Por Rolando Emmanuelli Jiménez
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El país ha sido sacudido por el despido de casi 17,000 servidoras y servidores públicos. La única razón articulada como criterio para decidir a quién se despedía fue la antigüedad en el empleo. No se tomó ninguna acción afirmativa de protección a casos especiales o meritorios. No importó si se despidió un matrimonio, una mujer embarazada, una madre soltera o una persona con impedimento. Estos despidos, sumados a los realizados en los pasados 8 meses, resultan en alrededor de 20,000 personas despedidas, que por la composición familiar promedio, implican una pérdida económica dramática para por lo menos 60,000 personas. Estas personas no van a poder pagar sus obligaciones ni sostenerse a los niveles acostumbrados y necesarios para mantener una persona, economía y sociedad saludables.
El poder ejecutivo y el legislativo intentan justificar esta demoledora acción con el déficit gubernamental que se fue montando sin control desde el año 1993 y con un supuesto gigantismo gubernamental. Prácticamente todos los sectores importantes de nuestra sociedad propusieron alternativas coherentes y válidas para evitar tener que recurrir a los despidos. Estas propuestas fueron rechazadas por el gobernador y sus asesores sin explicaciones. Recientemente se publicó un estudio científico de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR que comparó nuestro gobierno con los de los 50 estado de Estados Unidos y se destruyó el mito de nuestro gigantismo gubernamental.
A pesar de estas propuestas y evidencias contundentes, se le impuso tributos irrazonables a la clase media y no se tocó la fuente de tributos más importante disponible en el país que son las ganancias de las corporaciones foráneas que ascienden a alrededor de $30,000 millones de dólares al año. Con un mero impuesto temporero de 5% a estas ganancias se obtendrían $1,500 millones al año que junto a otras medidas que no implican despidos paliarían la totalidad del déficit. Estas empresas no se van a ir del país por ese impuesto, pues en otros países competitivos cumplen con impuestos similares. Fortuño no acoge esta solución evidente, porque es contraria a su filosofía republicana de privilegiar y proteger el poder del capital, aún a costa de los derechos del Pueblo.
Para colmo, hay que señalar que el proceso de despido fue totalmente arbitrario e irracional. La única razón articulada como criterio para decidir a quién se despedía fue la supuesta antigüedad en el empleo. El despido masivo estuvo plagado de errores en el cómputo de antigüedad de los empleados; se despidió a personas cuya fuente de los fondos para los salarios proviene de fondos federales; se echó a personas que tienen mayor preparación, experiencia y competencia que otras no destituídas y que se quedarán haciendo las mismas funciones. Además, toda esta irracionalidad condujo a la destrucción de servicios esenciales a la ciudadanía como los de salud, educación y procuradurías de personas con limitaciones o con desventajas personales o sociales. Tomará muchos años y esfuerzos concertados para que se puedan restablecer los servicios demolidos con estos despidos.
La determinación de despedir a miles de personas se ha tomado sin considerar el enorme costo personal, social y económico señalado por los expertos. El gobernador y sus asesores ni siquiera tuvieron el más mínimo olfato político para calcular el costo político de despedir alrededor de 20,000 personas.
¿Son tan torpes los líderes del poder ejecutivo y legislativo para crear este caos social y económico, sin implantar alternativas válidas y menos onerosas, por el mero hecho del déficit y gigantismo gubernamental? No creo. Es evidente que existen muchas otras razones no aparentes para esta acción que el gobernador, sus asesores o los legisladores de mayoría no van a expresar abiertamente.
Como dije, el gobernador y sus asesores han despedido utilizando como único criterio el tiempo de antigüedad en el empleo sin consideraciones de necesidad del servicio y de la competencia de los empleados. Esto es totalmente irracional. El proceso de despidos por economías en una empresa privada está regido por la Ley 80 sobre despido injustificado. Bajo la Ley 80 se puede tomar en cuenta el criterio de la necesidad de las funciones que se requieren en la empresa y la competencia, conocimiento y destrezas de los empleados. Esto permite que el proceso de reducción de personal por razones de economías sea racional y permita mantener las operaciones de la empresa. Es evidente entonces que el gobernador y sus asesores podían hacer un análisis similar para no afectar las operaciones y retener a las personas más expertas o valiosas para las operaciones o los servicios indispensables. Es claro que no les importó el servicio público ni la competencia de los empleados y tenían otras cosas en mente al ejecutar los despidos.
