, no podremos abordar los retos del futuro y lograr el desarrollo auto sostenible que nos merecemos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
domingo, 22 de julio de 2007
EL DILEMA DE LA CARGA SUELTA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Esto tendrá el efecto de que sea necesario mover operaciones de carga suelta para otra instalación portuaria en Puerto Rico. Se está considerando que este puerto sea el de Ponce. La carga suelta es la carga que no puede transportarse en contenedores, tales como maquinaria, piedra, arena, chatarra, etc. Los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Si se toma esta decisión, y ante la probabilidad de que se tengan que trasladar las operaciones al Puerto de Ponce, de seguro se ocasionará inconvenientes a las empresas que ya están ajustadas a la operación en San Juan.
Por otro lado, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan, crea un dilema que es necesario evaluar detenidamente.
Como regla general, la carga suelta no genera valor añadido. Por otro lado, ocupa mucho espacio en los puertos, lo que reduce su rentabilidad económica. En este momento el Puerto de Ponce no tiene la capacidad necesaria para manejar la carga suelta que se pretende mover desde San Juan, sin comprometer o afectar las oportunidades de desarrollo para manejar contenedores que son el futuro rentable del puerto. En ese sentido, aunque por un lado es importante que se muevan otras operaciones de carga al Puerto de Ponce, también es requisito que estas operaciones sean compatibles con el futuro del Puerto de las Américas.
El futuro del Puerto de las Américas es el manejo de furgones que traigan productos que puedan trabajarse en las áreas de valor añadido. No debe moverse la carga suelta al Puerto de Ponce si el objetivo del gobierno central es meramente resolver un problema al Puerto de San Juan, sin tomar en cuenta las necesidades del Puerto de las Américas. El Alcalde de Ponce, los directivos encargados del Puerto de Ponce, de la Autoridad del Puerto de las Américas y de la Autoridad de los Puertos del ELA, deben discutir este dilema a los fines de no perjudicar el futuro del desarrollo económico de la Región Sur.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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El gobierno central, por conducto de la Autoridad de los Puertos, tiene planificado liberar miles de pies lineales de muelles del Puerto de San Juan, para dedicarlos a desarrollos privados comerciales, residenciales y turísticos. Esto tendrá el efecto de que sea necesario mover operaciones de carga suelta para otra instalación portuaria en Puerto Rico. Se está considerando que este puerto sea el de Ponce. La carga suelta es la carga que no puede transportarse en contenedores, tales como maquinaria, piedra, arena, chatarra, etc. Los sectores empresariales y obreros del Puerto de San Juan han levantado su voz de protesta ante la merma de negocio que ocasionará este movimiento. Si se toma esta decisión, y ante la probabilidad de que se tengan que trasladar las operaciones al Puerto de Ponce, de seguro se ocasionará inconvenientes a las empresas que ya están ajustadas a la operación en San Juan.
Por otro lado, el Puerto de Ponce necesita incrementar su movimiento de carga para que sea uno más atractivo al operador que se contratará para manejar el Puerto de Transbordo Internacional con Valor Añadido que se quiere establecer. Sin embargo, la determinación de querer mover la carga suelta de San Juan, crea un dilema que es necesario evaluar detenidamente.
Como regla general, la carga suelta no genera valor añadido. Por otro lado, ocupa mucho espacio en los puertos, lo que reduce su rentabilidad económica. En este momento el Puerto de Ponce no tiene la capacidad necesaria para manejar la carga suelta que se pretende mover desde San Juan, sin comprometer o afectar las oportunidades de desarrollo para manejar contenedores que son el futuro rentable del puerto. En ese sentido, aunque por un lado es importante que se muevan otras operaciones de carga al Puerto de Ponce, también es requisito que estas operaciones sean compatibles con el futuro del Puerto de las Américas.
El futuro del Puerto de las Américas es el manejo de furgones que traigan productos que puedan trabajarse en las áreas de valor añadido. No debe moverse la carga suelta al Puerto de Ponce si el objetivo del gobierno central es meramente resolver un problema al Puerto de San Juan, sin tomar en cuenta las necesidades del Puerto de las Américas. El Alcalde de Ponce, los directivos encargados del Puerto de Ponce, de la Autoridad del Puerto de las Américas y de la Autoridad de los Puertos del ELA, deben discutir este dilema a los fines de no perjudicar el futuro del desarrollo económico de la Región Sur.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
RECHAZADA LA RUPTURA IRREPARABLE COMO CAUSAL DE DIVORCIO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El divorcio por ruptura irreparable se hizo famoso cuando la pasada gobernadora, Sila M. Calderón, se divorció del Sr. Ramón Cantero Frau. Después de este divorcio, llovieron las peticiones de divorcio por ruptura irreparable que eran de dos tipos:
• Petición de divorcio por ruptura irreparable, donde los dos cónyuges estaban de acuerdo en divorciarse, pero que no querían tomar las determinaciones o estipulaciones sobre los hijos y la división de los bienes gananciales;
• Petición unilateral de ruptura irreparable por uno de los dos cónyuges, sin que existiera un acuerdo del otro cónyuge para el divorcio.
La causal de ruptura irreparable no se encuentra establecida en el Código Civil. Lo más parecido a esta causal es el divorcio por consentimiento mutuo reconocido en el caso Figueroa Ferrer vs. ELA, que establece que los cónyuges tienen que estar de acuerdo en que no pueden continuar casados y deben establecer estipulaciones sobre los hijos y la división de los bienes gananciales. Aunque el divorcio por ruptura irreparable puede ser una modalidad de consentimiento mutuo sin tener que establecer estipulaciones, lo más controversial es que permite una modalidad en que uno de los cónyuges entiende que ya no es posible cumplir con los fines para los cuales se constituyó el matrimonio, y pide al Tribunal que lo divorcie, aunque el otro cónyuge no esté de acuerdo. Recientemente, el Tribunal Supremo resolvió que esto no es posible por consideraciones de debido proceso de ley y orden público. Las Juezas Asociadas Rodríguez Rodríguez y Fiol Matta se opusieron a esta determinación del Tribunal argumentando que debe existir la autonomía de la voluntad para obtener este divorcio, basada en la libertad e intimidad, y que esto ayudaría a que personas puedan liberarse de relaciones enfermizas o violentas.
Si bien es cierto que la opinión del Tribunal Supremo sobre este asunto puede interpretarse como que ya no existe la causal de ruptura irreparable, sea un su forma acordada o unilateral, es probable que la interpretación más correcta sea que puede alegarse la ruptura irreparable del matrimonio, siempre y cuando los cónyuges estén de acuerdo en el divorcio. El problema de que uno solo de los cónyuges alegue que hay una ruptura irreparable en el matrimonio, es que el otro cónyuge puede oponerse, y si lo hace, el Tribunal tiene que darle todos los derechos reconocidos a la parte opositora para que establezca que no existe la ruptura irreparable. Esto daría base a un pleito contencioso que no se diferenciaría de los casos de divorcio por alguna otra de las causales que establece el Código Civil.
