EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA INTOLERANCIA

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Cuando en la década de los 30 del siglo pasado, el abominable dictador Francisco Franco consolidó su poder en España, una de las primeras órdenes que impuso fue la eliminación de los colegios profesionales.  Esto ocurre porque los colegios profesionales siempre han sido una voz militante en la defensa de los derechos del pueblo. Además, constituyen entes reguladores de la calidad profesional y ética de sus miembros. Ambas características no son deseables por los regímenes totalitarios.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico siempre ha tenido que intervenir en controversias jurídicas donde ocurren violaciones de los derechos constitucionales.  Por diseño político y jurídico, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos constitucionales en Puerto Rico ocurren únicamente por el Estado.  En ese sentido, el Colegio de Abogados ha tenido que hacer frente a todas las administraciones políticas para defender ciertos derechos y  prerrogativas.

Uno de los principios que ha defendido con mayor ahínco, por ser esencial dentro de nuestro ordenamiento, es el derecho a la libertad de expresión y el acceso de las personas marginadas al sistema de Justicia.  Esto ha hecho que el Colegio de Abogados se involucre como mediador en luchas sociales y en procedimientos judiciales en donde el Estado ha sentido la amenaza del poder legitimo y democrático del pueblo. Además, ha creado diversos programas y servicios para que los indigentes puedan tramitar sus asuntos judiciales que en muchos casos reclaman contra el gobierno.

Cuando un gobierno carece de conocimiento y es incompetente, se vuelve intolerante y carpetea o etiqueta a toda persona que no esté de acuerdo con sus postulados como disidentes, delincuentes, sediciosos, opositores, comunistas, independentistas, terroristas, y muy recientemente chavistas.  Esa es su manera de dividir la sociedad en buenos y malos, para justificar acciones represivas, porque tienen profundo miedo e ineptitud que les impide entender las diferencias que son parte integral del régimen político y económico en que vivimos. 

El Colegio de Abogados sufrió una serie de ataques judiciales, tanto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde se cuestionó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Ambos tribunales resolvieron que la colegiación compulsoria es constitucional y se establecieron remedios apropiados y válidos jurídicamente para proteger los derechos de las personas que no están de acuerdo con algunas posturas que asuma el Colegio de Abogados. Por ende, el argumento de que la colegiación compulsoria viola el derecho constitucional a la asociación es flagrantemente falso.  Por tanto, no solamente el Colegio de Abogados ha existido desde el 1840, sino que ha sido objeto de revisiones y determinaciones judiciales que han validado su existencia y legalidad.

Las organizaciones internacionales que agrupan los Colegios de Abogados han entendido que la colegiación compulsoria es la mejor manera de organizar la profesión y la mayoría de los estados de la Unión Europea y Estados Unidos tienen formas de colegiación compulsorias.

¿Qué pasó con el Colegio de Abogados?  El Colegio de Abogado se ha manifestado solidario con las personas que han sufrido los embates de los despidos de la Ley 7.  También ha participado como mediador y observador en situaciones de tensión entre estudiantes y la Policía de Puerto Rico. La Ley 7 suspendió las garantías constitucionales de los empleados gubernamentales a un debido proceso de ley, al principio de mérito, a su permanencia; y el derecho de las uniones obreras a que no se menoscaben sus obligaciones contractuales. ¿Qué mejor escenario para la intervención legítima de una organización que defiende los derechos constitucionales?

La respuesta antidemocrática y Franquista del Gobernador y del Presidente del Senado de Puerto Rico fue bajar por descargue para aprobación una ley repudiada por la ciudadanía y el Colegio de Abogados. Esto se hizo sin tener ningún tipo de evaluación y sin que se hubiera presentado un informe positivo sobre su aprobación.  La actuación de Rivera Shatz, admitido por él, fue a petición del Gobernador y para desviar la atención sobre el paro que se llevaría a cabo en 15 de octubre.  Fue una manera de castigo y represalia al estilo Francisco Franco.  Fue lamentable ver al gobernador Fortuño, quién como un niño horripilado, firmó la ley esa misma noche.  Lo hizo tan rápido como si se tratará como una emergencia nacional. Lo hizo, como un perseguido de los hijos gemelos de Ares y Afrodita de la mitología griega que representan el miedo. Phobos es el pánico y Deimos, el terror.

