Recientemente discutimos la ausencia de liderazgo e ideas en el gobierno central para sacarnos de la crisis económica. Lamentablemente, este problema también asola al Gobierno Municipal Autónomo de Ponce, pues no ha ocurrido nada nuevo que cambie este panorama, aunque todavía existen alternativas que propongo deben explorarse.
En primer término, el Plan de Ordenación Territorial aprobado en el 2004 y que cuenta con cientos de millones de dólares en compromisos del gobierno para Ponce ha sido abandonado.
Ese fue el principal logro de Churumba antes de su muerte.
En este plan está acordada la inversión para terminar todas las fases del Puerto de Las Américas (PLA), las zonas de valor añadido y muchas obras de infraestructura indispensables para lanzar nuestra economía a niveles de crecimiento.
Esos compromisos son ley, como lo es el Plan Ponce en Marcha.
Decir que el Plan de Ordenación Territorial es ley significa que la planificación e inversión acordada por el Gobierno Central puede ponerse en vigor por los tribunales.
El pasado alcalde Francisco Zayas Seijo no lo puso en vigor porque no tenía la voluntad, ni el valor de litigar en defensa de los derechos de Ponce ante su propio partido político. Siempre he dicho que el líder que necesita Ponce es el que tenga el compromiso y la voluntad de luchar frente al Gobierno Central por las prerrogativas y autonomía de Ponce, aún cuando esté controlado por su partido, como lo hizo Rafael Cordero Santiago en su último cuatrienio.
Cualquier candidato o candidata a la Alcaldía de Ponce debe hacer el compromiso solemne de que no escatimará en sus esfuerzos, seriedad y militancia a la hora de reclamar al Gobierno Central y sus agencias los derechos y prerrogativas de nuestra Ciudad y de la región Sur.
Quien no esté a la altura de ese compromiso, no debe favorecerse en las elecciones o debe renunciar.
La administración actual del Municipio de Ponce tampoco habla del Plan de Ordenación o lo impulsa como política pública para lograr inversiones millonarias que permitan poner en vigor la planificación del desarrollo de nuestra Ciudad.
Ignorar este Plan es un error extraordinario que ya estamos pagando y pagarán las próximas generaciones ponceñas.
Empezando el cuatrienio, la infame Ley 7 de 2009 paralizó el incentivo de la Ley 212 y, a pesar de las enmiendas realizadas posteriormente, los bancos se retiraron del negocio ante la inestabilidad creada por el gobierno.
Así se perdieron más de $200 millones de inversión privada en 197 proyectos en el casco histórico de Ponce.
Estos proyectos de construcción iban a crear más de tres mil empleos. Nada se ha hecho para restablecer la confianza de los bancos o crear las avenidas para que se puedan materializar los proyectos pendientes.
Por otro lado, la tragicomedia de la lucha de la alcaldesa María Meléndez Altieri para que se nombrara una Directora Ejecutiva del PLA sin conocimiento en la materia -pero que fuera PNP- en sustitución de la persona que conocía la materia y que había tenido importantes logros en el desarrollo del proyecto -pero que no era PNP- afectó irremediablemente el proyecto.
Se atrasó hasta agosto de 2009 el comienzo de las actividades administrativas de la Autoridad del Puerto y se permitió que Luis Fortuño Burset nombrara a la Junta de Directores a personas que no tienen relación o pertinencia con Ponce y la Región Sur, con el objetivo concreto de secuestrar el Puerto.
Esta ópera bufa tuvo su apoteosis el pasado 23 de mayo con la elección del ingeniero Ramón Torres Morales como presidente del Comité Municipal del PPD.
La determinación de la Alcaldesa de impulsar la sustitución de Torres Morales como Director Ejecutivo del PLA es un fantasma que la va a perseguir durante todo el cuatrienio.