A la luz de esta decisión del Tribunal Supremo, para que la ruptura irreparable sea viable, es necesario legislación. El Código Civil de P.R. podría enmendarse para que se considere la situación de una persona que decida que ya no debe estar casada con otra, y pueda divorciarse legalmente, para por ejemplo, protegerse de situaciones de abuso o de violencia doméstica.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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El divorcio por ruptura irreparable se hizo famoso cuando la pasada gobernadora, Sila M. Calderón, se divorció del Sr. Ramón Cantero Frau. Después de este divorcio, llovieron las peticiones de divorcio por ruptura irreparable que eran de dos tipos:
• Petición de divorcio por ruptura irreparable, donde los dos cónyuges estaban de acuerdo en divorciarse, pero que no querían tomar las determinaciones o estipulaciones sobre los hijos y la división de los bienes gananciales;
• Petición unilateral de ruptura irreparable por uno de los dos cónyuges, sin que existiera un acuerdo del otro cónyuge para el divorcio.
La causal de ruptura irreparable no se encuentra establecida en el Código Civil. Lo más parecido a esta causal es el divorcio por consentimiento mutuo reconocido en el caso Figueroa Ferrer vs. ELA, que establece que los cónyuges tienen que estar de acuerdo en que no pueden continuar casados y deben establecer estipulaciones sobre los hijos y la división de los bienes gananciales. Aunque el divorcio por ruptura irreparable puede ser una modalidad de consentimiento mutuo sin tener que establecer estipulaciones, lo más controversial es que permite una modalidad en que uno de los cónyuges entiende que ya no es posible cumplir con los fines para los cuales se constituyó el matrimonio, y pide al Tribunal que lo divorcie, aunque el otro cónyuge no esté de acuerdo. Recientemente, el Tribunal Supremo resolvió que esto no es posible por consideraciones de debido proceso de ley y orden público. Las Juezas Asociadas Rodríguez Rodríguez y Fiol Matta se opusieron a esta determinación del Tribunal argumentando que debe existir la autonomía de la voluntad para obtener este divorcio, basada en la libertad e intimidad, y que esto ayudaría a que personas puedan liberarse de relaciones enfermizas o violentas.
Si bien es cierto que la opinión del Tribunal Supremo sobre este asunto puede interpretarse como que ya no existe la causal de ruptura irreparable, sea un su forma acordada o unilateral, es probable que la interpretación más correcta sea que puede alegarse la ruptura irreparable del matrimonio, siempre y cuando los cónyuges estén de acuerdo en el divorcio. El problema de que uno solo de los cónyuges alegue que hay una ruptura irreparable en el matrimonio, es que el otro cónyuge puede oponerse, y si lo hace, el Tribunal tiene que darle todos los derechos reconocidos a la parte opositora para que establezca que no existe la ruptura irreparable. Esto daría base a un pleito contencioso que no se diferenciaría de los casos de divorcio por alguna otra de las causales que establece el Código Civil.
A la luz de esta decisión del Tribunal Supremo, para que la ruptura irreparable sea viable, es necesario legislación. El Código Civil de P.R. podría enmendarse para que se considere la situación de una persona que decida que ya no debe estar casada con otra, y pueda divorciarse legalmente, para por ejemplo, protegerse de situaciones de abuso o de violencia doméstica.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
EL GRAN JURADO FEDERAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La controversia sobre la investigación por el Gran Jurado Federal sobre el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, hace necesario una explicación del trasfondo y contenido de esta institución investigativa. El Gran Jurado se estableció en la Carta Magna Inglesa de principios del siglo XII y luego fue adoptado por las colonias y la Constitución Federal. En su origen tuvo el objetivo de poner a los ciudadanos de la comunidad al frente de las investigaciones criminales para evitar abusos de las autoridades, particularmente el rey. Actualmente, el Gran Jurado está compuesto por entre 16 y 23 miembros que se deben escoger al azar en la comunidad, y que escuchan la prueba que les presenta un Fiscal Federal, en secreto y a puerta cerrada, y luego determina si procede hacer una acusación. Para que se determine una acusación es indispensable la concurrencia de por lo menos 12 votos y que la Fiscalía endose la determinación.
El Gran Jurado Federal puede solicitar información a cualquier persona en la forma de testimonio o de documentos. Cualquier persona que sea notificada de un requerimiento de información, ya sea testifical o documental, puede oponerse alegando que la información es privilegiada, es decir, que no procede divulgarla por razón de Ley, como el caso del privilegio contra la autoincriminación. También podría presentar una moción para que se limite el ámbito del descubrimiento para evitar que sea oneroso o abusivo. Cuando una persona es requerida a testificar, puede comparecer acompañada de un abogado, pero el abogado no puede entrar al recinto donde se encuentra el Gran Jurado. Esta persona solamente puede recibir consejos legales, si así lo solicita, y sale del salón donde está testificando y consulta a su abogado.
Cualquier persona que tenga conocimiento de la información que se ventila en el salón del Gran Jurado y que la divulgue, puede ser objeto de desacato por el Tribunal o de acusaciones criminales. Las únicas personas que pueden comentar sobre los procedimientos, son los testigos que declaren ante el Gran Jurado. La secretividad del Gran Jurado tiene el propósito de ayudar a que los testigos sean más espontáneos y digan la verdad, evitar que cualquier persona investigada pueda abandonar la jurisdicción, y proteger a las personas que puedan ser mencionadas en la investigación, pero que finalmente no sea acusadas.
El origen medieval de la institución del Gran Jurado le hace padecer de dos males que vulneran su confiabilidad y ajuste al ordenamiento constitucional contemporáneo de libertades civiles y juego limpio e imparcial que debe prevalecer en el trámite investigativo y judicial. En primer término, el que el Gran Jurado sólo escuche la versión de la Fiscalía Federal, le pone en desventaja ante la necesidad de descubrir la verdad, porque los investigados no pueden presentar prueba a su favor. En segundo término, el asunto se complica cuando se toma en cuenta que ni los testigos ni los investigados tienen derecho a estar representados por abogado durante las audiencias.