La primera razón que salta la vista con fundamento oculto para los despidos es eliminar los empleados con no coincidan con la visión política del gobernador Fortuño. Esta visión tiene dos dimensiones. La primera es pertenecer al PNP. La segunda es que no apoyen al presidente del Senado Rivera Schatz. Los primeros cómputos de antigüedad de los despedidos se referían a 8 años, lo que confirmaba que deseaban despedir a todas las personas sin distinción racional alguna que hubieran sido contratados por las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, mientras se fue recrudeciendo la lucha intrapartido entre la Fortaleza y el Senado, se extendió la línea de despido hasta 13.5 años, lo que implicó el despido de todas las personas que comenzaron a trabajar desde el comienzo del segundo cuatrienio del gobernador Pedro Rosselló.
No cabe duda de que la lucha rosellista y fortuñista persiste bajo el liderazgo del Presidente del Senado Rivera Schatz. Los últimos acontecimientos demuestran que en esta lucha resalta prominentemente el Alcalde de Yauco Abel Nazario Quiñones como vanguardia de Fortuño en la defensa de los despidos. En mi plano personal considero esto lamentable ya que está manchando ante su Pueblo la reputación que el alcalde Nazario Quiñones ha forjado como líder vertical, imparcial y comprometido con las causas justas de los pobres, particularmente los de la Región Sur. Lo invitamos sinceramente a reconsiderar su postura y a no defender lo indefendible.
Con los despidos de la semana antepasada, Fortuño y sus asesores eliminaron toda la plantilla de empleados contratados desde Rosselló hasta Acevedo Vilá. Estas personas despedidas estarán en un registro de elegibles por un año. Es decir, si la plaza se vuelve a abrir, se debe contratar a la persona que fue despedida. Esto no va a ocurrir, por razones político partidistas. Fortuño no va a contratar a nadie en el gobierno de quién no esté seguro que sea un incondicional.
La apuesta de Fortuño es que con las transferencias de dinero de Obama y su estímulo criollo se pueda reactivar la economía para el año 2011. Por ende, entiende que –aunque sea por poco tiempo- se pueda balancear el presupuesto a niveles similares del presente. Con esta estrategia y despidos el gobernador ha dejado abierto el camino para la contratación de sus seguidores a partir del año 2011, para formar entonces su ejercito de incondicionales para prepararse para la batalla política con Rivera Schatz por la candidatura a la gobernación.
Esta estrategia crea una plantilla de incondicionales que llevarán poco tiempo en el empleo y durante el periodo de 2011 al 2012 estarán en periodo probatorio de un año. Es decir, que pueden ser despedidos en cualquier momento antes de las elecciones. Esto crea empleo precario porque no existe seguridad y la única manera de mantener el puesto es actuando y destacándose en actividades políticas del gobernador.
Pero la lucha intrapartido no es la única razón encubierta para los despidos. Fortuño es republicano y entiende que el gobierno debe ser desmantelado para darle paso a la privatización de servicios esenciales como la limpieza y mantenimiento de las escuelas, la energía, la educación pública, la salud y a otros proyectos públicos estratégicos mediante las alianzas público-privadas. Por ende, el desmantelamiento de los servicios con los despidos sólo a base de antigüedad, no sólo permitirá la creación de empleo precario de incondicionales, sino también permitirá la oportunidad de que los miembros del partido se organicen en corporaciones para dar los servicios esenciales desmantelados, y por la naturaleza del sistema capitalista, tendrán un mayor costo para los contribuyentes, porque no sólo hay que pagar el servicio, sino que hay que dejar margen para costos administrativos y ganancias.
La crisis económica global ha forzado un nuevo estudio de las doctrinas de John Maynard Keynes quién con su filosofía y estudios a partir de la Gran Depresión en Estados Unidos de los años 30 fundó la base teórica de un estado capitalista fuerte que interviene agresivamente en la economía para balancear las fuerzas de la oferta y la demanda. No cabe duda de que el modelo Neoliberal contrario a Keynes, que impuso el Presidente Reagan en los años ochenta, ha fracasado estrepitosamente en Estados Unidos y en el resto del globo. Las políticas de Fortuño son una representación pedestre de estas políticas porque Puerto Rico no tiene poderes políticos para implantarla con alguna probabilidad de éxito. Por tanto, lamentablemente las consecuencias sociales de pobreza extrema, caos, violencia y desasosiego se observan en el horizonte cercano.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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