Lo cierto es que se trató de un exabrupto discriminatorio que va a tener consecuencias gravísimas en el ejercicio de la profesión, en el acceso de los pobres a la justicia, en la intervención del Colegio como mediador en los conflictos sociales, en la separación de poderes gubernamentales y en la independencia de nuestra judicatura.

La Ley aprobada está plagada de errores. Tiene una serie de fechas de implantación que ya pasaron; confunde conceptos básicos de derecho constitucional, y tiene el único propósito de asfixiar económicamente al Colegio de Abogados.  No conforme con esto, existen otros proyectos que están intentando cortar fondos por diferentes áreas y programas de ayuda a los indigentes para tratar de eliminar la voz del Colegio.

Sin embargo, la voz del Colegio sigue viva, elocuente y militante.  Este pasado domingo se celebró una asamblea en Caguas con la presencia de más de 1,300 abogados y abogadas, que escucharon la explicación del contenido de la Ley y los diferentes proyectos que están pendientes. Además, avalaron la determinación de crear una comisión que estudie a la brevedad posible las consecuencias de esta legislación torcida y recomiende el curso de acción en los diferentes frentes disponibles.

Un gobierno que se dedica a desmantelar las instituciones en el país es uno que se sabe acorralado y que ha perdido la confianza del pueblo de Puerto Rico.  Bajo esas circunstancias, si nos cruzamos de brazos, podrían continuar destruyendo instituciones necesarias y apreciadas. El Colegio de Abogados merece el apoyo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para evitar este daño social. Invitamos a todos los abogados y abogadas a mantener su colegiación y defender al Colegio.

Por mi parte, yo me considero un colegiado orgulloso e inquebrantable.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Letter to the President of the USA: 15 October 200

Hon. Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President

We are writing to you as members of the Puerto Rican Civil Society, to bring to your attention the current state of affairs of our nation, Puerto Rico, and our opposition to our government's policies. Our country is on the brink of a civil conflict of significant proportions, promoted by the current administration of Governor Luis Fortuño (Republican), due to its insistence on actively imposing a public policy of dismantling cherished civil institutions and vital government services. Said policy practically amounts to a political coup, contrary to basic democratic principles, in so far as it is opposite to the peoples’ mandate in the recent local elections and our general well being.

It is for this reason that the government of Puerto Rico is increasingly depending on the state repressive apparatus to support its unpopular and illegitimate policy. As a result the people have called for a national strike today, October 15, 2009, which comes as a consequence of the failed attempts to establish a dialogue with the current government.

Since 1950, through the US Congressional Act 600, your government offered self-rule to the people of Puerto Rico, while leaving us, contradictorily, under the plenary powers of the U. S. Congress. Later, in 1953, it made a concrete yet unfulfilled commitment before the United Nations General Assembly to continuously respect and promote our people’s inalienable right to self- determination and self-government. Although we may have differences as to the nature and implementation of these legal prescriptions, under the applicable International Law concerning decolonization, we all agree that as a people --even with all the present limitations of our territorial status, and the encumbering interference of the three branches of the Federal Government and the US Armed Forces-- we have clearly established our people's firm commitment to social justice and democracy during the past 59 years.

However, the current political administration, in dire violation of the spirit of the 1950-53 constitutional framework, the political and cultural democratic tradition, and the civil, constitutional and human rights of our people, has launched in the past 10 months an open campaign to dismantle civil institutions and the local government and to increase the level of repression against all sectors of society who oppose these measures. Moreover, in certain occasions it has even contravened Puerto Rico constitutional and legal framework, notwithstanding the aforementioned illegitimacy of its actions.