Torres Morales es ahora el presidente del comité municipal y virtual candidato a la alcaldía de Ponce. Si lo hubieran dejado en donde estaba a gusto trabajando por el desarrollo del Puerto y negociando con el operador, ya el Puerto estaría operando para el crédito de la Alcaldesa, y no tendría la amenaza real y contundente de enfrentar a Torres Morales en las elecciones del 2012.
Esta situación se le anticipó en muchas ocasiones -pública y privadamente- a los líderes del PNP que querían sustituir a Torres Morales, pero no hicieron caso. La suerte ya está echada en ese asunto.
Para lidiar con la mala impresión sobre el manejo del Puerto, la Alcaldesa anunció un “caucus” del Puerto en el antiguo Casino de Ponce, el jueves 5 de noviembre de 2009, para informar a todas las personas que tenían interés en el proyecto.
La Alcaldesa llegó a anunciar que para el inicio del año 2010, ya iban a empezar a llegar los buques Post Panamax. La actividad no se materializó. Tampoco tuvimos un operador y no se ha visto ningún Post Panamax por el horizonte.
El resultado catastrófico de este ‘dramma giocoso’ es que luego de 18 meses desde que se seleccionó al candidato a operador, naufragaron las negociaciones para contratar el operador del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
Con esto se golpea rudamente las aspiraciones de la Región Sur de emprender un desarrollo socioeconómico sostenido y sustentable.
Esto atrasará las gestiones de operación del Puerto por lo menos dos años más. La Autoridad del Puerto de las Américas ha fracasado en sus objetivos de ley, por eso debe dejar de existir para que los ponceños y la Región Sur tomen control del Puerto -a través de DISUR- y lo puedan encaminar hacia su pleno desarrollo.
La Alcaldesa anunció en enero la “Guancha Adventure Park” y el Sistema Integrado de Transportación. El proyecto de transportación tiene un costo estimado de $287 millones y tomará 72 meses de desarrollo, contará con un tren liviano que incluirá una nueva red de Autobuses Ecológicos y Sistemas Inteligentes de Rotulación.
Independientemente de las buenas intenciones y aspiraciones, queda por explicar cómo estos proyectos pueden ser viables si no existe una economía robusta que los sostenga y les de razón de ser.
La Alcaldesa pretendió mudar oficinas municipales a un proyecto en Vallas Torres que sólo iba a beneficiar a los inversionistas proponentes de San Juan y que arremetía contra la política pública de revitalización del casco histórico, en evidente detrimento de la viabilidad económica de los comerciantes del centro de Ponce.
La Alcaldesa ha dicho que desistió de la mudanza. Sin embargo, se niega a derogar la ordenanza municipal que le autoriza a firmar el contrato para el traslado. Hasta que no se derogue esta ordenanza la amenaza de mudanza continúa, por lo que hay que seguir vigilantes.
Ya la Alcaldesa tiene que darse cuenta de que no es suficiente con que su Gobierno Central le de la palabra de que va a cumplir con los proyectos.
Ante esta situación es indispensable recurrir por última vez al llamado de la unión multisectorial para salvar a Ponce del marasmo socioeconómico en que se encuentra.
Esta unión traerá ideas nuevas y viables, y fuerza para realizar con valentía los reclamos de los derechos de Ponce y la Región Sur.
La experiencia ha sido que por la ausencia de esta unión es que el Gobierno Central secuestró el PLA, que el aeropuerto Mercedita no se ha transferido al Gobierno Municipal, que el Gobierno Central ha decidido no invertir un centavo más en el Puerto, que todavía se sigue luchando con el Plan Ponce en Marcha -y este año las agencias tampoco presupuestaron los dineros necesarios- y que no hay dinero para invertir en las zonas de valor añadido.
El Gobierno Central no va hacer caso a los reclamos de Ponce mientras no exista una unión fuerte entre todos los sectores aglutinados alrededor de la figura de la Alcaldesa, que tengan objetivos y planes de trabajo concretos y consensuados.
Si esto no se empieza ahora, tendremos que echar a pérdidas este cuatrienio.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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