A pesar de la secretividad que se supone exista en el proceso, en el caso de Hon. Aníbal Acevedo Vilá han ocurrido una infinidad de filtraciones que inciden sobre la imparcialidad y confiabilidad del proceso. Estos rumores que surgen de las personas que están involucradas al trámite, han ocasionado gran desasosiego e inestabilidad en el panorama político y constitucional de Puerto Rico. Deben tomarse todas las medidas necesarias para que cese este tipo de filtración de información y que se resuelva finalmente y rápidamente si existe o no causa probable para procesar a las personas que sean responsables. De no existir causa probable, el proceso debe terminar inmediatamente. Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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La controversia sobre la investigación por el Gran Jurado Federal sobre el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, hace necesario una explicación del trasfondo y contenido de esta institución investigativa. El Gran Jurado se estableció en la Carta Magna Inglesa de principios del siglo XII y luego fue adoptado por las colonias y la Constitución Federal. En su origen tuvo el objetivo de poner a los ciudadanos de la comunidad al frente de las investigaciones criminales para evitar abusos de las autoridades, particularmente el rey. Actualmente, el Gran Jurado está compuesto por entre 16 y 23 miembros que se deben escoger al azar en la comunidad, y que escuchan la prueba que les presenta un Fiscal Federal, en secreto y a puerta cerrada, y luego determina si procede hacer una acusación. Para que se determine una acusación es indispensable la concurrencia de por lo menos 12 votos y que la Fiscalía endose la determinación.
El Gran Jurado Federal puede solicitar información a cualquier persona en la forma de testimonio o de documentos. Cualquier persona que sea notificada de un requerimiento de información, ya sea testifical o documental, puede oponerse alegando que la información es privilegiada, es decir, que no procede divulgarla por razón de Ley, como el caso del privilegio contra la autoincriminación. También podría presentar una moción para que se limite el ámbito del descubrimiento para evitar que sea oneroso o abusivo. Cuando una persona es requerida a testificar, puede comparecer acompañada de un abogado, pero el abogado no puede entrar al recinto donde se encuentra el Gran Jurado. Esta persona solamente puede recibir consejos legales, si así lo solicita, y sale del salón donde está testificando y consulta a su abogado.
Cualquier persona que tenga conocimiento de la información que se ventila en el salón del Gran Jurado y que la divulgue, puede ser objeto de desacato por el Tribunal o de acusaciones criminales. Las únicas personas que pueden comentar sobre los procedimientos, son los testigos que declaren ante el Gran Jurado. La secretividad del Gran Jurado tiene el propósito de ayudar a que los testigos sean más espontáneos y digan la verdad, evitar que cualquier persona investigada pueda abandonar la jurisdicción, y proteger a las personas que puedan ser mencionadas en la investigación, pero que finalmente no sea acusadas.
El origen medieval de la institución del Gran Jurado le hace padecer de dos males que vulneran su confiabilidad y ajuste al ordenamiento constitucional contemporáneo de libertades civiles y juego limpio e imparcial que debe prevalecer en el trámite investigativo y judicial. En primer término, el que el Gran Jurado sólo escuche la versión de la Fiscalía Federal, le pone en desventaja ante la necesidad de descubrir la verdad, porque los investigados no pueden presentar prueba a su favor. En segundo término, el asunto se complica cuando se toma en cuenta que ni los testigos ni los investigados tienen derecho a estar representados por abogado durante las audiencias.
A pesar de la secretividad que se supone exista en el proceso, en el caso de Hon. Aníbal Acevedo Vilá han ocurrido una infinidad de filtraciones que inciden sobre la imparcialidad y confiabilidad del proceso. Estos rumores que surgen de las personas que están involucradas al trámite, han ocasionado gran desasosiego e inestabilidad en el panorama político y constitucional de Puerto Rico. Deben tomarse todas las medidas necesarias para que cese este tipo de filtración de información y que se resuelva finalmente y rápidamente si existe o no causa probable para procesar a las personas que sean responsables. De no existir causa probable, el proceso debe terminar inmediatamente. Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
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jueves, 28 de junio de 2007
El PUEBLO TIENE DERECHO A UN SISTEMA UNICAMERAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Un grupo de electores que voto a favor de la unicameralidad a recurrido ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ha pedido al Tribunal Supremo que asuma su jurisdicción mediante el mecanismo de certificación y resuelva si se puede obligar a los legisladores de Puerto Rico a cumplir con el mandato de la unicameralidad. El Tribunal Supremo tendrá antes si un caso histórico para el desarrollo de nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático depende de que el pueblo tenga la confianza de que su voto en las urnas es respetado y de que una vez consultado para cualquier enmienda constitucional, el Estado va a cumplir con el resultado de referéndum a pesar de que no le guste el resultado. Lamentablemente el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, desestimó el caso al determinar que se ha tratado de una cuestión política y que no es posible obligar a los legisladores a llevar a cabo las acciones que requiere el referéndum de la unicameralidad. Discrepo firmemente de esta decisión ya que lo que se pide es que se ordene a la legislatura a presentar un proyecto para que el pueblo vote si lo acepta o no lo acepta. El mandato del pueblo fue claro. Presenten un proyecto a nuestra consideración para determinar el tipo de sistema unicameral que se debe implantar. No entendemos que exista una cuestión política porque esto no envuelve discreción o juicio valorativo o legislativo. Lo que involucra es cumplir con un trabajo ministerial. Un trabajo ministerial es un trabajo que el deber del cargo obliga. Y en este caso, el mandato del pueblo en el referéndum es que los legisladores, que se dedican a legislar, presenten un proyecto de ley sobre una legislatura unicameral.
El caso de la unicameralidad va a ser un caso histórico porque va a definir si vivimos en un régimen democrático o en una tiranía constitucional. El pueblo merece el sistema que se respete su voluntad democrática. El pueblo merece su debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Un grupo de electores que voto a favor de la unicameralidad a recurrido ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ha pedido al Tribunal Supremo que asuma su jurisdicción mediante el mecanismo de certificación y resuelva si se puede obligar a los legisladores de Puerto Rico a cumplir con el mandato de la unicameralidad. El Tribunal Supremo tendrá antes si un caso histórico para el desarrollo de nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático depende de que el pueblo tenga la confianza de que su voto en las urnas es respetado y de que una vez consultado para cualquier enmienda constitucional, el Estado va a cumplir con el resultado de referéndum a pesar de que no le guste el resultado. Lamentablemente el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, desestimó el caso al determinar que se ha tratado de una cuestión política y que no es posible obligar a los legisladores a llevar a cabo las acciones que requiere el referéndum de la unicameralidad. Discrepo firmemente de esta decisión ya que lo que se pide es que se ordene a la legislatura a presentar un proyecto para que el pueblo vote si lo acepta o no lo acepta. El mandato del pueblo fue claro. Presenten un proyecto a nuestra consideración para determinar el tipo de sistema unicameral que se debe implantar. No entendemos que exista una cuestión política porque esto no envuelve discreción o juicio valorativo o legislativo. Lo que involucra es cumplir con un trabajo ministerial. Un trabajo ministerial es un trabajo que el deber del cargo obliga. Y en este caso, el mandato del pueblo en el referéndum es que los legisladores, que se dedican a legislar, presenten un proyecto de ley sobre una legislatura unicameral.