As an example, the current government has activated the Puerto Rico National Guard, to be potentially used against the civilian population in case of civil disturbances. Of particular interest is the fact, in the context of the Posse Comitatus Act of 1878, that the governor has delegated such authority - to call the local National Guard - to his Chief of Police, which is in contravention of the applicable legal framework under which the Commander-in-chief is the governor. In addition, most recently, the Governor’s Chief of Staff, together with the Chief of Police and the Secretary of Justice, threatened the population with the application of the USA Patriot Act of 2001, if anyone incurs in public demonstrations which they, in advance, label as acts of terrorism.

As intellectuals and academics, we are deeply opposed to these measures and we are particularly concerned with the rapidly deteriorating state of affairs of our nation. While engaging in every opportunity for protest and in every effort to reestablish dialogue, we are aware of the political and psychological clout that your government has on our elected officials. We consider that no effort should be spared in order to avert the increasingly confrontational and violent nature of the present crisis. Thus, we remind you of your express commitment, as a presidential candidate, to our people's right of self-determination and political and economic development, and your most recent manifest commitment, as President, to peaceful and democratic progress for all nations.

In Puerto Rico, 15 October 2009

50 Intellectuals and Academics

ENDORSEMENTS

1. Luis Nieves Falcón

2. Antonio Martorell

3. Silverio Pérez

4.Magalí García Ramis

5. Danny Rivera

6. Liliana Cotto

7. Dolores Miranda

8. Marithelma Costa

9. Rolando Emmanuelli

10. Carlos Rivera Lugo

11. Héctor J. Huyke

12. Rafael Trelles

13. Miguel Rodríguez

14. Marta Moreno Vega

15. Daniel Nina

16. Alfredo Villanueva

17. Edwin Quiles

18. Sheila Vélez

19.George Kamarinos

20. Carlos del Valle Cruz

21. José Rivera Santana

22. Nitza Hernández

23. Luis Raul Albaladejo

24. Inés Aponte

25. Ruth Nina

26. Marel Malaret Badrena

27. Magaly Quiñonez

28. Rosabel Oton

29. Juan Meléndez

30. Ana María Fuster

31. Marielba Torres

32. Orlando Portela

33. Jessica Reyes

34. Yvonne Denis Rosado

35. Marie Ramos

36. Pedro J. Rivera

37. Alberto Martinez

38. Nydia Suaréz Marín

39. Jose Toro Alfonso

40. Juan Carlos Rivera

41. Norma I Peña

42. Maximiliano Dueñas

43. Javier Santiago Lucerna

44. José Luis Vargas

45. Manuel Bahamonde

46. Roberto Mori

47. Humberto Figueroa

48. María Gisela Rosado

49. Marines Bengoa Duprey

50. Errol Montes Pizarro
 

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

La Razón de los Despidos

Por Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com


El país ha sido sacudido por el despido de casi 17,000 servidoras y servidores públicos. La única razón articulada como criterio para decidir a quién se despedía fue la antigüedad en el empleo. No se tomó ninguna acción afirmativa de protección a casos especiales o meritorios. No importó si se despidió un matrimonio, una mujer embarazada, una madre soltera o una persona con impedimento. Estos despidos, sumados a los realizados en los pasados 8 meses, resultan en alrededor de 20,000 personas despedidas, que por la composición familiar promedio, implican una pérdida económica dramática para por lo menos 60,000 personas. Estas personas no van a poder pagar sus obligaciones ni sostenerse a los niveles acostumbrados y necesarios para mantener una persona, economía y sociedad saludables.

