Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El pasado viernes 29 de mayo se reunió el Senado de Puerto Rico en una “Comisión Total” en el Teatro La Perla de Ponce. No fue una Sesión Legislativa, sólo una Comisión Total –con la comparecencia de todos los senadores- porque la Constitución de Puerto Rico dispone en su Artículo III, Sección 13, que las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico. Esto es un buen ejemplo de la inflexibilidad de nuestro sistema de derecho en cuanto a permitir el desarrollo de la descentralización y regionalización del país.
La importancia de la distinción entre una Sesión Legislativa y una Comisión Total es que no podrán aprobar legislación que beneficie el Sur hasta que regresen al pleno del Hemiciclo en el Capitolio. Sin embargo, la información y voluntad unida que vean en torno a los proyectos del Sur será determinante en sus próximas acciones.
La visita del Senado de Puerto Rico a Ponce tuvo una gran importancia por dos factores fundamentales. En primer término, fue un reconocimiento directo del poder legislativo de que la Región Sur está desarrollando una voz, de múltiples timbres y armonías, pero enfocada en el bien común ejerciendo un poder político regional, no partidista, que es necesario escuchar y acatar.
En segundo término, nos ofreció a los Sureños la oportunidad de plantear de cerca y sin intermediarios las verdaderas necesidades y planes puntuales de nuestra Región Sur. La Región tuvo una oportunidad única de demostrar su madurez y unidad para establecer nuestra estrategia de desarrollo económico sin que venga impuesta desde San Juan.
Entre los planteamientos más importantes discutidos estuvieron:
1. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico coordinó un consenso sobre una serie de asuntos esenciales y no negociables que guíen la política pública, tanto de Ponce, como de toda la Región Sur. Este esfuerzo de la Cámara de Comercio del Sur conocido como Manifiesto por el Sur, percibe a DISUR como el organismo institucional idóneo, no partidista, para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del Sur donde los sectores empresariales, académicos y comunitarios promulguen e impulsen un cambio en dirección a la integración regional para el Sur.
2. Debe legislarse para permitir la autonomía regional mediante el fortalecimiento de la autonomía municipal para que DISUR pueda establecer sus planes estratégicos y operacionales de la Región Sur basados en el Manifiesto por el Sur, que pongan en marcha todas las iniciativas seleccionadas como beneficiosas y apropiadas a nuestros intereses. La preparación de estos planes justificarán que se apruebe un proyecto de Ley que permita que las regiones se vayan organizando y estructurando de manera que puedan, en su momento, reclamar la delegación de autoridades gubernamentales de los poderes de planificación y permisos regionales. De esta manera, los Sureños tendremos en nuestras manos el destino de nuestro desarrollo económico.
3. Además se expuso, que el efecto retroactivo de la moratoria a la Ley 212 de 2002, impuesto en la Ley 7 de 9 de marzo de 2009, paralizó la inversión privada y menoscabó obligaciones contractuales con efectos desastrosos para el desarrollo económico de los centros urbanos. Que el incumplimiento por parte del gobierno mediante la Ley 7, en honrar compromisos previamente contraídos con inversionistas y la banca, mina la confianza y credibilidad del Estado como agente de fomento económico. Por tanto, debe corregirse de inmediato el efecto retroactivo de la moratoria de la Ley 7, para no perjudicar los escenarios de inversión de los proyectos terminados y certificados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce; los proyectos terminados y en proceso de certificación por esta Oficina; los proyectos en construcción con beneficios aprobados por la Oficina; y los proyectos en distintas etapas de diseño, planificación y permisos con los beneficios aprobados por la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio Autónomo de Ponce. La Ley 7 sólo debe aplicarse a los proyectos nuevos que se presenten después del 9 de marzo de 2009.
4. Por último, pero no menos importante, es fundamental que se ordene la citación del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Hon. José Ramón Pérez Riera, a los fines de que explique en una vista de interpelación, las razones por las cuáles se ha atrasado el desarrollo de la apertura y operaciones del Puerto de las Américas para el primer trimestre de 2010; por qué no se ha terminado el proceso de negociación con UCW América; por qué no se ha continuado con el proceso de negociación con Jones Lang Lassalle para la administración de las zonas de valor añadido; por qué no se ha nombrado a estas alturas un director o directora ejecutiva para que se cumpla con la Ley del Puerto y se pueda negociar válidamente con UCW América y Jones Lang Lassalle; por qué en lo que va de año la Junta de Directores sólo se ha reunido una vez; y por último, que se le requiera que presente un plan convincente y realista para poder adelantar las obras del Puerto y salvar el atraso de los primeros seis meses de 2009; semestre ya perdido en el desarrollo del Puerto de las Américas.
Esperamos que la visita del Senado de Puerto Rico haya sido sincera, productiva y que pueda poner en marcha lo antes posible las aspiraciones y planes concretos de la Región Sur, que con su voluntad y valentía, poco a poco se ha ido convirtiendo en ejemplo a seguir por el resto de nuestro país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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