El caso de la unicameralidad va a ser un caso histórico porque va a definir si vivimos en un régimen democrático o en una tiranía constitucional. El pueblo merece el sistema que se respete su voluntad democrática. El pueblo merece su debido proceso de ley.
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NUEVO PROYECTO DE REGLAS DE DERECHO PROBATORIO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la facultad constitucional de preparar Reglas de Derecho de la Prueba, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil. Esta facultad constitucional se fundamenta en que se trata de las reglas que regulan los procesos de resolución de los casos judiciales. Las reglas actuales tienen ya muchos años de vigencia, y han sufrido múltiples cambios por la vía legislativa, y mediante interpretación judicial. Por ejemplo, las Reglas de Procedimiento Criminal, que gobiernan el trámite de los casos criminales son del año 1963. Las Reglas de Derecho Probatorio y de Procedimiento Civil, se originaron en 1979. Por tanto, ya es imperiosa una revisión de dichos cuerpos de normas.
El pasado 10 de abril de 2007, el Comité Permanente para la Revisión de las Reglas de Derecho Probatorio del Tribunal Supremo, al cual me honra pertenecer, entregó al Juez Presidente, Honorable Federico Hernández Delton, el informe de revisión de las Reglas de Derecho Probatorio. Las Reglas de Derecho Probatorio son las que regulan el proceso de juicio. Esto incluye, el proceso de presentación e interrogatorio de los testigos, la presentación de la prueba física y documental y el orden y modo de cómo se conduce el juicio. El nuevo estudio preparado por el Comité contó con el apoyo de jueces, abogados y profesores de esa área, e incorporó los más avanzados desarrollos de las reglas del juicio, para que contemos con un cuerpo de Reglas adaptado a nuestras necesidades.
El proceso de aprobación de las nuevas Reglas de Derecho Probatorio pasará por varias etapas que incluyen divulgación masiva, vistas públicas y también comentarios mediante la vía electrónica. Cualquier persona puede tener acceso a este proyecto, y podrá emitir sus comentarios al respecto visitando la página de Internet del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una vez concluya el trámite de recibir las reacciones o comentarios, se llevará a cabo una Conferencia Judicial, en la cual los jueces y estudiosos del Derecho podrán emitir sus comentarios y análisis finales para que el proyecto esté listo para consideración de los Honorables jueces del Tribunal Supremo.
Una vez el Tribunal aprueben el proyecto por virtud de la Constitución, se someterá a la Asamblea Legislativa, y si la Asamblea Legislativa no actúa en 60 días, se aprobarán las nuevas Reglas de Derecho Probatorio. Para que las Reglas no entren en vigor, la Asamblea Legislativa tendría que rechazarlas mediante ley expresa. La Asamblea Legislativa conserva la facultad de recibir el proyecto y enmendarlo conforme a su mejor parecer, y se seguiría el trámite de cualquier otra ley.
Las Reglas de Derecho Probatorio garantizan el Debido Proceso de Ley. Ya es tiempo de que se apruebe un nuevo grupo de reglas que contengan los más avanzados desarrollos de los trámites del juicio. Esto permitirá que todos gocemos de justicia rápida y económica.
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Especial para La Perla del Sur
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la facultad constitucional de preparar Reglas de Derecho de la Prueba, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil. Esta facultad constitucional se fundamenta en que se trata de las reglas que regulan los procesos de resolución de los casos judiciales. Las reglas actuales tienen ya muchos años de vigencia, y han sufrido múltiples cambios por la vía legislativa, y mediante interpretación judicial. Por ejemplo, las Reglas de Procedimiento Criminal, que gobiernan el trámite de los casos criminales son del año 1963. Las Reglas de Derecho Probatorio y de Procedimiento Civil, se originaron en 1979. Por tanto, ya es imperiosa una revisión de dichos cuerpos de normas.
El pasado 10 de abril de 2007, el Comité Permanente para la Revisión de las Reglas de Derecho Probatorio del Tribunal Supremo, al cual me honra pertenecer, entregó al Juez Presidente, Honorable Federico Hernández Delton, el informe de revisión de las Reglas de Derecho Probatorio. Las Reglas de Derecho Probatorio son las que regulan el proceso de juicio. Esto incluye, el proceso de presentación e interrogatorio de los testigos, la presentación de la prueba física y documental y el orden y modo de cómo se conduce el juicio. El nuevo estudio preparado por el Comité contó con el apoyo de jueces, abogados y profesores de esa área, e incorporó los más avanzados desarrollos de las reglas del juicio, para que contemos con un cuerpo de Reglas adaptado a nuestras necesidades.
El proceso de aprobación de las nuevas Reglas de Derecho Probatorio pasará por varias etapas que incluyen divulgación masiva, vistas públicas y también comentarios mediante la vía electrónica. Cualquier persona puede tener acceso a este proyecto, y podrá emitir sus comentarios al respecto visitando la página de Internet del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una vez concluya el trámite de recibir las reacciones o comentarios, se llevará a cabo una Conferencia Judicial, en la cual los jueces y estudiosos del Derecho podrán emitir sus comentarios y análisis finales para que el proyecto esté listo para consideración de los Honorables jueces del Tribunal Supremo.
Una vez el Tribunal aprueben el proyecto por virtud de la Constitución, se someterá a la Asamblea Legislativa, y si la Asamblea Legislativa no actúa en 60 días, se aprobarán las nuevas Reglas de Derecho Probatorio. Para que las Reglas no entren en vigor, la Asamblea Legislativa tendría que rechazarlas mediante ley expresa. La Asamblea Legislativa conserva la facultad de recibir el proyecto y enmendarlo conforme a su mejor parecer, y se seguiría el trámite de cualquier otra ley.
Las Reglas de Derecho Probatorio garantizan el Debido Proceso de Ley. Ya es tiempo de que se apruebe un nuevo grupo de reglas que contengan los más avanzados desarrollos de los trámites del juicio. Esto permitirá que todos gocemos de justicia rápida y económica.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
EL DERECHO LABORAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El derecho laboral en Puerto Rico es muy complejo. Su complejidad genera muchas controversias e incertidumbres sobre cómo proceder en diferentes situaciones en la relación patrono-empleado. Por esas circunstancias, existe una profesión sobre recursos humanos y la necesidad de asesoramiento jurídico, a la hora de tomar determinaciones que puedan generar una controversia laboral. La mayoría de los seminarios y actividades de orientación sobre derecho laboral, se enfocan en el proceso de reclutamiento, evaluación y despido. Esto ocurre porque son los trámites que pueden generar más problemas. Sin embargo, no se ofrece mucha orientación sobre cómo aprovechar el derecho laboral vigente para apuntalar la competitividad de las empresas.