El poder ejecutivo y el legislativo intentan justificar esta demoledora acción con el déficit gubernamental que se fue montando sin control desde el año 1993 y con un supuesto gigantismo gubernamental. Prácticamente todos los sectores importantes de nuestra sociedad propusieron alternativas coherentes y válidas para evitar tener que recurrir a los despidos. Estas propuestas fueron rechazadas por el gobernador y sus asesores sin explicaciones. Recientemente se publicó un estudio científico de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR que comparó nuestro gobierno con los de los 50 estado de Estados Unidos y se destruyó el mito de nuestro gigantismo gubernamental.

A pesar de estas propuestas y evidencias contundentes, se le impuso tributos irrazonables a la clase media y no se tocó la fuente de tributos más importante disponible en el país que son las ganancias de las corporaciones foráneas que ascienden a alrededor de $30,000 millones de dólares al año. Con un mero impuesto temporero de 5% a estas ganancias se obtendrían $1,500 millones al año que junto a otras medidas que no implican despidos paliarían la totalidad del déficit. Estas empresas no se van a ir del país por ese impuesto, pues en otros países competitivos cumplen con impuestos similares. Fortuño no acoge esta solución evidente, porque es contraria a su filosofía republicana de privilegiar y proteger el poder del capital, aún a costa de los derechos del Pueblo.

Para colmo, hay que señalar que el proceso de despido fue totalmente arbitrario e irracional. La única razón articulada como criterio para decidir a quién se despedía fue la supuesta antigüedad en el empleo. El despido masivo estuvo plagado de errores en el cómputo de antigüedad de los empleados; se despidió a personas cuya fuente de los fondos para los salarios proviene de fondos federales; se echó a personas que tienen mayor preparación, experiencia y competencia que otras no destituídas y que se quedarán haciendo las mismas funciones. Además, toda esta irracionalidad condujo a la destrucción de servicios esenciales a la ciudadanía como los de salud, educación y procuradurías de personas con limitaciones o con desventajas personales o sociales. Tomará muchos años y esfuerzos concertados para que se puedan restablecer los servicios demolidos con estos despidos.

La determinación de despedir a miles de personas se ha tomado sin considerar el enorme costo personal, social y económico señalado por los expertos. El gobernador y sus asesores ni siquiera tuvieron el más mínimo olfato político para calcular el costo político de despedir alrededor de 20,000 personas.

¿Son tan torpes los líderes del poder ejecutivo y legislativo para crear este caos social y económico, sin implantar alternativas válidas y menos onerosas, por el mero hecho del déficit y gigantismo gubernamental? No creo. Es evidente que existen muchas otras razones no aparentes para esta acción que el gobernador, sus asesores o los legisladores de mayoría no van a expresar abiertamente.

Como dije, el gobernador y sus asesores han despedido utilizando como único criterio el tiempo de antigüedad en el empleo sin consideraciones de necesidad del servicio y de la competencia de los empleados. Esto es totalmente irracional. El proceso de despidos por economías en una empresa privada está regido por la Ley 80 sobre despido injustificado. Bajo la Ley 80 se puede tomar en cuenta el criterio de la necesidad de las funciones que se requieren en la empresa y la competencia, conocimiento y destrezas de los empleados. Esto permite que el proceso de reducción de personal por razones de economías sea racional y permita mantener las operaciones de la empresa. Es evidente entonces que el gobernador y sus asesores podían hacer un análisis similar para no afectar las operaciones y retener a las personas más expertas o valiosas para las operaciones o los servicios indispensables. Es claro que no les importó el servicio público ni la competencia de los empleados y tenían otras cosas en mente al ejecutar los despidos.

La primera razón que salta la vista con fundamento oculto para los despidos es eliminar los empleados con no coincidan con la visión política del gobernador Fortuño. Esta visión tiene dos dimensiones. La primera es pertenecer al PNP. La segunda es que no apoyen al presidente del Senado Rivera Schatz. Los primeros cómputos de antigüedad de los despedidos se referían a 8 años, lo que confirmaba que deseaban despedir a todas las personas sin distinción racional alguna que hubieran sido contratados por las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, mientras se fue recrudeciendo la lucha intrapartido entre la Fortaleza y el Senado, se extendió la línea de despido hasta 13.5 años, lo que implicó el despido de todas las personas que comenzaron a trabajar desde el comienzo del segundo cuatrienio del gobernador Pedro Rosselló.

