Una Nueva Oportunidad para Derogar la Ley de Cabotaje

Por Rolando Emmanuelli Jiménez

rolando@bufete-emmanuelli.com

La Ley de Cabotaje establece que para que se pueda transportar una mercadería en un buque entre dos puertos norteamericanos, digamos entre San Juan y Nueva York, es indispensable utilizar barcos fabricados en los Estados Unidos, de matrícula norteamericana, cuyos dueños sean norteamericanos y que los marinos también sean norteamericanos.  Esta es una ley monopolística, ya que no permite la libre competencia de barcos con bandera extranjera que generalmente ofrecen tarifas más económicas.

El Senador federal republicano John Machain sometió un proyecto de ley para derogar la Ley de Cabotaje. El Senador denuncia el enorme costo de mantener esta ley. La coyuntura histórica actual es especial por el derrame de petróleo del Golfo de México. En esa emergencia tan grave los buques de países extranjeros que tienen el equipo necesario para ayudar a paliar el daño, no pueden intervenir, porque muchas de sus actividades de ayuda violan la Ley de Cabotaje.

Esto presenta una nueva oportunidad para luchar por el desarrollo de nuestra economía y particularmente, fomentar el desarrollo pleno del Puerto de las Américas.

El Senador expresó de manera contundente el impacto económico de la Ley al decir que conforme a varios estudios de la Comisión Americana de Comercio Internacional, eliminar la ley rebajará los costo de transportación en un 22%, por lo que ocurrirá un ahorro de $656 millones de dólares. Esto representa un ahorro entre los $3,000 y $4,000 en los bienes de consumo que compran los ciudadanos de Alaska y Hawaii.

Es una regla básica de economía que si una empresa no tiene competencia, controla fácilmente el precio de sus productos en el mercado y si se trata de un producto esencial o de primera necesidad, los consumidores estamos obligados a adquirirlo al precio fijado. El sistema capitalista se basa en la premisa teórica de que la libre competencia permite innovación, agresividad empresarial, control de costos y motivación para penetrar nuevos mercados de consumidores mediante precios más bajos. El mercado ideal, que evidentemente no existe, es uno en que comerciantes compiten de igual a igual y están todo el tiempo buscando maneras de presentar su producto de la manera más barata al mercado, para que sea más atractivo al consumidor. Sin embargo, esa no es la realidad, porque en el mundo capitalista no todas las empresas tienen el mismo poderío e influencia. Además, existe legislación que protege monopolios o carteles empresariales que dominan el mercado, y por ende, establecen un precio que generalmente es mucho más alto para el consumidor.  Ese es el caso de la Ley de Cabotaje.

Las leyes de cabotaje protegen el dominio de la marina mercante norteamericana y el sistema empresarial que le apoya, y por ende, les confiere el poder de controlar el precio de la trasportación de los producto y mercaderías.  Los estudios comisionados en cuanto al costo para Puerto Rico de la Ley de Cabotaje concluyen, que dado el costo de la transportación marítima, cada producto que se importa a Puerto Rico desde Estados Unidos es de 25 a 30 por ciento más caro.  Como el 80% de los productos que recibimos del exterior provienen de Estados Unidos, el impacto inflacionario es devastador.

La Ley de Cabotaje tiene como fundamento histórico la protección de la marina mercante norteamericana para tenerla disponible en caso de un conflicto bélico. La teoría es que teniendo una marina mercante saludable económicamente, en caso de una conflagración, se pueden utilizar los barcos para dar apoyo a la marina de guerra mediante el transporte de suministros, combustible y tropas. Durante la segunda guerra mundial se utilizaron cientos de buques civiles para abastecer los esfuerzos de guerra en Europa y el Pacífico. Sin embargo, en la guerra del Golfo de 1991, la participación de la marina mercante norteamericana fue mínima. Lo mismo ha ocurrido con la guerra de Irak. El poderío que ha desarrollado la marina de guerra hace innecesario la utilización de barcos civiles, por tanto esa justificación no tiene validez en el mundo contemporáneo.

Sin embargo, cerca de cien años de cabotaje han creado una madeja de intereses navieros, portuarios, laborales y políticos que luchan muy bien organizados por el sostenimiento de estas leyes, porque protegen sus negocios, empleos y poder político. Esto hace que la derogación o modificación requiera esfuerzos extraordinarios con una estrategia de envergadura nacional, agresiva y bien pensada.

La Ley de Cabotaje no es un asunto político partidista.  Es un asunto de suma urgencia para nuestra economía y sociedad que ha levantado voces tan diversas como la Cámara de Comercio del Sur, la Alianza ProSur, el Hon. Salvador Casellas, juez de la Corte de Distrito Federal, el senador Pedro Roselló Gonzȧlez, el Gobernador Acevedo Vilá, el Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce y otros funcionarios importantes del gobierno.  Sin embargo, es poco lo que ha hecho en esa dirección. Es indispensable que la teoría se manifieste en acción concreta.  La eliminación de las leyes de cabotaje debe estar entre las prioridades de la agenda.

La lucha contra la Ley de Cabotaje exige unidad de todos los sectores.  Esta es una de las cadenas más duras de control económico y su eliminación es una de las maneras más efectivas de combatir la grave crisis económica que sufre Puerto Rico, ya que de abrirse los mercados a los barcos extranjeros, debe comenzar una disminución de los precios de la transportación marítima, y por tanto, de los productos que provienen de los Estados Unidos. 

Por otro lado, y de gran importancia para Ponce y el Sur de Puerto Rico, la derogación de esta nefasta ley permitirá que el Puerto de las Américas pueda desarrollar rutas comerciales desde Asia y Europa usando barcos de bandera extranjera que transborden en Ponce y partan hacia Estados Unidos, para duplicar así la rentabilidad del Puerto. Esto es lo que hemos llamado, el desarrollo pleno del Puerto.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la  Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550.  Para mayor información vea: www.debidoproceso.com