La competitividad de las empresas es esencial para poder mantener una economía vigorosa ante los retos de la globalización. La globalización implica que ya nuestra empresa no compite con las de nuestra región, sino que compite a un nivel mundial por el acceso fácil a bienes y servicios de cualquier parte del mundo. En ese sentido, la competitividad requiere que se pueda producir el servicio o el artículo al menor costo posible, y que cuente con la calidad máxima dentro del renglón, para que los consumidores puedan escoger el valor que ofrece nuestra empresa. Por esta razón, es necesario revisar todos los procesos que conduzcan a la prestación de bienes y servicios.
El derecho laboral permite que se utilice diferentes maneras de reclutar o contratar empleados para rendir las diferentes encomiendas o tareas. Actualmente en Puerto Rico puede contratarse un empleado por un periodo probatorio de 90 días para poder evaluar sus ejecutorias, y determinar si el empleado se queda en una plaza permanente. También se pueden contratar a un empleado para que esté por un tiempo determinado, que al transcurrir, queda sin efecto el contrato. Además, puede contratarse empleados para que trabajen a jornada completa, o a jornada parcial. Existe también la oportunidad de contratar a un empleado bajo el concepto de “flexi-time”, que permite el manejo de las horas de entrada y salida de los empleados de una manera mucho más laxa. Otra forma es recurrir a una agencia de empleo para que suministre empleados que no serán parte de la plantilla laboral de la empresa. Por último, existen los contratos de servicios profesionales, que tienen unos requisitos particulares muy estrictos, y que si no se hacen de la manera correcta, pueden generar responsabilidad para nuestra empresa.
Por ende, existen muchas maneras de contratar empleados, y la manera más adecuada va a depender de las características de la empresa, del tipo de servicio que se presta, de los productos que se preparan, y el mercado en que está trabajando la compañía. Cada uno de estos tipos de empleados pueden ser más o menos convenientes y pueden afectar la competitividad. Todos los empresarios deben conocer cuál es la mejor manera de contratar a sus empleados cumpliendo cabalmente con la legislación laboral. Para poder hacer esto, es indispensable consultar el abogado de su preferencia, o debe asistir a talleres o seminarios que trabajen este tema.
El 11 de mayo del 2007, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebró un seminario titulado “Cómo Utilizar el Derecho Laboral para Mejorar la Competitividad de Nuestras Empresas”. Este seminario se llevó a cabo en el Ponce Hilton, y se exploraron todas las diferentes maneras de contratación, y los efectos que tienen sobre la competitividad de las empresas. El seminario ofreció la oportunidad de poder ajustar la plantilla laboral de las empresas para hacerlas más costo efectivas y competitivas.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El derecho laboral en Puerto Rico es muy complejo. Su complejidad genera muchas controversias e incertidumbres sobre cómo proceder en diferentes situaciones en la relación patrono-empleado. Por esas circunstancias, existe una profesión sobre recursos humanos y la necesidad de asesoramiento jurídico, a la hora de tomar determinaciones que puedan generar una controversia laboral. La mayoría de los seminarios y actividades de orientación sobre derecho laboral, se enfocan en el proceso de reclutamiento, evaluación y despido. Esto ocurre porque son los trámites que pueden generar más problemas. Sin embargo, no se ofrece mucha orientación sobre cómo aprovechar el derecho laboral vigente para apuntalar la competitividad de las empresas.
La competitividad de las empresas es esencial para poder mantener una economía vigorosa ante los retos de la globalización. La globalización implica que ya nuestra empresa no compite con las de nuestra región, sino que compite a un nivel mundial por el acceso fácil a bienes y servicios de cualquier parte del mundo. En ese sentido, la competitividad requiere que se pueda producir el servicio o el artículo al menor costo posible, y que cuente con la calidad máxima dentro del renglón, para que los consumidores puedan escoger el valor que ofrece nuestra empresa. Por esta razón, es necesario revisar todos los procesos que conduzcan a la prestación de bienes y servicios.
El derecho laboral permite que se utilice diferentes maneras de reclutar o contratar empleados para rendir las diferentes encomiendas o tareas. Actualmente en Puerto Rico puede contratarse un empleado por un periodo probatorio de 90 días para poder evaluar sus ejecutorias, y determinar si el empleado se queda en una plaza permanente. También se pueden contratar a un empleado para que esté por un tiempo determinado, que al transcurrir, queda sin efecto el contrato. Además, puede contratarse empleados para que trabajen a jornada completa, o a jornada parcial. Existe también la oportunidad de contratar a un empleado bajo el concepto de “flexi-time”, que permite el manejo de las horas de entrada y salida de los empleados de una manera mucho más laxa. Otra forma es recurrir a una agencia de empleo para que suministre empleados que no serán parte de la plantilla laboral de la empresa. Por último, existen los contratos de servicios profesionales, que tienen unos requisitos particulares muy estrictos, y que si no se hacen de la manera correcta, pueden generar responsabilidad para nuestra empresa.
Por ende, existen muchas maneras de contratar empleados, y la manera más adecuada va a depender de las características de la empresa, del tipo de servicio que se presta, de los productos que se preparan, y el mercado en que está trabajando la compañía. Cada uno de estos tipos de empleados pueden ser más o menos convenientes y pueden afectar la competitividad. Todos los empresarios deben conocer cuál es la mejor manera de contratar a sus empleados cumpliendo cabalmente con la legislación laboral. Para poder hacer esto, es indispensable consultar el abogado de su preferencia, o debe asistir a talleres o seminarios que trabajen este tema.
El 11 de mayo del 2007, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebró un seminario titulado “Cómo Utilizar el Derecho Laboral para Mejorar la Competitividad de Nuestras Empresas”. Este seminario se llevó a cabo en el Ponce Hilton, y se exploraron todas las diferentes maneras de contratación, y los efectos que tienen sobre la competitividad de las empresas. El seminario ofreció la oportunidad de poder ajustar la plantilla laboral de las empresas para hacerlas más costo efectivas y competitivas.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
sábado, 12 de mayo de 2007
LA DEPRESIÓN EMPRESARIAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Los seres humanos somos entidades físicas, emocionales e intelectuales. Como tales, tenemos dolencias en esos tres aspectos. Cuando tenemos un dolor abdominal, vamos al internista o al gastroenterólogo. Cuando tenemos una preocupación intelectual, recurrimos a los libros, profesores o a la academia, y; cuando tenemos una dolencia emocional, recurrimos a los psicólogos y psiquiatras. Ese es el orden de la vida de los seres humanos en cuanto a su salud. Las empresas tienen ciclos de vida. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, también pueden sufrir problemas de salud similares a los humanos.