No cabe duda de que la lucha rosellista y fortuñista persiste bajo el liderazgo del Presidente del Senado Rivera Schatz. Los últimos acontecimientos demuestran que en esta lucha resalta prominentemente el Alcalde de Yauco Abel Nazario Quiñones como vanguardia de Fortuño en la defensa de los despidos. En mi plano personal considero esto lamentable ya que está manchando ante su Pueblo la reputación que el alcalde Nazario Quiñones ha forjado como líder vertical, imparcial y comprometido con las causas justas de los pobres, particularmente los de la Región Sur. Lo invitamos sinceramente a reconsiderar su postura y a no defender lo indefendible.

Con los despidos de la semana antepasada, Fortuño y sus asesores eliminaron toda la plantilla de empleados contratados desde Rosselló hasta Acevedo Vilá. Estas personas despedidas estarán en un registro de elegibles por un año. Es decir, si la plaza se vuelve a abrir, se debe contratar a la persona que fue despedida. Esto no va a ocurrir, por razones político partidistas. Fortuño no va a contratar a nadie en el gobierno de quién no esté seguro que sea un incondicional.

La apuesta de Fortuño es que con las transferencias de dinero de Obama y su estímulo criollo se pueda reactivar la economía para el año 2011. Por ende, entiende que –aunque sea por poco tiempo- se pueda balancear el presupuesto a niveles similares del presente. Con esta estrategia y despidos el gobernador ha dejado abierto el camino para la contratación de sus seguidores a partir del año 2011, para formar entonces su ejercito de incondicionales para prepararse para la batalla política con Rivera Schatz por la candidatura a la gobernación.

Esta estrategia crea una plantilla de incondicionales que llevarán poco tiempo en el empleo y durante el periodo de 2011 al 2012 estarán en periodo probatorio de un año. Es decir, que pueden ser despedidos en cualquier momento antes de las elecciones. Esto crea empleo precario porque no existe seguridad y la única manera de mantener el puesto es actuando y destacándose en actividades políticas del gobernador.

Pero la lucha intrapartido no es la única razón encubierta para los despidos. Fortuño es republicano y entiende que el gobierno debe ser desmantelado para darle paso a la privatización de servicios esenciales como la limpieza y mantenimiento de las escuelas, la energía, la educación pública, la salud y a otros proyectos públicos estratégicos mediante las alianzas público-privadas. Por ende, el desmantelamiento de los servicios con los despidos sólo a base de antigüedad, no sólo permitirá la creación de empleo precario de incondicionales, sino también permitirá la oportunidad de que los miembros del partido se organicen en corporaciones para dar los servicios esenciales desmantelados, y por la naturaleza del sistema capitalista, tendrán un mayor costo para los contribuyentes, porque no sólo hay que pagar el servicio, sino que hay que dejar margen para costos administrativos y ganancias.

La crisis económica global ha forzado un nuevo estudio de las doctrinas de John Maynard Keynes quién con su filosofía y estudios a partir de la Gran Depresión en Estados Unidos de los años 30 fundó la base teórica de un estado capitalista fuerte que interviene agresivamente en la economía para balancear las fuerzas de la oferta y la demanda.  No cabe duda de que el modelo Neoliberal contrario a Keynes, que impuso el Presidente Reagan en los años ochenta, ha fracasado estrepitosamente en Estados Unidos y en el resto del globo. Las políticas de Fortuño son una representación pedestre de estas políticas porque Puerto Rico no tiene poderes políticos para implantarla con alguna probabilidad de éxito. Por tanto, lamentablemente las consecuencias sociales de pobreza extrema, caos, violencia y desasosiego se observan en el horizonte cercano.