En las economías débiles o en estado de recesión como la puertorriqueña, las empresas pueden empezar a sufrir dolencias en los aspectos físicos, intelectuales y emocionales. En un estado de incertidumbre económica, una empresa puede tener problemas para adquirir materia prima, equipos, recursos humanos o otros bienes que sean indispensables para operar. Esto afecta su salud material. También, las empresas pueden sufrir de falta de creatividad y tener problemas de naturaleza intelectual que reduzcan sus oportunidades de progresar económicamente. Por último, las empresas pueden sufrir de problemas emocionales. Las empresas pueden caer en una depresión. Evidentemente, la analogía entre un ser humano y una empresa puede ser objeto de muchos opiniones o apreciaciones, pero para fines de la argumentación de este artículo, entendemos que en la crisis económica una empresa sufre prácticamente las mismas dolencias que un ser humano.
Llamo la depresión de una empresa a la actitud que permea desde la alta gerencia hasta los empleados de los niveles básicos, de que la situación está “mala” y de que no hay esperanza de que la empresa salga del atolladero. Esta actitud de los recursos humanos, ocasiona pérdida de capacidad creativa, dejadez, conflictos interpersonales, y por ende, falta de productividad. Las empresas no pueden permitir caer en una depresión. Cuando hay tiempos difíciles, tienen que activarse mecanismos de reflexión, análisis, crítica interna y examen del mercado circundante, para ajustar las operaciones a los fines de poder sobrevivir. Cuando una empresa está deprimida se nota en las caras de sus líderes y sus empleados. Se nota en el desánimo y particularmente en el desorden, poca decoración y falta de ambiente agradable de trabajo. Todo esto evita que los empleados se sientan a gusto y puedan dar el máximo de su productividad y tener margen para la creatividad.
Para que su empresa no caiga en depresión, comience examinando todos los procesos y protocolos del trabajo, preguntándole a todos los empleados, cómo ellos entienden que podrían mejorar su calidad de vida en el empleo. Calidad de vida en el empleo significa que yo haga mi trabajo cómodo, tranquilo y que me gusta, para que el trabajo se haga rápido y con calidad. Además, debe tomar todas las medidas que todos nosotros tomamos en nuestro hogar cuando nos sentimos aburridos con la decoración, ubicación de los muebles, con el lugar donde tenemos nuestros cuadros y efectos personales. En muchas ocasiones decidimos un día que queremos reorganizar la casa y con meramente cambiar los muebles y cuadros, tenemos un mejor ambiente y nos sentimos mucho más felices. Lo mismo puede ocurrir en una empresa. Trabaje en todos los niveles de operación, en el arreglo de los muebles, de los escritorios, en la disposición de los papeles, la organización de los archivos, modifique los procesos aburridos y engorrosos, para que todos se sientan que están en un lugar adecuado y bonito para trabajar.
Pasamos más de la tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Algunos trabajamos 10, 12, hasta 14 horas al día, y tenemos poco tiempo para estar con nuestras familias, y el resto lo invertimos durmiendo. Por tanto, estamos más tiempo trabajando que en el resto de las actividades. Una manera de apoyar que las empresas no caigan en depresión es atendiendo todos los asuntos y pequeños detalles que ayudan a que los empleados tengan una mejor calidad de vida. No permita que su empresa caiga en depresión, esfuércese, reflexione, reúnase con sus empleados, discuta cómo mejorar, reorganice su oficina y la composición de su empresa. De esta forma podrá sentirse que está en un nuevo comienzo, y tener ánimos para enfrentar estos tiempos difíciles.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Los seres humanos somos entidades físicas, emocionales e intelectuales. Como tales, tenemos dolencias en esos tres aspectos. Cuando tenemos un dolor abdominal, vamos al internista o al gastroenterólogo. Cuando tenemos una preocupación intelectual, recurrimos a los libros, profesores o a la academia, y; cuando tenemos una dolencia emocional, recurrimos a los psicólogos y psiquiatras. Ese es el orden de la vida de los seres humanos en cuanto a su salud. Las empresas tienen ciclos de vida. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, también pueden sufrir problemas de salud similares a los humanos.
En las economías débiles o en estado de recesión como la puertorriqueña, las empresas pueden empezar a sufrir dolencias en los aspectos físicos, intelectuales y emocionales. En un estado de incertidumbre económica, una empresa puede tener problemas para adquirir materia prima, equipos, recursos humanos o otros bienes que sean indispensables para operar. Esto afecta su salud material. También, las empresas pueden sufrir de falta de creatividad y tener problemas de naturaleza intelectual que reduzcan sus oportunidades de progresar económicamente. Por último, las empresas pueden sufrir de problemas emocionales. Las empresas pueden caer en una depresión. Evidentemente, la analogía entre un ser humano y una empresa puede ser objeto de muchos opiniones o apreciaciones, pero para fines de la argumentación de este artículo, entendemos que en la crisis económica una empresa sufre prácticamente las mismas dolencias que un ser humano.
Llamo la depresión de una empresa a la actitud que permea desde la alta gerencia hasta los empleados de los niveles básicos, de que la situación está “mala” y de que no hay esperanza de que la empresa salga del atolladero. Esta actitud de los recursos humanos, ocasiona pérdida de capacidad creativa, dejadez, conflictos interpersonales, y por ende, falta de productividad. Las empresas no pueden permitir caer en una depresión. Cuando hay tiempos difíciles, tienen que activarse mecanismos de reflexión, análisis, crítica interna y examen del mercado circundante, para ajustar las operaciones a los fines de poder sobrevivir. Cuando una empresa está deprimida se nota en las caras de sus líderes y sus empleados. Se nota en el desánimo y particularmente en el desorden, poca decoración y falta de ambiente agradable de trabajo. Todo esto evita que los empleados se sientan a gusto y puedan dar el máximo de su productividad y tener margen para la creatividad.