Los despidos entran en vigor el 6 de noviembre. No queda otra alternativa de que el pueblo sensible y víctima de esas políticas se una de manera masiva y totalmente pacífica. Parafraseo a la Dra. Carmen Inés Rivera Lugo cuando dijo recientemente que la indignación, las acciones concertadas y la desobediencia civil colectivas, son reflejos claros de una salud mental robusta. Debemos evitar en lo que queda de mes el que se materialice esta debacle, lograr que se transformen las políticas económicas para acoger las propuestas válidas y que protegen al Pueblo, y que ocurra un encuentro cumbre que permita un pacto social nuevo con un viraje hacia la solidaridad, la racionalidad, la prudencia, respeto a la diversidad y los derechos del humanos, para poder salvar a nuestra Nación.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Celebración del Primer Foro Público en Ponce para escuchar a los empleados despedidos de Puerto Rico

COMUNICADO DE PRENSA

Contacto:  Sandra Caro – Sandra Caro Public Relations, PSC

Correo electrónico: sandra@sandracaropr.com

Tel. (787) 479-1062

Celebran Primer Foro Público para escuchar a

empleados despedidos del Gobierno

Ponce – Mañana martes 6 de octubre a las 7:00 de la noche se celebrará el Primer Foro Público que tiene como objetivo escuchar los testimonios de los empleados despedidos del gobierno de Puerto Rico.  El evento se llevará  a cabo en el Club de Leones del barrio Cerrillos localizado en la Carretera 14 en Ponce.

La actividad constituye una iniciativa de un comité de ponceños compuesto por José Elías Torres, Elia Vega, Rolando Emmanuelli Jiménez, Tamara Yantín, Junior Lugo y Rafael Emmanuelli Jiménez  en un  esfuerzo conjunto  con WPAB Radio y el Club de Leones de Ponce.

“El despido es un daño físico y emocional a la salud.  Peor aún, el despido es una afrenta contra la dignidad y la estabilidad económica de las familias.  Por esa razón recogeremos esos testimonios considerando que estos despidos tienen enormes visos de ilegalidad”,  denunció el Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez presidente  de Alianza ProSur.

Los FOROS PÚBLICOS PARA LOS/LAS DESPEDIDAS permitirá a los empleados desplazados del Gobierno  presentar sus  testimonios.  Los foros se organizarán en un ambiente sobrio, de respeto y  solidaridad.  Los testimonios se difundirán por los medios noticiosos.

Un panel diverso representativo de la región ponceña se ha organizado para escuchar los testimonios.  A éstos se les unirá otro grupo de distintas partes de Puerto Rico entre estos, el cantante Danny Rivera (Cayey), el Dr. José Che Paralitici (San Juan), el profesor Carlos Alá Santiago Rivera (Guayama-Luquillo), entre otros.  Participarán miembros de la prensa, escritores, músicos,  trabajadores de la cultura, líderes obreros, profesionales y trabajadores.

Se invita cordialmente a todos los servidores y servidoras públicas afectadas para que participen y aporten a la divulgación de los efectos de despidos.

Para información puede escribir a wpabradio@gmail.com; tamarayantin@gmail.com, rolando@bufete-emmanuelli.com; evega@ponce.inter.edu

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(Ruta a seguir  para llegar al Club de Leones de Cerrillos en la Carretera 14 en Ponce.  Salida 98 B de la Autopista.  Viniendo de San Juan a Ponce es la salida antes de las letras de Ponce. Viniendo de Mayagüez, es  la salida después de las letras de Ponce que se ven desde la autopista.  En la carretera 14 doble a la derecha, continúe por 3 minutos, va a pasar una luz y el Club le quedará  a su mano derecha y frente a la Urbanización Valle Alto). 


El editor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.