Para que su empresa no caiga en depresión, comience examinando todos los procesos y protocolos del trabajo, preguntándole a todos los empleados, cómo ellos entienden que podrían mejorar su calidad de vida en el empleo. Calidad de vida en el empleo significa que yo haga mi trabajo cómodo, tranquilo y que me gusta, para que el trabajo se haga rápido y con calidad. Además, debe tomar todas las medidas que todos nosotros tomamos en nuestro hogar cuando nos sentimos aburridos con la decoración, ubicación de los muebles, con el lugar donde tenemos nuestros cuadros y efectos personales. En muchas ocasiones decidimos un día que queremos reorganizar la casa y con meramente cambiar los muebles y cuadros, tenemos un mejor ambiente y nos sentimos mucho más felices. Lo mismo puede ocurrir en una empresa. Trabaje en todos los niveles de operación, en el arreglo de los muebles, de los escritorios, en la disposición de los papeles, la organización de los archivos, modifique los procesos aburridos y engorrosos, para que todos se sientan que están en un lugar adecuado y bonito para trabajar.
Pasamos más de la tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Algunos trabajamos 10, 12, hasta 14 horas al día, y tenemos poco tiempo para estar con nuestras familias, y el resto lo invertimos durmiendo. Por tanto, estamos más tiempo trabajando que en el resto de las actividades. Una manera de apoyar que las empresas no caigan en depresión es atendiendo todos los asuntos y pequeños detalles que ayudan a que los empleados tengan una mejor calidad de vida. No permita que su empresa caiga en depresión, esfuércese, reflexione, reúnase con sus empleados, discuta cómo mejorar, reorganice su oficina y la composición de su empresa. De esta forma podrá sentirse que está en un nuevo comienzo, y tener ánimos para enfrentar estos tiempos difíciles.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
INCENTIVOS PARA LAS ZONAS DE VALOR AÑADIDO DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
miércoles, 18 de abril de 2007
UN NUEVO FANTASMA ASECHA AL PUERTO DE LAS AMERICAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Desde sus orígenes, el Puerto de las Américas ha tenido grandes controversias que han afectado su proceso de desarrollo. En primer término, se discutió la ubicación. Luego, el alcance del Puerto, que desde su origen fue concebido como un Puerto de Transbordo Internacional. Luego, el alcalde de Ponce, Hon. Francisco Zayas Seijo, comenzó a impulsar la idea de que el Puerto fuera de naturaleza doméstica, es decir, para solamente embarcar productos entre Puerto Rico y Estado Unidos, bajo las Leyes de Cabotaje. Esto levantó severas críticas, particularmente de la Cámara de Comercio del Sur, quien adoptó el proyecto del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago como el modelo de desarrollo económico de la Región Sur. Todos los esfuerzos de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico han ido dirigidos a desarrollar plenamente el Puerto de las Américas, esto incluye trabajar, según resuelto por su Asamblea, con las Leyes de Cabotaje, con el “Homeland Security Act”, con las tarifas de acarreo terrestre, las zonas de valor añadido y con el Aeropuerto Mercedita. Por eso es que se celebró el año pasado el Primer Simposio del Puerto de las Américas para discutir las implicaciones económicas y sociales de una ciudad puerto y este próximo viernes 4 de mayo se celebrará la segunda edición del Simposio, dedicado esta vez, al desarrollo de las zonas de valor añadido.
La controversia sobre la viabilidad, alcance y propósito del Puerto se ha complicado con los planes que está desarrollando el alcalde Francisco Zayas Seijo, en una interesante alianza con el Comisionado Residente Luis Fortuño, de convertir el Puerto en uno meramente doméstico y turístico. Ambos políticos, de mucho coincidencia ideológica en torno al futuro del país, quieren evadir la realidad de que Puerto Rico necesita un modelo de desarrollo económico a tono con la globalización y que esto requiere enfrentar los obstáculos a este proceso como lo son las Leyes de Cabotaje, de “Homeland Security” y la transportación terrestre y aérea. Entienden estos funcionarios que si el puerto es turístico, no es necesario atender el asunto de las Leyes de Cabotaje. Esto dado el hecho de que la actividad de cruceros está exenta de la Ley.
El Puerto las Américas Rafael Cordero Santiago no puede ser solamente un Puerto turístico y doméstico, porque estaría reproduciendo innecesariamente el esquema del Puerto de San Juan y no fomentaría el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional que apoye zonas industriales de valor añadido, que son las que van a generar empleo e inyectar dinero nuevo en nuestra economía. Cambiar el modelo del Puerto a uno turístico y doméstico, por limitaciones ideológicas, es un grave error que pagaremos nosotros y las generaciones futuras.
Todas las personas que hemos estado laborando por el desarrollo pleno del Puerto, que no significa meramente viable, sino que significa que debe ser motor de múltiples ejes de actividad económica y de empleo, debemos estar alertas para que no se lleve a efecto este cambio en el modelo original de desarrollo que soñó nuestro Alcalde Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Desde sus orígenes, el Puerto de las Américas ha tenido grandes controversias que han afectado su proceso de desarrollo. En primer término, se discutió la ubicación. Luego, el alcance del Puerto, que desde su origen fue concebido como un Puerto de Transbordo Internacional. Luego, el alcalde de Ponce, Hon. Francisco Zayas Seijo, comenzó a impulsar la idea de que el Puerto fuera de naturaleza doméstica, es decir, para solamente embarcar productos entre Puerto Rico y Estado Unidos, bajo las Leyes de Cabotaje. Esto levantó severas críticas, particularmente de la Cámara de Comercio del Sur, quien adoptó el proyecto del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago como el modelo de desarrollo económico de la Región Sur. Todos los esfuerzos de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico han ido dirigidos a desarrollar plenamente el Puerto de las Américas, esto incluye trabajar, según resuelto por su Asamblea, con las Leyes de Cabotaje, con el “Homeland Security Act”, con las tarifas de acarreo terrestre, las zonas de valor añadido y con el Aeropuerto Mercedita. Por eso es que se celebró el año pasado el Primer Simposio del Puerto de las Américas para discutir las implicaciones económicas y sociales de una ciudad puerto y este próximo viernes 4 de mayo se celebrará la segunda edición del Simposio, dedicado esta vez, al desarrollo de las zonas de valor añadido.
La controversia sobre la viabilidad, alcance y propósito del Puerto se ha complicado con los planes que está desarrollando el alcalde Francisco Zayas Seijo, en una interesante alianza con el Comisionado Residente Luis Fortuño, de convertir el Puerto en uno meramente doméstico y turístico. Ambos políticos, de mucho coincidencia ideológica en torno al futuro del país, quieren evadir la realidad de que Puerto Rico necesita un modelo de desarrollo económico a tono con la globalización y que esto requiere enfrentar los obstáculos a este proceso como lo son las Leyes de Cabotaje, de “Homeland Security” y la transportación terrestre y aérea. Entienden estos funcionarios que si el puerto es turístico, no es necesario atender el asunto de las Leyes de Cabotaje. Esto dado el hecho de que la actividad de cruceros está exenta de la Ley.
El Puerto las Américas Rafael Cordero Santiago no puede ser solamente un Puerto turístico y doméstico, porque estaría reproduciendo innecesariamente el esquema del Puerto de San Juan y no fomentaría el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional que apoye zonas industriales de valor añadido, que son las que van a generar empleo e inyectar dinero nuevo en nuestra economía. Cambiar el modelo del Puerto a uno turístico y doméstico, por limitaciones ideológicas, es un grave error que pagaremos nosotros y las generaciones futuras.
Todas las personas que hemos estado laborando por el desarrollo pleno del Puerto, que no significa meramente viable, sino que significa que debe ser motor de múltiples ejes de actividad económica y de empleo, debemos estar alertas para que no se lleve a efecto este cambio en el modelo original de desarrollo que soñó nuestro Alcalde Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
sábado, 7 de abril de 2007
ESENCIAL DESARROLLAR LAS AREAS DE VALOR AÑADIDO PARA PROGRESO ECONOMICO DEL SUR
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de las Americas Rafael Cordero Santiago es una realidad que va progresando y en el término de 20 meses, contará con un moderno terminal que podrá manejar buques post panamax y un volumen de 250,000 furgones al año. Para ese momento, ya se debe contar con un operador internacional que pueda traer volumen de carga e incentivar el establecimiento de las industrias de valor añadido que apoyen el desarrollo económico de la región. Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes. Las empresas de valor añadido son las que van a traer el empleo que hace falta para la región Sur, que lamentablemente es la región más pobre de todo el país.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Ponce contempla el desarrollo de unas grandes fincas que pertenecen a diferentes propietarios para que se conviertan en un área de desarrollo industrial de valor añadido. Para la aprobación del Plan, las agencias gubernamentales de infraestructura se comprometieron a llevar a cabo unas obras que incluyen conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones. Estas obras de infraestructura son compromisos de ley conforme a lo resuelto en el caso de Ponce en Marcha. Por tanto, deben estar listas para cuando se termine la segunda etapa del Puerto en un término de 20 meses. Si estas obras no se terminan en un tiempo mencionado, el operador no tendrá unas áreas donde se puedan establecer las industrias de valor añadido como fuente de promoción del Puerto y de empleo. Es urgente que el gobierno empiece la planificación detallada de cumplimiento legal de las obras de infraestructura para las fincas de valor añadido.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y su Comité del Puerto, presidido por la economista Elena Colón Parilla, convocó a los dueños de tierras que están zonificadas como áreas de valor añadido para explicarles en detalle lo que significa para sus terrenos y para constituir una fuerza que abogue porque se cumpla con el mandato legal de las obras de infraestructura. En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Sur celebrará su segundo Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago donde el tema será: El Valor Añadido. El Departamento de Desarrollo Económico se ha comprometido a presentar en el Simposio el plan de desarrollo, pero ha informado que solamente cuenta con 6 millones para llevar acabo este importante proyecto.
Estoy de buena fe convencido de que el Puerto de Las Américas es un modelo de desarrollo económico que traerá calidad de vida a Ponce, la región Sur y al resto del país. Para eso es indispensable trabajar y cabildear desde todos los ángulos para que el gobierno cumpla con los compromisos de ley. La Cámara de Comercio del Sur continuará reuniéndose con los propietarios de las fincas de valor añadido por lo que cualquier persona que tenga terrenos que hayan sido zonificados de esa forma, debe comunicarse con la Sra. Elena Colón Parrilla al (787) 844-4400, para estar enterado de cuándo es la próxima reunión.
Sin el cumplimiento del gobierno de sus obligaciones para el desarrollo de infraestructura, las áreas del valor añadido continuarán siendo fincas baldías. Con fincas baldías, el Puerto de las Américas no tendrá el impacto económico que todos esperamos. La región Sur tiene derecho a que el gobierno central cumpla con estas obras de infraestructura. Esto es brindarnos nuestro derecho al Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de las Americas Rafael Cordero Santiago es una realidad que va progresando y en el término de 20 meses, contará con un moderno terminal que podrá manejar buques post panamax y un volumen de 250,000 furgones al año. Para ese momento, ya se debe contar con un operador internacional que pueda traer volumen de carga e incentivar el establecimiento de las industrias de valor añadido que apoyen el desarrollo económico de la región. Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes. Las empresas de valor añadido son las que van a traer el empleo que hace falta para la región Sur, que lamentablemente es la región más pobre de todo el país.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Ponce contempla el desarrollo de unas grandes fincas que pertenecen a diferentes propietarios para que se conviertan en un área de desarrollo industrial de valor añadido. Para la aprobación del Plan, las agencias gubernamentales de infraestructura se comprometieron a llevar a cabo unas obras que incluyen conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones. Estas obras de infraestructura son compromisos de ley conforme a lo resuelto en el caso de Ponce en Marcha. Por tanto, deben estar listas para cuando se termine la segunda etapa del Puerto en un término de 20 meses. Si estas obras no se terminan en un tiempo mencionado, el operador no tendrá unas áreas donde se puedan establecer las industrias de valor añadido como fuente de promoción del Puerto y de empleo. Es urgente que el gobierno empiece la planificación detallada de cumplimiento legal de las obras de infraestructura para las fincas de valor añadido.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y su Comité del Puerto, presidido por la economista Elena Colón Parilla, convocó a los dueños de tierras que están zonificadas como áreas de valor añadido para explicarles en detalle lo que significa para sus terrenos y para constituir una fuerza que abogue porque se cumpla con el mandato legal de las obras de infraestructura. En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Sur celebrará su segundo Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago donde el tema será: El Valor Añadido. El Departamento de Desarrollo Económico se ha comprometido a presentar en el Simposio el plan de desarrollo, pero ha informado que solamente cuenta con 6 millones para llevar acabo este importante proyecto.
Estoy de buena fe convencido de que el Puerto de Las Américas es un modelo de desarrollo económico que traerá calidad de vida a Ponce, la región Sur y al resto del país. Para eso es indispensable trabajar y cabildear desde todos los ángulos para que el gobierno cumpla con los compromisos de ley. La Cámara de Comercio del Sur continuará reuniéndose con los propietarios de las fincas de valor añadido por lo que cualquier persona que tenga terrenos que hayan sido zonificados de esa forma, debe comunicarse con la Sra. Elena Colón Parrilla al (787) 844-4400, para estar enterado de cuándo es la próxima reunión.
Sin el cumplimiento del gobierno de sus obligaciones para el desarrollo de infraestructura, las áreas del valor añadido continuarán siendo fincas baldías. Con fincas baldías, el Puerto de las Américas no tendrá el impacto económico que todos esperamos. La región Sur tiene derecho a que el gobierno central cumpla con estas obras de infraestructura. Esto es brindarnos nuestro derecho al Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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